Gobierno invita a sectores minoritarios de la justicia a normalizar actividades. Fiscalía iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y abuso de autoridad.

“La constitución protege la protesta social. El talante de la justicia, de todas las altas cortes y de la Fiscalía General de la Nación es el respeto absoluto a los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos al derecho a la huelga; sin embargo,  las afectaciones graves por el derecho al acceso a la justicia y el derecho que tienen todos los funcionarios públicos y servidores judiciales de retornar a sus cargos y ejercer plenamente sus funciones, pueden constituirse en un delito”.

De este modo, Montealegre Lynnet insistió que si se persiste en un cierre ilimitado e indefinido de las sedes de los despachos judiciales en el país, en contra de la voluntad de muchos funcionarios que quieren prestar el servicio, la Fiscalía iniciará procesos penales por constreñimiento indebido y abuso de autoridad, que consiste en impedir el acceso de la ciudadanía a los despachos públicos y evitar que los servidores públicos de la rama judicial puedan retornar plenamente a sus labores.

El Fiscal indicó que cerca del 99 por ciento de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación cerraron el año 2014 en pleno ejercicio de sus funciones, lo que significa que solamente un 1 por ciento mantiene el cese de actividades, que hoy completa los 71 días. “En casi todas las dependencias de la Fiscalía se ha permitido el acceso al público. El llamado a los funcionarios de la Fiscalía para que se reintegraran a sus funciones al cierre del 2014 se cumplió plenamente”.

Finalmente dijo que la Fuerza Pública, desde el punto de vista constitucional, tiene todas las atribuciones para tomar las medidas necesarias que permitan garantizar a los ciudadanos el acceso a los juzgados a partir del próximo martes, día en que termina la vacancia judicial.