Gobierno frena ofensiva contra disidencias de «Calarcá»
Gobierno frena ofensiva contra disidencias de «Calarcá»
Mediante el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, el Gobierno nacional ordenó la suspensión temporal de acciones de las operaciones militares ofensivas y las especiales de la Policía Nacional contra los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los Bloques FARC (EMBF) al mando de alias “Calarcá”. La medida se extiende hasta el próximo 18 de mayo.
La suspensión de operaciones abarca regiones como Catatumbo, el Sur de Bolívar, Antioquia, el Meta, el Caquetá y el Guaviare, con un objetivo declarado: facilitar el avance en mesas de diálogo y la transición de los integrantes del EMBF hacia zonas de ubicación predefinidas, un paso crucial para una fase avanzada del proceso de paz.
El documento oficial menciona que también se busca contribuir al desarrollo de procesos territoriales, como la producción agroalimentaria en el Caquetá, la revitalización de la Amazonía y la transición hacia economías lícitas, iniciativas que involucrarían directamente a los combatientes en tránsito a la vida civil.
Aclara, sin embargo, que esta medida no implica la inacción de la Fuerza Pública, que mantiene su deber constitucional de garantizar el orden, la soberanía y los derechos civiles.
Sin embargo, el anuncio llega en medio de un panorama contradictorio. Horas antes, la Presidencia había descartado ampliar el cese al fuego bilateral, y en paralelo, ataques atribuidos a estas estructuras dejaron víctimas en Cauca y Huila.
El presidente Petro, al responder a las críticas, ha delineado una distinción entre los frentes de las disidencias que muestran voluntad de diálogo y aquellos que, en su opinión, sabotean la paz.
Contra estos últimos, asegura, la ofensiva militar continuará, citando incluso el desmantelamiento de frentes en la Amazonía y el repliegue de alias “Iván Mordisco”.
El telón de fondo de esta decisión gubernamental también incluye la reciente baja de Jhon Medina, alias «Tornillo», jefe de finanzas de la disidencia EMBF en el Huila, durante un combate. Este hecho subraya la complejidad y la fragmentación del panorama de los grupos armados ilegales en el país.
La suspensión de las operaciones, si bien busca allanar el camino para la negociación, no está exenta de riesgos. La línea entre facilitar el diálogo y otorgar un respiro estratégico a grupos señalados por actos de violencia contra la población civil es sumamente tenue.
La evaluación política que realizará el equipo designado el 17 de mayo será crucial para determinar si los objetivos trazados se están cumpliendo y para definir la continuidad de este proceso.
En última instancia, la efectividad de esta medida dependerá de la genuina voluntad de diálogo de las disidencias y de la capacidad del gobierno para mantener la presión sobre aquellos que persisten en la violencia.
La esperanza de alcanzar una paz duradera exige un equilibrio delicado entre la apertura a la negociación y la firmeza en la protección de la ciudadanía, una tarea nada sencilla en el intrincado laberinto del conflicto colombiano.
