Un comunicado dirigido al presidente Juan Manuel Santos Calderón expidió hoy el consejo extraordinario de gobierno realizado en la Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, en el cual se tomaron decisiones con respecto a la tragedia acaecida el pasado miércoles 30 de abril en el Consejo Comunitario Aires de Garrapatero, vereda San Antonio, jurisdicción de este municipio nortecaucano, lugar donde se produjo un alud de tierra que ha ocasionado hasta el momento la muerte de tres personas, dos mutilados y aproximadamente trece desaparecidos.
En dicho documento, que lleva la firma de los representantes legales de la Gobernación del departamento, alcaldías del norte del Cauca representadas en la Asociación de Municipios del Norte del Cauca, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Provincial, Personería de Santander de Quilichao y Buenos Aires, Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte ACIN, UAFROC y las Organizaciones de Base, se le recuerda al presidente de la república que esta misma situación ya se ha dado en otras ocasiones no solo en dicha localidad, sino también en otras partes de la región donde se desarrolla minería ilegal y por tanto, se exige la presencia efectiva de las instituciones del Estado, en coordinación con las autoridades departamentales, municipales, y autoridades ancestrales de las comunidades (consejos comunitarios y resguardos indígenas), en los territorios de donde se están haciendo las explotaciones mineras de forma ilegal, con el fin de evitar futuras tragedias como la que hoy se está lamentando.
Igualmente, el citado en la citada minuta se reclama la instalación inmediata de una mesa permanente que discuta y re-direccione la política minero-energética en el departamento del Cauca, la cual deberá estar conformada por representantes del Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional, ANLA, Servicio Geológico Colombiano, Agencia Nacional de Minería, UNP – Unidad Nacional de Protección, alcaldías municipales, Gobernación del Cauca, consejos comunitarios, resguardos indígenas y organizaciones de base, con el acompañamiento del Ministerio Público, que reglamentará el otorgamiento de licencias y permisos de exploración y explotación minera, la consulta previa y los mecanismos y responsabilidades de control de las actividades mineras en la región.
