Por Alfonso José Luna Geller
Los «estudiantes fantasmas» hacen referencia a un entramado de corrupción que inició en 2011 y que involucró la creación ficticia de estudiantes en las instituciones educativas del municipio de Buenaventura, con el objetivo de desviar fondos públicos destinados a la educación. La inscripción en el sistema educativo fue alterada con estudiantes que no existían realmente o que no asistían a clases, lo que permitió a los implicados en el montaje desviar los recursos destinados a su educación para fines personales o políticos.
Dentro de este caso se dio a conocer el «grupo de los 100», que hace referencia a las personas presuntamente involucradas en esta red de corrupción. Este grupo habría sido responsable de orquestar y operar la trama de «estudiantes fantasmas» y de desviar recursos significativos de los programas de educación, con graves consecuencias para el sistema educativo y la comunidad.
Estas y otras formas de corrupción se han sofisticado e intrincado de manera desconcertante en el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. La corrupción ha terminado convertida en un fenómeno complejo que abarca esquemas que implican engaños y manipulación documental, principalmente con los recursos destinados a la educación.
Se ha manifestado en formas sutiles, como la captura regulatoria, según la cual los ordenadores del gasto influyen en la formulación de políticas y en la toma de decisiones gubernamentales para beneficiar a ciertos grupos o intereses privados en lugar del interés público.
Es el otorgamiento de contratos derivados de acuerdos con amigos, familiares y financiadores de campañas políticas lo que ha motivado, en muchas ocasiones, el gasto público, por encima de la selección de los más calificados contratistas que garanticen los fines del Estado.
En estas condiciones, detectar y prevenir estas formas más elaboradas de corrupción suele ser un desafío mayor debido a su naturaleza más encubierta y compleja. Además, es un reto para los organismos de control, vigilancia, investigación y justicia.
Como consecuencia, en Buenaventura es patética la afectación social que produce la corrupción sistematizada, porque va más allá de los daños directos al patrimonio público.
La corrupción institucional ha dejado graves consecuencias en la calidad de vida colectiva, impacta negativamente la inversión en infraestructuras, servicios públicos básicos y en salud, vivienda y educación, principalmente. También ha socavado la confianza de la población en las instituciones del gobierno local y en la capacidad de la administración pública para atender las necesidades colectivas.
Esto no sólo ha implicado mayor apatía cívica y desconexión entre los ciudadanos y su gobierno, sino que, tras la protesta pública y la sanción por parte de autoridades competentes, muchos sectores de la ciudad se han vuelto focos de inseguridad y violencia ejercida por jóvenes pandilleros que no encuentran opciones de supervivencia digna.
Este escenario empeora debido a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, tanto por el hecho de que los recursos públicos destinados al bienestar común son desviados hacia intereses privados, como porque la producción económica de la ciudad, como uno de los puertos más importantes de Latinoamérica, está totalmente desligada de la población mayoritaria y vulnerable, que opta por la violencia ante las desigualdades económicas y sociales, por ahora insalvables.
Como es visible en este caso, el mayor impacto se da en la educación. A pesar de los miles de millones de pesos destinados por el Gobierno central, los hechos de corrupción hacen que el ámbito educativo sea deplorable: instituciones con recursos insuficientes, maestros mal capacitados y falta de oportunidades educativas para el gran colectivo social.
LOS ESTUDIANTES FANTASMAS
El escándalo tuvo origen cuando la Administración Municipal del Distrito Especial de Buenaventura, orientada por José Félix Ocoró Minotta (alcalde 2008 – 2011), certificó al Sistema Integrado de Matrícula SIMAT del Ministerio de Educación Nacional, que tenía 111.596 niños matriculados en las diferentes instituciones educativas públicas de la ciudad.
De acuerdo con el DANE —Censo General 2005, con proyección para aquella época— la población de Buenaventura era de 362.625 habitantes. Es decir que aproximadamente el 31% de la población de Buenaventura aparecía registrada en el SIMAT, porcentaje para el cual el Ministerio giraba los recursos desde el Sistema General de Participaciones (SGP).
Varios años después, la Contraloría General de la República descubrió que el número real era de 70.998 alumnos, menos del 20% de la población total. Así, la Administración Distrital había suministrado información de matrícula sobredimensionada con alumnos a los que no se les prestó nunca servicio educativo alguno, pues se habían creado empresas educativas fachada, escuelas de garaje y alumnos clonados o inexistentes.
Esto se determinó tras cruzar la información suministrada por la Secretaría de Educación del Distrito a los registros del Sistema Integrado de Matrículas (Simat) y confrontarla con las evidencias físicas consignadas en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE): 112 instituciones educativas en 476 sedes de Buenaventura. Se encontró que al menos el 36 por ciento (40.598 estudiantes) de esos 111.596 matriculados eran inexistentes, “estudiantes fantasmas”.
Con este método se pudieron descargar los recursos económicos que se repartían entre los implicados en el entramado de corrupción, ocasionando un daño patrimonial superior a los $48 mil millones, que, indexados a abril de 2018, fecha del fallo de la Contraloría, ascendieron a más de 61 mil 137 millones de pesos.
LA RED DE CORRUPCIÓN
El entramado de corrupción comenzó en febrero del 2011, cuando el alcalde José Félix Ocoró y la secretaria de Educación municipal asignaron los millonarios recursos a los rectores de 58 colegios privados, que pese a no contar con capacidad en sus improvisados ‘colegios’ sino para 120 o 150 estudiantes, recibieron contratos para educar más de 6.000 alumnos.
Por ejemplo, a Juan Esteban Mejía Arboleda, representante legal de la Fundación Educativa Juvenil de Colombia, una organización de Antioquia que nadie en Buenaventura conocía, le adjudicaron el contrato CD-11-176 por $4.803 millones para “educar” a 6.404 alumnos. Dicha fundación no tenía sede ni mucho menos colegios. Tuvo que subcontratar casas transformadas en instituciones educativas, que, obviamente, no cumplían los requisitos mínimos de ley para impartir educación.
Cuando volvió a desaparecer la Fundación Educativa Juvenil de Colombia, quedó debiendo dinero a muchos de quienes les prestaron los servicios*.
- (* NOTA: Revisar el contrato aludido como documento anexo)
Otras fundaciones alquilaron la planta física de otros colegios para dictar clases en la tarde, la noche o los sábados. Es por eso que figuraban hasta tres colegios en la misma dirección. Eso ocurrió, por ejemplo, con el Centro de Formación Margarita Hurtado, que se hizo a un contrato de $1.200 millones para educar a 1.600 estudiantes, pero tuvo que
El rector y representante legal del Colegio Divino Niño, Luis Carlos Celorio, obtuvo un contrato por $4.050 millones para dar educación a 5.400 niños, pese a que sus instalaciones tienen capacidad para 220 estudiantes.
Otro contratista fue Luis Alberto Figueroa Carabalí, propietario del Colegio Cooperativo Perla del Pacífico, quien obtuvo un contrato por $1.650 millones para la educación de 2.200 niños.
Melba Garcés, representante legal de la I. E. Santa Rosa logró un contrato por $4.009 millones para educar a 5.346 niños. Ella también figura como titular de la Asociación de Escuelas Populares y Comunitarias, con la que logró otro contrato de $1.500 millones para educar a 2.000 niños.
Esto fue un carrusel de contratos que tuvo que ser intervenido por la Contraloría General de la República, a través de su Gerencia Departamental en el Valle del Cauca. Luego de las investigaciones correspondientes, condenó a la entonces secretaria de Educación Yolanda Amu Vente, en su calidad de funcionaria responsable del proceso de reporte y verificación de la información al Ministerio de Educación, quien terminó inhabilitada por la Procuraduría General de la Nación para ejercer función pública durante 11 años.
El alcalde José Félix Ocoró, que fue destituido e inhabilitado por 14 años[i], también había sido condenado a 18 años y seis meses de prisión por otro caso, el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de las normas establecidas al canjear un terreno que valía 3.200 millones por otro de 500 millones de pesos en detrimento del municipio[ii].
SISTEMATIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Aunque muchos pensaron, por la actuación de los organismos de control y de justicia, que el escándalo había servido para reorientar el ejercicio de la administración pública en el Distrito de Buenaventura en beneficio de las comunidades, nada bueno venía para los niños más pobres de Buenaventura; las esperanzas nuevamente fueron frustradas. El ‘trasteo virtual de estudiantes’ continuó de manera algo más sofisticada.
Las irregularidades en la Ampliación de Cobertura habrían empezado el mismo día de la posesión del siguiente alcalde, Bartolo Valencia Ramos (2012-2015). La Alcaldía presentó un estudio donde decía que aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Sistema General de Participaciones, autorizó 21.000 cupos.
Luego de que labores investigativas de la Fiscalía General de la Nación permitieran establecer irregularidades en la ejecución de seis contratos suscritos el año 2012 para cubrir la supuesta insuficiencia educativa, por disposición del Juzgado Cuarto Penal Municipal, con funciones de control de garantías, en agosto de 2015 fueron capturados el alcalde Bartolo Valencia Ramos, Yacer Valencia Saa, coordinador de Salud Ambiental; Ancízar de Jesús Yepes Idárraga, asesor jurídico de la Secretaría de Educación; Carlos Enrique Riascos, exsecretario de Educación y el contratista Pedro Marino Barahona. Les imputaron los delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
El juez determinó que los contratistas Alberto Riascos Arboleda, Rocío Valencia González, Vanessa Orozco Castillo y Diana Mayerling Riascos debían cumplir la medida de aseguramiento en el lugar de residencia.
De acuerdo con lo establecido, las irregularidades se presentaron en 97 contratos sobre educación pública, bajo la modalidad de contratación directa, por 8 meses, cuando la ley decía que debían hacerse por lo menos a diez meses, para que prestaran el servicio de educación en la ciudad, de los cuales seis fueron objeto de análisis investigativo. En ellos se determinó que fueron otorgados directamente y sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional; a su vez, los contratistas subcontrataron con instituciones educativas de las que ellos hacían parte. El valor de los contratos fue de 3.070 millones de pesos.
Según la investigación, la defraudación fue ejecutada por la Fundación Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio Cooperativo del Pacífico.
Para ejecutar el peculado, estos seis operadores crearon 33 empresas organizadas pocos días antes de la firma de los contratos para prestar este servicio educativo a 3.845 niños clonados (los mismos menores fueron hallados en varias listas y en varias instituciones educativas) y estudiantes fantasmas (menores de edad que nunca nacieron), que le costaban un millón de pesos cada uno al Municipio, pero a las que se les pagaba la mitad del precio autorizado legalmente por la supuesta prestación de los servicios educativos.
Por otra parte, el martes 16 agosto de 2022, la Procuraduría General de la Nación anunció un fallo según el cual inhabilitó por 10 años al exalcalde de Valencia Ramos.
El ente de control demostró que incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente ‘Ana Victoria’, haciéndolo elegible para contratar servicios educativos, y posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos más, a pesar de incumplir los requisitos de reconocida trayectoria, idoneidad e infraestructura.
Como un segundo cargo, la Procuraduría evidenció que, durante los años 2014 y 2015, Valencia Ramos destinó 3.492 millones de pesos del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 estudiantes, de los cuales, según la investigación de firmas auditoras contratadas por el Ministerio de Educación, 2.321 alumnos eran inexistentes, lo que generó un detrimento patrimonial por más de 2.088 millones de pesos.
LA OTRA CORRUPCIÓN
Este panorama parcial sobre casos de corrupción y de delitos cometidos por autoridades públicas y funcionarios ilustran la forma cómo la corrupción política se convierte en el vehículo para la búsqueda de posicionamiento, dinero, gabelas y bienes. La política como gestión de las necesidades y los intereses colectivos desaparece y ésta se ejerce para el beneficio individual, de grupos, de allegados y de familiares.
Hemos citado algunas decisiones judiciales y disciplinarias, pero hay otro segmento difícil de determinar y cuantificar que se queda en la impunidad. Asimismo, poco se hace en la prevención y mucho menos en la recuperación de los dineros y bienes públicos que son apropiados de forma ilegal.
En los últimos 18 años los bonaverenses han visto desfilar, uno a uno, a los alcaldes Saulo Quiñónez García (2004-2007), José Félix Ocoró (2008-2011), Bartolo Valencia (2012-2015) y Eliécer Arboleda (2016-2019) de la mano de agentes del CTI de la Fiscalía, capturados por delitos contra de la administración pública.
Quiñones fue condenado por peculado (190 contratos por valor de 11.600 millones de pesos); Ocoró, por cobertura educativa y la venta irregular de un lote; Valencia, ya citado, por otras irregularidades en la adjudicación de un contrato para la construcción de un acuaparque y Arboleda por la presunta celebración irregular de contratos en el sector de la salud por un valor cercano a los 5 mil millones de pesos.
Inclusive, Edison Bioscar Ruiz Valencia, quien ejerció como mandatario encargado en 2018, habría participado en un entramado de corrupción cuando suscribió de manera directa cuatro contratos de compraventa de varios inmuebles por 24.984 millones de pesos. La Fiscalía estableció que los predios comprados habrían sido avaluados muy por encima del costo real, lo que generó pérdidas al municipio por 12.492 millones de pesos. Estos dineros fueron pagados de más y quedaron en manos de los contratistas.
En la presente administración, el primer secretario de Educación de Vidal, Hámington Valencia, fue capturado en septiembre de 2022 en medio de una investigación por varios delitos contra la administración pública. Según el fiscal del caso, la evidencia prueba que Valencia firmó un contrato con la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (Emtel), por más de $1.300 millones, para llevar conexión de internet a través de sim cards a 88 colegios del municipio en octubre de 2020. En esa época, en medio de la pandemia de covid-19, los colegios estaban cerrados y los estudiantes se quedaron en sus casas.
LA REACCIÓN SOCIAL
Ante la patética conmoción social que se gestaba en Buenaventura, consecuencia de la desidia y la corrupción oficial, las comunidades decidieron organizar un paro cívico, como último recurso para exigir sus derechos más elementales, visibilizar problemáticas y aspirar a un cambio en la política tradicional.
Buenaventura estaba padeciendo la escasez de agua potable, la corrupción y malversación de fondos, el estancamiento en educación e infraestructura; el alto nivel de desempleo, que rondaba el 62% para el año 2016 según el informe socioeconómico de la Cámara de Comercio de Buenaventura, y la violencia, que ha golpeado durante años esta región del país.
“Para vivir con dignidad y paz en el territorio”, fue el eslogan del Paro Cívico de Buenaventura, que tuvo lugar entre el 16 de mayo y el 6 de junio de 2017.
Esta protesta cívica dio origen a la Ley 1872 del año 2017, por medio de la cual se estableció la creación del ‘Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura‘, que como cita el primer artículo: “La presente ley tiene por objeto establecer medidas tendientes a promover el desarrollo integral del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura”.
Igualmente, se aprobó el decreto 1402, que da vida a la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno Nacional.
El proyecto está diseñado hasta el año 2040, cuando Buenaventura cumplirá sus 500 años.
Este movimiento cívico, que para asuntos electorales se llamó Grupo Significativo de la Dignidad, escogió a Víctor Hugo Vidal Piedrahita como candidato a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura.
Como consecuencia de este ajetreo social, el 27 de enero de 2018, fue asesinado Temístocles Machado, un reconocido líder que formaba parte del Proceso de Comunidades Negras y uno de los principales líderes del Comité Central del Paro Cívico.
En medio de este activismo social se hizo visible un joven líder que se la jugaba por la defensa de los derechos colectivos de su comunidad excluida y estigmatizada: Leonard Rentería Vallecilla, artista, comunicador, estudiante de psicología y poeta.
Rentería está convencido de que Buenaventura aporta mucho más al país que Bogotá, la capital: “La gente que vive aquí, los negros y las negras, los indígenas y mestizos que trabajan son los que logran que a cada ciudadano del país le lleguen mercancías indispensables. Si este puerto se ve afectado por la violencia, si nuestra gente no puede desempeñar sus labores sin arriesgar la vida y las extorsiones aumentan, obviamente se afecta la productividad y la movilidad de mercancías que todos necesitamos”.
Leonard Rentería: “Nuestros derechos, deberían garantizarse por el solo hecho de ser humanos. Pero no, este país aún no nos ve del todo como humanos, para muchos en este país somos una etnia por debajo de la gran etnia, la etnia blanco-mestiza”.
La gravedad de la situación en Buenaventura contrasta con la precariedad de los remedios que se están proponiendo, pese a los esfuerzos de construcción de calidad de vida por parte de las comunidades organizadas en forma de resistencias. La ciudadanía está indignada y esta vez no busca soluciones de corto plazo, sino estructurales. Hoy existe una ruptura en la relación entre la ciudadanía y las instituciones como consecuencia de las prácticas sistemáticas ligadas a la corrupción en el ejercicio de la función pública.
CONCLUSIÓN
Con base en la investigación realizada sobre el impacto económico y social del entramado de corrupción conocido como «estudiantes fantasmas» en el Distrito Portuario de Buenaventura, se pueden obtener las siguientes conclusiones generales:
Impacto Económico Severo. Los recursos públicos que debieron destinarse a la educación y otros servicios esenciales fueron desviados, lo que ha afectado negativamente la calidad de vida de la comunidad.
Débil Efectividad de las Sanciones. Los testimonios de funcionarios, periodistas y líderes cívicos han revelado una preocupante falta de eficacia en las sanciones impuestas por los entes de control. Esto sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y sanción para combatir eficazmente la corrupción.
Deseo de Participación Ciudadana. Es alentador notar que existen ciudadanos y líderes cívicos comprometidos que desean combatir estas prácticas corruptas. La participación ciudadana es fundamental para erradicar la corrupción y promover la transparencia en la gestión pública.
Necesidad de Coordinación con el Gobierno Nacional. La cooperación entre las autoridades locales y el Gobierno Nacional es esencial para abordar de manera efectiva la corrupción. La investigación destaca la importancia de establecer canales de comunicación y colaboración para implementar estrategias de control más efectivas.
En resumen, la investigación sobre el entramado de corrupción de estudiantes fantasmas en el Distrito Portuario de Buenaventura pone de manifiesto la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas más efectivas para combatir la corrupción. La participación ciudadana y la cooperación entre niveles de gobierno son fundamentales para lograr un cambio positivo y restaurar la confianza en las instituciones públicas.
ANEXO:
[i] https://www.soydebuenaventura.com/articulos/en-decision-de-primera-instancia-procuraduria-destituye-e-inhabilita-a-exalcalde-de-buenaventura-jose-felix-ocoro
[ii] https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/condenado-exalcalde-de-buenaventura-valle-del-cauca/
Las declaraciones sobre el tema por parte de dirigentes cívicos
“En la administración de los bienes públicos de Buenaventura impera una cultura depredadora, caótica, maliciosa y con fuertes engranajes mafiosos. Los hechos noticiosos a diario lo demuestran”: Periodista Ana Milena de la Hoz, coordinadora de noticias de Radio Buenaventura, de la cadena Caracol y directora del Noticiero Fin de Semana Televisión, con más de 25 años de ejercicio en los medios locales.
“El puerto y distrito de Buenaventura es un lugar indispensable para Colombia en términos sociales, políticos y económicos”: Personero Distrital, Edwin Janes Patiño Minotta, profesional en Derecho de la Universidad Libre de Cali con especialización en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Javeriana. Es también Contador Público de la Universidad del Valle sede Pacífico. Estas fueron sus declaraciones para Proclama del Cauca y Valle:
“Han hecho del municipio de Buenaventura el mejor ejemplo de mediocridad en la gestión pública para el desarrollo y bienestar de toda la comunidad”. “La corrupción es el cáncer que mata a este pueblo”. “La única que puede salvar a Buenaventura es su gente”: Leonard Rentería – líder comunitario. Declaraciones para Proclama del Cauca y Valle:
“Buenaventura es el municipio más pobre del Valle del Cauca. El porcentaje de la población con necesidades insatisfechas es tres veces el observado en Cali. Presenta niveles de cobertura de los servicios básicos muy por debajo del promedio departamental, y bajas tasas de alfabetismo, más comparables con las del Chocó que con las del Valle”: Cristian José García, Director del periódico Buenaventura Viva.
Palabras del Presidente Gustavo Petro durante el evento Buenaventura del 7 de diciembre de 2022. Dijo entre otras cosas, que: Vamos a meternos en este proceso inédito y hacer las transformaciones que el Gobierno mismo necesita a su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, esto se extenderá a Barranquilla, a Cartagena, a Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá… Nos comprometemos, estaremos atentos al desarrollo de ese proceso… finalmente, nos habla la periodista Rosmery Angulo Acevedo, quien destaca la importancia del periodismo colaborativo en búsqueda de la transparencia y el servicio social.
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Fuentes consultadas:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Rueda-de-prensa-Vicefiscal_Buenaventura_01.mp3 Declaraciones: Capturado alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca) y seis personas más por pagar doble precio por contratos de educación y otras irregularidades (31 de agosto de 2015)
Paro Cívico de Buenaventura: una ejemplo de transformación y movilización social
https://verdadpacifico.org/entrese-cmo-se-estaf-a-los-estudiantes-pobres-de-buenaventura/
Colombia: Asesinato de líder social de Buenaventura, Temístocles Machado (fidh.org)
http://www.banrep.gov.co/publicaciones/pub_ec_reg4.htm
Imágenes: https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/buenaventura/
