Esto no es matoneo mediático

Al unirme a las voces del ministro de gobierno, de justicia, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, y de quienes desde sectores indistintos de la sociedad han exigido la renuncia del magistrado Jorge Pretelt Chaljud, no lo expreso para acrecentar lo que se ha calificado de manera equívoca por algunos, como “matoneo mediático”.

Por el contrario, el escándalo en el que se han visto involucrados el magistrado Jorge Pretelt, el lobbysta Víctor Pacheco, el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil, el ex fiscal general, Guillermo Mendoza Diago, y otros que han aflorado alrededor de asistencias jurídicas, honorarios cuantiosos y primas de éxito en punto de la tutela de Fidupetrol, no traduce ningún matoneo mediático.

En esa medida, la exigencia de su renuncia a la Corte Constitucional para nada atenta contra su presunción de inocencia, la cual podrá defender ante la Comisión de Acusaciones, corporación en absoluto inoperante, caracterizada a lo largo de su historia republicana como el colegiado que ha ejercido “la negación de justicia” pero no a través de decisiones sustanciales, sino mediante el más gigantesco carrusel de prevaricatos por omisión, sin antecedentes vistos en algún lugar de los cinco continentes de este pedazo de universo llamado tierra.

Las grabaciones que comprometen al magistrado Jorge Ignacio Pretelt, provenientes de la garganta del abogado Víctor Pacheco, no obstante sus variaciones, contradicciones no esenciales sino accesorias que no destruyen su credibilidad, no son meras “palabritas al viento” merecedoras de ponerlas en enjuiciamiento para calificarlas como grabaciones ilícitas candidatas a ser excluidas de algún acopio procesal.

Tampoco son simples “saluditos a la bandera de la pulcritud” para utilizarlas como ejercicio de clase o en algún examen preparatorio con el propósito que nuestros alumnos y estudiantes de derecho las adecuen o no con precisión dentro de algunos de los tipos penales de que trata la ley 599 de 2000 en el título XV, el cual se ocupa de los delitos contra la administración pública.

Ocuparse en dilucidar desde las frialdades de la adecuación típica, antijurídica y culpable, si esas conductas repugnantes, contrarias al ejercicio de una judicatura aseada, se adecuan o no a los delitos de concusión (artículo 404), cohecho propio (artículo 405), cohecho impropio (artículo 406), cohecho por dar u ofrecer (artículo 407) o tráfico de influencias de servidor público(artículo 411) de la Ley 599 de 2000, eso, como ejercicio en absoluto es intrascendente para la academia trasparente, toda vez que esa labor de congruencia entre los hechos denunciados, la imputación fáctica e imputación jurídica que se derive, eso, eso, le corresponde a los jueces de la Comisión de Acusaciones.

El protagonismo de Jorge Ignacio Pretelt, la cita privada en su apartamento con el abogado lobbysta Víctor Pacheco, y la historia contada por éste, con detalles, al magistrado Ernesto Vargas Silva alrededor de la tutela de Fidupetrol, y otras historias de rumbas por el río Magdalena que se han conocido, van más allá del código penal, incluso van más allá de la ética, de esa “clase magistral de ética” que para Abelardo de la Espriella, defensor de Pretelt Chaljud: “no tiene nada que ver con el derecho”.

En efecto, este escándalo sobrepasa las normas del código penal, código disciplinario, va más allá del procedimentalismo de los puristas, del debido proceso ante la Comisión de Acusaciones, y tan cierto es lo afirmado, que con renuncia o sin ella, sin sentencia condenatoria o absolutoria, quien ha recibido los efectos de impacto superlativo ha sido la Corte Constitucional y su institucionalidad puesta en crisis en medio del huracán del desprestigio, de las dudas no imaginadas sino objetivas, y en el escenario de la ilegitimidad.

Por razones de mínima decencia, ante las exigencias de renuncia del magistrado Jorge Pretelt, los colombianos esperábamos que procediera de conformidad para dedicarse a diseñar la estrategia de defensa con la asesoría de su abogado Abelardo de la Espriella, pero ocurrió lo contrario, apareció ante los medios de comunicación, en lugar de apostarle a los mínimos de delicadeza, afloró con soberbia, arrogancia, y lanzó una frase desafiante con cargas de profundidad destructiva, la cual dejó sorprendida a toda la judicatura, al advertir: «No renuncio, porque si me tengo que ir nos vamos todos».

Quizás alguien le aconsejó al magistrado comprador de hectáreas salpicadas por el despojo y la tragedia allá en el Urabá antioqueño, que se montara en el denominado “proceso de ruptura”, que de su condición de indiciado y eventual acusado diera pasos enormes y se convirtiera en retador de sus compañeros de Corte Constitucional, desafiándolos a acompañarlo a emprender el exilio de la judicatura, y renunciaran de manera colectiva, que de perseguido diera vuelta a la tuerca y se declarara perseguido político por la Fiscalía de Eduardo Montealegre Lynet.

Como se observa, este escándalo no deriva de chismes o rumores de cafetería, no es un matoneo mediático, invención ni conjetura de los medios de comunicación. Tampoco es un atentado contra la presunción de inocencia de un virtuoso, ni constituye pre-juzgamientos de ninguna especie, toda vez que más allá de las discusiones penales, disciplinarias y éticas, en últimas la que ha resultado lesionada de muerte es la legitimidad y transparencia de la Corte Constitucional.

Con urgencia necesitamos higiene judicial, asepsia neo-constitucional, una justicia hercúlea, no una justicia venal.

Ahora, en la cresta de este huracán fangoso, las preguntas, entre otras, que nos planteamos los colombianos, son:

1.- ¿Si será, que el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljud, es un nuevo «perseguido político»?

2.- ¿Será que alguien, algún día, hablará de los juicios éticos o penales del gran empresariado, quienes como partícipes y determinadores pagan para corromper la justicia?

3.- ¿Cuáles serán los secretos que guarda el magistrado Pretelt, cuando se atrevió a afirmar que no renunciaba, porque si se iba se tenían que ir todos?

4.- ¿De cuál Corte Constitucional estamos hablando?