Especie de “amnistía” para urbanizaciones ilegales propone senador Ferney Silva para Popayán.
Ante la desactualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Popayán, POT, vigente desde 2002 con algunos retoques, y la proliferación desde entonces de numerosos asentamientos sin todos los servicios públicos, al igual que urbanizaciones y condominios que han desbordado el viejo perímetro urbano, durante la reunión ordinaria descentralizada de la Comisión 7ª, de Ordenamiento Territorial, del Senado, celebrada en la mañana del jueves 26 de septiembre, en la Casa de la Moneda, presidida por Guido Echeverry Piedrahita, convocada por el senador caucano, Ferney Silva Idrobo y con participación entre presencial y virtual de 8 senadores, este propuso la aprobación de una especie de amnistía para las viviendas y asentamientos que han sido construidos, no están legalizados, ni cuentan con todos los servicios públicos, mientras se completa la actualización del POT municipal de Popayán por parte de la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo.
“y ahorita sí quiero tocarles porque ya sabemos que hay un problema que tienen los municipios, ahorita tenemos que enfocarnos en las soluciones, porque no hay recursos, no hay dinero, los municipios están creciendo de manera desarticulada pero pasa algo muy particular, resulta que para formalizar un asentamiento en zona rural, para legalizarlo hay que cumplir unos requisitos, pero solamente el cuatro o el 5 % de esos asentamientos cumplen los requisitos con las normas actuales, es decir, casi el 95 % de los asentamientos en este país no cumplen con los requisitos para poder regularizarse y si no se regularizan los municipios no podrán invertir en vías, no podrán en acueductos, no podrán en parques, en zonas recreativas o sitios de educación o sitios de o centros de salud que le queden dentro del equipamiento público que debe tener estos espacios. Entonces nos encontramos con una problemática supremamente importante. Entonces allí tenemos ya el problema, nosotros estamos proyectando, eso está en estudio con el Ministerio de vivienda, la posibilidad, la posibilidad que esos asentamientos rurales en la parte periurbana de las ciudades puedan incorporarse por una única vez, por una única vez, sin que sufran el trámite intenso de los planes de ordenamiento territorial, es decir, mover las líneas perimetrales para que esas zonas que hoy son asentamientos consolidados, cuando hablamos de asentamientos consolidados son los que ya tienen paredes, los que tienen accesos a vías y etc. Esos se puedan incorporar como urbanos sin que se surta el trámite que tiene la rigurosidad del P. O. T. Indudablemente eso no significa que no tengan que tener los estudios de viabilidad ambiental, estudios geotécnicos y todo lo demás, pero que nos permite a nosotros incorporar terreno para dos conceptos fundamentales, primero para la legalización de asentamientos, segundo, segundo, como tema importante es que podemos utilizar para generar nuevas ampliación de territorio en zonas periurbanas para que se puedan hacer vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario y lo permite, y lo permite por una única vez. La idea del proyecto es que esa línea se pueda perimetrar, se pueda mover bajo los aspectos técnicos y los estudios pertinentes y empezar a avanzar en esa línea, indudablemente, dudablemente eso que va a permitir disminución de los precios del terreno y lo otro disminución como consecuencia de los precios de la vivienda”
La polémica propuesta fue expuesta ante el auditorio lleno con habitantes de la capital del departamento y de otros municipios que aprovecharon la visita de los senadores para dar a conocer sus denuncias y necesidades, en lo relacionado con déficit de vivienda, permanencia de fincas urbanas como la de la “Loma de las cometas, que desde hace décadas permanece como lote de engorde y paga pocos impuestos al municipio de Popayán; la proliferación de “volteadores de tierras o tierreros” que desde hace tiempo y sin problemas lotean fincas que carecen de servicios y vías; problemas ambientales como la muerte de peces y nutrias desencadenada por la contaminación del río Palo por parte de las poblaciones y fábricas que vacían sus residuos en su cauce que desemboca en el río Cauca; la tala de samanes entre Villarrica y Jamundí y amenazas contra los líderes ambientales que han hecho las denuncias; las invasiones de fincas que sus propietarios, muchos de ellos afrodescendientes han arrendado a los ingenios azucareros; y la implicaciones negativas que para comunidades campesinas y afros traería la aplicación del ATEA que mediante decreto 1904, del 28 de agosto de 2024, firmado por el presidente Petro, le concede a los indígenas del CRIC, privilegios especiales para que decidan sobre la ampliación de sus resguardos, y políticas económicas y ambientales en su áreas de influencia, sin tener en cuenta los intereses, opiniones y propuestas de las comunidades que los rodean.
Alcaldes de municipios de 5ª y 6ª categoría manifestaron su preocupación por las carencias en sus equipos de profesionales y técnicos idóneos lo que los obliga a contratar con consultores externos los estudios previos a la aprobación de los POT, sin que les sean entregados trabajos completos y de calidad, después de haber desembolsado cerca de $2.000 millones, como les sucedió en el municipio del Patía. Pidieron a las autoridades dotarlos de herramientas efectivas de control para evitar ser estafados por consultores que por el afán de apoderarse del dinero se comprometen y no cumplen a cabalidad y entregan estudios que no llenan requisitos de ley y son rechazados por la CRC. El alcalde Miranda Walter Zuñiga Barona, propuso que el gobierno nacional corra con el costo del catastro de las fincas que son invadidas por los indígenas, así como hace con el de los resguardos, ya que las finanzas del municipio sufren considerable merma de su principal fuente de ingresos.
Desplazados por la violencia que llegaron a Popayán, también urgieron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales ponerse de acuerdo para concretar el banco de Tierras y organizar a numerosos grupos de viviendistas para que les lleguen subsidios y mediante autoconstrucción empiecen a levantar sus casas.
Ante criticas a los reajustes del predial y otros impuestos que fueron reajustados por “el desconocimiento en el terreno de las características del municipio, por parte de quienes adelantaron el estudio que contrató la alcaldía de Juan Carlos López Castrillón”, representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, insistieron que cuando son contratados, ellos sólo adelantan estudios técnicos y con base en aerofotografía de alta definición suministrando elementos e información a los municipios para que elaboren sus Planes de Ordenamiento Territorial con base en el catastro multipropósito que promueve el gobierno; pero que la fijación de las tarifas de impuesto predial es potestad de cada municipio y este deberá resolver las peticiones y quejas de quienes están descontentos con los reajustes. Destacaron que los nuevos avalúos han aumentado los recaudos a favor del municipio, pues muchos lotes que figuraban como rurales y ya habían sido construidos sin pagar plusvalía urbana e impuestos correspondientes ya fueron actualizados, y faltando tres meses para terminar este año, en el municipio ya han recaudado cerca de $20.000 millones más de lo calculado para toda la vigencia 2024.
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