Escándalo en Jamundí por presuntas irregularidades en condominio de Paola Castillo
Un proceso por una construcción en un condominio de Jamundí, Valle del Cauca escaló a instancias penales y disciplinarias tras denuncias de presuntas irregularidades en actuaciones de autoridades locales, según documentos conocidos por la Revista Semana.
El caso se originó en el lote 287 de un condominio campestre, adquirido en 2016 por el denunciante, quien en 2025 inició una ampliación con licencia de construcción otorgada mediante Resolución 592 del 28 de octubre de ese año por la Secretaría de Planeación. Con ese respaldo, adelantó trabajos de remoción de tierra y cerramiento.
La situación cambió cuando la administración del conjunto, encabezada por su representante legal, Diana Alexandra Martínez, presentó el 1 de diciembre de 2025 una solicitud de revocatoria de la licencia. El denunciante también radicó solicitudes para que se inspeccionaran otros predios por posibles infracciones urbanísticas.
De acuerdo con la documentación, se registró un trato diferenciado en las actuaciones. La obra del denunciante recibió visitas e intervenciones, mientras otras construcciones señaladas no habrían sido objeto de medidas similares. Una inspección del 6 de marzo de 2026 concluyó que la ampliación correspondía al proyecto aprobado y se ejecutaba conforme a las especificaciones técnicas autorizadas, aunque advirtió variaciones en aislamientos laterales y posteriores.
En contraste, en el predio 272, colindante con el lote del denunciante, se evidenció la existencia de estructuras como piscina, jacuzzi y zona BBQ sin licencia. Según los documentos, no se registraron actuaciones equivalentes frente a ese hallazgo.
El expediente también incluye denuncias por posibles vulneraciones a derechos como propiedad privada, igualdad y derecho de petición. Uno de los episodios se encuentra bajo investigación de la Fiscalía por el presunto delito de violación de habitación ajena.
Las actuaciones administrativas han sido cuestionadas por presuntos vicios de procedimiento en la Secretaría de Planeación, a cargo de Yexica Karime Obando. El denunciante señala demoras en respuestas, falta de pronunciamientos de fondo y decisiones contradictorias en la programación de visitas.
Uno de los puntos centrales del caso es la remisión del expediente a la Inspección Tercera de Policía, cuando, según la denuncia, la competencia correspondía a la Inspección Segunda. Este hecho dio lugar a una denuncia penal por presunto fraude procesal.
La Inspección Tercera, bajo la responsabilidad de Fernelly Quijano Cerquera, asumió el caso mediante Auto 55 del 8 de abril de 2026 y ordenó la suspensión de la obra. La defensa del denunciante cuestionó la medida por considerar que se adoptó sin audiencia previa y sin agotar las etapas del procedimiento verbal abreviado.
Un día después, la misma inspección dejó sin efectos la decisión y remitió el expediente a la Inspección Segunda, al advertir fallas en el trámite y posibles afectaciones a garantías procesales.
En la Inspección Segunda, a cargo de la inspectora encargada Janeth Alejandra Jaramillo Quintero, el denunciante reportó nuevas irregularidades. Entre ellas, la negativa a entregar copias del expediente pese a solicitudes reiteradas, citaciones con plazos cortos, ausencia de respuesta a recursos y la realización de una audiencia el 13 de abril de 2026 sin resolver una solicitud de aplazamiento ni dejar constancia de pruebas presentadas.
El expediente también cuestiona la vinculación de la Secretaría de Planeación como parte procesal, decisión que la defensa considera sin sustento jurídico.
El caso incluye quejas ante la Procuraduría, denuncias ante la Fiscalía por presunto prevaricato y solicitudes de nulidad de lo actuado. Según los documentos, la falta de acceso a pruebas habría impedido ejercer una defensa adecuada.
La Alcaldía de Jamundí informó a la Revista Semana que existe un proceso en curso por presunta infracción urbanística dentro del conjunto residencial, tramitado por la Inspección Segunda bajo el procedimiento verbal abreviado de la Ley 1801 de 2016. Indicó que el caso se encuentra en etapa de argumentos y que no existe una decisión de fondo.
La administración municipal sostuvo que las actuaciones se desarrollan con respeto al debido proceso y llamó a evitar conclusiones anticipadas mientras avanza el trámite. También se conoció que el denunciante puso en conocimiento de la alcaldesa Paola Castillo las presuntas irregularidades.
El expediente reúne actuaciones administrativas, denuncias penales y recursos ante organismos de control que mantienen el caso bajo revisión. La controversia continúa en curso y su desenlace dependerá de las decisiones de las autoridades competentes.
Créditos: Revista Semana.
