Por Alfonso Luna Geller / Director Proclama del Pacífico
El departamento del Cauca atraviesa un periodo de conflictividad aguda definido por la convergencia de múltiples actores armados, estructuras de alcance nacional y redes criminales locales.
Esta disputa por el control de corredores estratégicos y economías ilegales transformó el territorio en un escenario hostil para el periodismo independiente.
Actualmente, la región enfrenta la operatividad dominante de cuatro grandes organizaciones armadas que mantienen una presencia coercitiva sobre la población.
El Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo la articulación del Comando Coordinador de Occidente, opera mediante los frentes Dagoberto Ramos en el norte, Jaime Martínez en el centro y occidente, y Carlos Patiño en el sur. Estas estructuras ejercen un control social radical con el uso de drones, francotiradores y la imposición de «manuales de convivencia» que restringen la movilidad comunitaria.
En el sur, la Segunda Marquetalia actúa a través de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, sosteniendo una guerra frontal contra el EMC por el dominio del Cañón del Micay y las rutas hacia el litoral.
Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene frentes históricos como el José María Becerra en El Tambo y el cañón del Micay, junto al frente Manuel Vásquez Castaño en el sur del Cauca. El frente Camilo Cienfuegos tiene influencia en el norte del Cauca y zonas limítrofes con el departamento del Valle del Cauca. Su actividad se centra en hostigamientos a la fuerza pública y control de redes de extorsión. Esta organización regula la vida social y económica imponiendo «permisos» de tránsito, además de controlar la minería ilegal y el procesamiento de alcaloides.
Simultáneamente, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo incursionan en la zona costera de Guapi, Timbiquí y López de Micay, enfocándose en la exportación de narcóticos y la subcontratación de bandas locales para el sicariato y la extorsión.
Esta dinámica del control territorial se expresa en restricciones severas a la movilidad y la regulación de las economías locales. Los actores armados interfieren en las campañas políticas, presionan a los liderazgos sociales y mantienen confrontaciones armadas constantes.
Esto se ha evidenciado en los últimos días con la retención o secuestro exprés de la senadora Aida Quilcué, el pasado martes 10 de febrero, mientras transitaba por la vía entre Inzá y Totoró, la misma en la que su esposo fue asesinado en 2008. Igual le ocurrió el sábado siguiente, en zona rural de Santander de Quilichao, a la candidata a la Cámara de Representantes Lucy Amparo Guzmán González. La reconocida dirigente indígena Ana Libia Guetio, aspirante a una de las llamadas curules de paz en la Cámara de Representantes, desapareció la noche del miércoles 25 de febrero cuando se dirigía del municipio de El Tambo al de Morales; durante 17 horas estuvo secuestrada.
La realidad que se vive a diario en el departamento evidencia una dinámica territorial marcada por restricciones y riesgos concretos para el ejercicio periodístico, político y social. Mientras redactábamos este editorial, se conoció otra interceptación armada a Claudia Liliana Ruiz Hoyos, campesina de Argelia, sur del Cauca, cuando se desplazaba hacia el municipio de Toribío, norte del Cauca, donde tenía programadas actividades de campaña. Claudia Liliana, candidata a la Cámara de Representantes por la curul especial de paz, y su equipo, permanecieron retenidos durante aproximadamente dos horas. Una comisión de la Guardia Indígena acudió al lugar y gestionó su liberación.
Bajo estas condiciones, los periodistas de Proclama del Pacífico, formados en este entorno de tensión permanente, tratamos de aprender a nadar en aguas turbulentas. Esa experiencia no elimina la estigmatización constante que recae sobre nuestra función social. Por el contrario, esa señalización incrementa la vulnerabilidad y expone el ejercicio informativo a riesgos adicionales.
La superposición de distintos actores en un mismo territorio agrava esa condición, porque vuelve difuso establecer quién es responsable de los hechos que victimizan a la población. En varias ocasiones, unas estructuras actúan bajo la denominación de otras, lo que diluye responsabilidades y crea un escenario de ambigüedad permanente. La población civil queda en medio de esa confusión deliberada, sin referentes claros sobre quién impone decisiones ni quién debe responder por las consecuencias.
Todo esto, como es obvio, compromete la integridad física y la autonomía editorial, por lo cual muchas veces debe imponerse, por protección, la autocensura.
Pero, es más: el conflicto se nutre también de grupos residuales fragmentados, redes de apoyo logístico y estructuras vinculadas a la minería ilegal y al microtráfico en las cabeceras municipales. Estos grupos aprovechan la intimidación generalizada para ejercer una regulación social coercitiva.
Existe un factor adicional que agrava el panorama. La presión ejercida por estructuras ilegales, a veces visible y en otras ocasiones discreta pero persistente, impacta la transparencia administrativa en lo público. Esa afectación se refleja en la desatención o respuesta inoportuna a derechos de petición y en las dificultades de acceso a la información pública en algunas alcaldías municipales. Este deterioro institucional compromete la legitimidad democrática y exige una intervención decidida para restablecer confianza y garantías en el territorio.
He querido demostrar que la crisis del Cauca se sostiene sobre factores estructurales que el Estado no ha logrado neutralizar: geografía compleja, alta dependencia de cultivos ilícitos y producción de narcóticos, salida estratégica al océano Pacífico, baja formalización económica en zonas rurales dispersas, presencia institucional insuficiente y pobreza extrema que facilita el reclutamiento y la legitimación forzada de actores armados.
En consecuencia, la protección del ejercicio periodístico y la garantía de los derechos humanos requieren presencia estatal permanente, inversión sostenida y coordinación judicial eficaz que interrumpa el ciclo de impunidad.
En este contexto, una sociedad bien informada fortalece la calidad de vida de las familias, protege su entorno ambiental y consolida decisiones públicas orientadas al bienestar colectivo y a la estabilidad democrática del territorio.
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