Encuestas y opinión pública
La administración de las emociones en política
La opinión pública volvió a moverse. El dato que hoy concentra la atención contradice el que ayer dominó la conversación nacional.
Abelardo de la Espriella aparece al frente de la intención de voto para la Presidencia de la República 2026-2030 en la medición más reciente. Iván Cepeda había ocupado ese lugar en el ejercicio anterior de hace apenas unas dos semanas.
El desplazamiento resulta revelador y confirma una constante del ciclo electoral colombiano: la encuesta irrumpe como noticia, redefine climas políticos y reorganiza expectativas en lapsos breves.
Claro que ese movimiento, como el anterior, tampoco admite celebraciones ni lecturas triunfalistas. La encuesta simplemente, activa reacciones que trascienden el registro estadístico.
En un país con baja formación política, abstención estructural, debilitamiento de los partidos y prácticas persistentes de corrupción electoral, la medición adquiere una influencia que supera su función técnica.
El número se convierte en señal, la señal orienta comportamientos y el comportamiento termina alineado con intereses que cuentan con capacidad de financiar, difundir y amplificar resultados.
La encuesta de AtlasIntel, financiada y publicada por la revista Semana el 10 de enero, ubica a Abelardo de la Espriella con el 28 % de la intención de voto para primera vuelta, seguido de Iván Cepeda con el 26,5 %, mientras Sergio Fajardo alcanza el 9,4 %.
El mapa refleja un país tensionado entre dos proyectos con líneas ideológicas definidas, cuando restan cinco meses para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y para la segunda, prevista el 21 de junio.
El calendario electoral todavía reserva episodios determinantes.
El 8 de marzo se elegirá un nuevo Congreso y se realizarán las consultas interpartidistas que depuran candidaturas presidenciales y reordenan fuerzas políticas.
Estos procesos suelen producir reacomodos significativos en la intención de voto. A ello se suma un escenario internacional que ya permea la conversación política interna: la relación entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, cuyo encuentro en Washington, programado para la primera semana de febrero, moviliza respaldos ideológicos y activa alineamientos discursivos dentro del electorado.
La medición publicada también indaga por la intención de voto en la denominada “Gran Consulta por Colombia”. Paloma Valencia encabeza con el 19,1 %, seguida por Juan Carlos Pinzón con el 13,1 %, Aníbal Gaviria con el 11,1 %, Juan Daniel Oviedo con el 10,6 %, Vicky Dávila con el 7 %, David Luna con el 5,7 %, Mauricio Cárdenas con el 4,7 % y Juan Manuel Galán con el 4,2 %. Daniel Palacio, quien participará en la consulta del 8 de marzo, no aparece en el sondeo. En el Pacto Amplio, Iván Cepeda concentra el 92,3 % de la intención de voto, seguido a gran distancia por Camilo Romero, Roy Barreras y Daniel Quintero.
Este primer mapeo estadístico de 2026 muestra a las fuerzas políticas en plena fase de ajuste.
La disputa avanza en un clima de confrontación sostenida, con incidencia directa de la Casa de Nariño y con un electorado expuesto a estímulos permanentes que buscan orientar su percepción sobre viabilidad, liderazgo y posibilidad real de triunfo.
En su editorial Las emociones son pasajeras, Proclama del Pacífico ya había advertido sobre esta dinámica (ver: https://proclamadelpacifico.com/las-emociones-son-pasajeras/).
La encuesta funciona como instrumento de medición y, de manera simultánea, como herramienta de influencia. El dato genera emoción. La emoción despierta expectativa. La expectativa se traduce en intención. La intención, cuando se repite y se refuerza, adquiere apariencia de destino.
La anterior experiencia mostró una ventaja amplia de Iván Cepeda. Ese resultado activó adhesiones, consolidó confianzas y fortaleció una relación emocional entre sectores del electorado y la firma encuestadora. El ciclo posterior introdujo ajustes sucesivos que reubicaron al candidato inicial en un lugar distinto dentro del tablero político. El proceso se ejecutó con método: captación, estabilización y corrección.
En ese tránsito, la encuesta dejó de operar como insumo para el análisis público y pasó a cumplir una función de administración emocional. Ilusión, presión de grupo, miedo a quedar por fuera y deseo de alinearse con el ganador aparente empezaron a pesar más que el examen racional de propuestas y trayectorias. La decisión electoral se desplazó hacia la identificación con una tendencia presentada como dominante.
El riesgo resulta evidente. Cuando el voto se configura bajo ese esquema, la libertad se erosiona. La democracia adopta rasgos de representación formal, con déficits profundos en la formación de una voluntad verdaderamente autónoma. El proceso electoral se asemeja entonces a una puesta en escena reiterada, con variaciones de guion y actores distintos, pero con desenlaces condicionados por el poder que organiza la información y administra sus tiempos.
El camino hacia elecciones limpias exige ciudadanía consciente de su responsabilidad cívica y procesos electorales con bolsillos libres de corrupción.
Ese estándar sigue enfrentando obstáculos estructurales. Mientras persistan, la encuesta conservará su doble capacidad de medir y de moldear. La opinión pública continuará sometida a sacudones periódicos. La democracia seguirá siendo un ejercicio frágil, sostenido más por la forma que por la decisión libre.
Este editorial se publica para dejar constancia y para advertir. Los datos se mueven con rapidez. Las narrativas se reacomodan. La opinión pública recibe estímulos diseñados para provocar adhesiones inmediatas y reacciones emocionales que debilitan el juicio cívico. En ese escenario, la prudencia democrática adquiere un valor central.
La ciudadanía enfrenta el desafío de no dejarse arrastrar por el vaivén de las cifras ni por la sugestión que acompaña a cada medición. La responsabilidad cívica exige distancia crítica frente a los cambios abruptos, atención a las fuentes, comprensión de los métodos y conciencia sobre los intereses que intervienen en la producción y difusión de encuestas.
El proceso electoral demanda ciudadanos activos, éticos y bien informados, capaces de resistir la compra del voto, la presión simbólica y la inducción emocional. La decisión democrática se fortalece cuando se apoya en el conocimiento, en la deliberación responsable y en el compromiso con lo público.
El voto constituye un acto de responsabilidad social y una expresión de autonomía política. Su valor se preserva cuando se ejerce sin intermediarios emocionales, sin estímulos artificiales y sin interferencias indebidas. En esa medida, la democracia deja de ser una representación formal y se afirma como un ejercicio consciente de ciudadanía.
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