En marcha Estrategia Militar Integral contra el poder criminal en la Región
En la fotografía, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; el alcalde de Cali, Alejandro Eder, el alcalde de Palmira, Víctor Ramos y la alcaldesa de Jamundí, Paola Andrea Castillo Gutiérrez, al anunciar la creación de una unidad especial para perseguir a grupos armados en ese territorio.
El suroccidente colombiano, epicentro de una riqueza natural y cultural inigualable, se ha convertido, lamentablemente, en el principal escenario de una batalla frontal contra las economías criminales. Los recientes consejos de seguridad, presididos por el Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, en Nariño y Cali, con la participación de la cúpula militar y policial, gobernadores y alcaldes, revelan no solo la gravedad de la situación, sino una renovada determinación del Estado por retomar el control territorial.
La radiografía presentada por el Ministro Sánchez es desoladora y, a la vez, urgente. «El narcotráfico y la minería ilegal están envenenando los bosques, selvas y ríos de Nariño», afirmó categóricamente. Cifras oficiales confirman la magnitud del flagelo: Nariño alberga cerca de 65 mil hectáreas de cultivos ilícitos y aproximadamente 2.500 personas vinculadas a actividades de minería ilegal, esta última utilizando indiscriminadamente mercurio y cianuro, contaminando gravemente fuentes hídricas vitales. Como bien señaló el jefe de la cartera de Defensa, «Esos dos factores atraen automáticamente el crimen. Por eso estos grupos están aquí. En Colombia, donde hay narcotráfico, minería ilegal u otras economías criminales, allí aparecen las disidencias de las Farc que ya se han dividido en cinco o seis facciones, el cartel del ELN, el Clan del Golfo o cualquier otro grupo armado».
Frente a esta realidad, la respuesta del Estado es clara y multifacética. El Plan Ayacucho Plus de las Fuerzas Militares y de Policía ha priorizado esta región para la recuperación territorial. Se ha anunciado un incremento significativo del pie de fuerza en el norte del Cauca y sur del Valle, y una ampliación sustancial de la capacidad en trabajos de inteligencia. Esta estrategia busca no solo debilitar las estructuras logísticas y criminales de los Grupos Armados Organizados (GAO), sino también anticipar acciones delictivas y avanzar en la individualización y judicialización de sus integrantes.
La materialización de esta ofensiva es palpable. Se ha creado un Bloque de Búsqueda especializado en el Valle del Cauca para combatir las oficinas delictivas, con tecnología de punta y la misión de desmantelar estructuras como las Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, y la Franco Benavides en Nariño. La «Estrategia Coraza» busca llevar estas amenazas a su mínima expresión. Los resultados preliminares, fruto del fortalecimiento de la inteligencia, son prometedores: se logró neutralizar el 72% de los atentados que las disidencias pretendían ejecutar en el suroccidente. Estos ataques, según el Ministro, son una reacción de los criminales a las afectaciones sostenidas de la Fuerza Pública a sus fuentes de financiación. «Estamos recobrando el territorio. Tienen temor porque los campesinos ya no quieren sembrar coca, y estos ataques no son más que intentos de demostrar un poder que están perdiendo», sentenció Sánchez Suárez.
Pero la estrategia va más allá de la fuerza. El Gobierno Nacional comprende que la paz duradera se construye también con alternativas lícitas. Por ello, se anunció la próxima implementación de un ambicioso Plan de Transformación Agroalimentaria en el área general de Jamundí. Este plan busca convertir la zona en una despensa agrícola regional, ofreciendo alternativas lícitas, sostenibles y autónomas de ingresos para las comunidades campesinas. Esta iniciativa, que combinará seguridad territorial, desarrollo rural y libertad comunitaria, busca debilitar el control financiero y territorial de los GAO. La ofensiva también se extenderá a la región del Naya, una de las rutas del narcotráfico más grandes del Cauca, un «enclave cocalero» que será intervenido de manera contundente, así como el cañón del Micay con la Operación Perseo.
El esfuerzo conjunto, coordinado e interinstitucional entre el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación ha permitido, pese a los constantes intentos de desestabilización, una reducción significativa en delitos de alto impacto como el homicidio, el hurto, el secuestro y el desplazamiento forzado en 2025. En Cali, el Plan Choque ha logrado una reducción sustancial en los homicidios, pasando de 4.4 crímenes diarios a 1.2 en las últimas semanas.
En resumen, el despliegue de medidas anunciado por el Ministro de Defensa en el suroccidente colombiano es un paso firme y necesario para enfrentar un enemigo que se nutre del crimen y envenena nuestro territorio. Es un imperativo moral y jurídico que el Estado ejerza su soberanía y proteja a sus ciudadanos de la barbarie. Sin embargo, esta ofensiva debe ser sostenida y complementada con la inversión social y las alternativas económicas que permitan a las comunidades liberarse del yugo criminal. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no subestime el poder de su participación. La denuncia es una herramienta clave para combatir el crimen. Las líneas gratuitas 107, 123, 165 y 147 están disponibles con absoluta reserva. Cada vida protegida, cada hectárea recuperada, cada comunidad que transita hacia la legalidad, es un paso hacia una Colombia más justa y en paz. La victoria final dependerá del compromiso inquebrantable del Estado y de la invaluable colaboración de la sociedad.
Imágenes: https://www.presidencia.gov.co/prensa
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
