“En este asunto no habrá vencedores ni vencidos, me parece que lo mejor es que el gasoducto se traslade para el sitio que pide la comunidad quilichagueña”: Juan José Fernández Mera, alcalde
Hoy miércoles 25 de mayo se realizará en Popayán una Audiencia de Pacto de Cumplimiento en el Tribunal Superior, dentro del proceso de Acción Popular instaurado por un sector de la comunidad quilichagueña contra la Secretaría de Planeación Municipal y Progasur S.A. E.S.P., al considerar que el proyecto de instalación y operación del trazado del gasoducto Pradera – Jamundí – Popayán, por la carrera 6 y en otras vías de Santander Quilichao representa un riesgo para la comunidad.
La diligencia de Pacto de Cumplimiento se realizará para propiciar un acercamiento de todos los interesados en la protección y garantía de los derechos colectivos, buscando una decisión judicial que realmente se pueda cumplir que incluya obligaciones precisas, términos de cumplimiento, definición de acciones y un sistema de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos plasmados en futura sentencia.
Previamente, el día de ayer, se realizó una reunión entre las partes involucradas en este conflicto, en la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, para definir algunas pautas de acción en la audiencia de hoy y para definir acuerdos previos, pero no se pudo cumplir con el objetivo previsto debido a la posición radical de las partes en no ceder a sus pretensiones.
El alcalde Municipal, Juan José Fernández Mera, reconoció la importancia que tiene el gasoducto para el desarrollo del departamento del Cauca, y en consecuencia, propuso insistentemente su voluntad de permitir e impulsar, luego de las acciones legales y administrativas pertinentes, un nuevo trazado como lo pide la comunidad, y evitar así problemas de orden público y de seguridad ciudadana, propuesta que fue calificada por algunos asistentes como justa. Sin embargo, Jorge William Triana Romero, representante legal de Progasur S.A. E.S.P., al destacar que éste proyecto beneficia también a Santander de Quilichao, como servicio público, y que cuenta con las mejores calidades en seguridad, inclusive superando las normas técnicas, anunció que sólo se atiene a las decisiones judiciales, pues está absolutamente seguro de que el proyecto, tal como está, cuenta con toda la legalidad exigible en este tipo de obras, asunto que reconoció así el Procurador Provincial de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Astaíza.
Los voceros de la comunidad, encabezados por el concejal Néstor Pardo, ratificaron que la comunidad quilichagueña no se opone a la construcción del gasoducto, sin embargo, no pueden asumir los riesgos que esta obra acarrea sobre la seguridad ciudadana y destacó que las fallas legales siguen vigentes. Recordó, por ejemplo, que no se hizo concertación con la comunidad, argumento invocado para pedir la revocatoria de la licencia de construcción que concedió la Administración Municipal y tampoco se presentó un estudio técnico de factibilidad de acuerdo con las normas urbanísticas de Santander de Quilichao, entre otras suficientes razones de orden legal para demostrar que se violó el debido proceso. Por su parte, el demandante en Acción Popular, Germán Adolfo Valencia Jiménez dijo que así como no acepta que el gasoducto pase por la carrera sexta, tampoco acepta la propuesta del Alcalde de trasladarlo a otro sitio, menos, si los sobrecostos se asumirían vía tarifas.
El Procurador Provincial de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Astaíza, manifestó su preocupación por el vencimiento del plazo del decreto municipal que suspendió las obras por asuntos de orden público, insistiendo en que hay que obrar con la mayor rapidez en la solución de los problemas y destacó que la empresa Progasur E.S.P., en cabeza de “su gerente no es un intruso en la ciudad, no está aquí porque le dio la gana sino porque la Administración Municipal le concedió una licencia, un permiso legal y reafirmó que todos sus obreros y trabajadores son gente buena, noble, que no atropella, simplemente se dedican al trabajo asignado…”.
Prácticamente la reunión no permitió vislumbrar acuerdos definitivos pero se convino conformar una comisión integrada por delegados de la empresa Progasur E.S.P., de la comunidad quilichagueña, representantes de la Administración Municipal, congresistas del Cauca y el Gobernador Guillermo Alberto González Mosquera, para que intervenga ante el Ministerio de Minas y Energía y el alto gobierno, con la finalidad de buscar solución definitiva a este delicado problema. “No pretendo que haya vencedores ni vencidos, agotemos todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo, porque así, juntos, todos ganamos” concluyó el Alcalde Juan José Fernández Mera.
En este acto también participaron el Personero Municipal, Álvaro Mendoza; el Procurador Agrario y ambiental del Cauca, José Luis López Becerra, la directora regional de la C.R.C., Indira Gómez; el asesor jurídico de la Alcaldía Municipal, Vladimir Medina, periodistas y ciudadanos interesados en el tema.
COMENTARIOS:
Señor Luna:
Como ex oficial del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Popayan con conocimiento de causa puedo hablar de la seguridad del GLP , me parece un atropello y una total ignorancia de los habitantes del sector del Municipio de Santander el querer parar una obra de tanta envergadura y desarrollo para el mismo Municipio y de los demas municipos a donde llegara el gasoducto.
Alfredo Pinzon Fernandez
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Que se haga lo mejor para Santander y el resto de municipios.
Jorge Eliecer Ortiz Fernandez
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Espero que encuentren la solución más adecuada e inteligente para este problema. Son asuntos cuya respuesta le compete en buena parte a debates inteligentes, bien dirigidos y enfocados con objetividad e imparcialidad comunitaria, según sus mejores y justos intereses.
Rodrigo Valencia
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