Una puerta de esperanza para 6.402 víctimas
Un proceso judicial de gran trascendencia ha comenzado en Argentina. Se adelanta una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por los llamados «falsos positivos». El proceso tiene lugar porque en Colombia no existe una investigación similar contra Uribe por estos asesinatos de civiles. El caso está en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Buenos Aires. El juez Sebastián Ramos tiene el expediente en estudio preliminar.
La denuncia contra el exmandatario se interpuso en el año 2023. Esto se hizo bajo el principio de jurisdicción universal. Este principio permite a los Estados investigar graves crímenes contra los derechos humanos. No importa la nacionalidad de las víctimas o de los autores de los crímenes. Este principio aplica si los países donde se cometen los delitos no los investigan.
La ineficacia del sistema judicial colombiano
La demanda explica la falta de avances en las denuncias contra Uribe. En Colombia, el único órgano facultado para investigar a los presidentes es la Comisión de Acusaciones. Esta Comisión es conocida coloquialmente como de Absoluciones. Su poca efectividad es la razón del apodo. La querella argumenta que esta Comisión no es una autoridad imparcial. No lo es conforme a los estándares internacionales. Los congresistas que la integran pueden tener conflictos de interés. Además, no se requiere que sean abogados. Las víctimas no son acreditadas como sujetos procesales. En más de 60 años, ninguna investigación contra un presidente ha terminado en juicio.
El clamor de las víctimas que buscan justicia
Las víctimas han encontrado en Argentina una puerta de esperanza. Laura Piña es hija de Álvaro Adolfo Piña. Un taxista que fue asesinado por militares del Batallón La Popa. Luego apareció como una falsa baja. «Ojalá la justicia argentina tenga celeridad en este caso», afirma Laura. Agrega que son más de 6.402 las víctimas que están esperando. El proceso en Argentina se circunscribe a los 6.112 asesinatos que ocurrieron entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008.
Andrey Betancourt también recurrió a esta justicia. Su padre fue asesinado en 2007. Andrey sabe que la Comisión de Acusaciones no opera. Él y las víctimas están dispuestas a viajar a Buenos Aires. Quieren ampliar los detalles de sus casos. Así lo han manifestado a los abogados Máximo Castex y Bénedict de Moerloose.
El fuero especial y la impunidad en Colombia
Uribe tampoco puede ser investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La JEP es la justicia transicional que juzga a militares. Ellos deben reconocer su rol en el conflicto armado. Uribe tiene un fuero especial por el Acuerdo de Paz. Es un fuero especial para los expresidentes. Por otro lado, los hechos por los que se le condenó a 12 años, no ocurrieron durante su mandato.
La argumentación ante el juzgado argentino es clara. Expone la falta de avances en las denuncias contra Uribe. El expresidente siempre ha defendido su inocencia. Él se ha desvinculado de los asesinatos. Estos crímenes fueron cometidos por militares como reacción a una política de incentivos. El documento también señala que la Comisión de Acusaciones carece de estándares mínimos de transparencia.
El proceso, un camino para la verdad y la reparación
La querella, caratulada como «Caso Colombia», busca la verdad y la reparación. El fiscal Carlos Stornelli la impulsa desde 2024. Los abogados de las víctimas, junto con tres ONG (Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Comité de Solidaridad por los Presos Políticos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo), han documentado los hechos. La justicia argentina tiene en sus manos la decisión de abrir la investigación formalmente.
La justicia colombiana, con detalles admitidos por militares, ha documentado 6.402 asesinatos de este tipo. La demanda en Argentina se centra en los ocurridos durante su mandato. Un período marcado por las desapariciones de jóvenes de Soacha que se convirtieron en un escándalo nacional.
