El traje del despojo
El despojo de los ricos viste traje de progreso; la resistencia de los pobres carga el estigma de la violencia.
El conflicto por la tierra ha sido un elemento estructural en la historia de Colombia. No hablamos de hechos aislados, sino de un ciclo repetido: violencia, desplazamiento forzado y pérdida de territorios que se traduce en desarraigo y pobreza para millones de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.
En el marco del conflicto armado, el despojo no fue un daño colateral: fue un objetivo estratégico. Actores armados, sí, pero también sectores económicos y políticos se beneficiaron de ese drama. El resultado es un país donde los territorios se convirtieron en botín de guerra y negocio, mientras el campesino despojado fue reducido a la etiqueta de “invasor” o “terrorista”.
La Ley 1448 de 2011 y los procesos posteriores de restitución de tierras han documentado, una y otra vez, la magnitud de esta tragedia. Los informes de la Corte Constitucional y de instancias internacionales también lo han mostrado: pueblos enteros desplazados, territorios ancestrales invadidos, comunidades confinadas y derechos fundamentales negados. Pero más allá de los expedientes, persiste la pregunta incómoda: ¿ha reparado realmente el Estado a quienes fueron despojados?
Porque mientras las familias campesinas deben librar una batalla jurídica interminable para recuperar lo que siempre fue suyo, los beneficiarios del despojo siguen acumulando riqueza y poder, sin que la justicia los toque. La impunidad se viste de legalidad. Lo grave de este asunto es que la justicia fue inoperante y permisiva: jueces, fiscales y magistrados se acomodaron al poder político y económico, cerraron los ojos frente al drama del desplazamiento y, con sus omisiones, se convirtieron en cómplices silenciosos del despojo.
Este gobierno, a diferencia de otros, ha estado comprometido en regresarle a los campesinos lo que les fue arrebatado, así como en recuperar los baldíos indebidamente apropiados por la clase política. Es un paso necesario para desmontar la impunidad histórica que vistió el despojo con ropajes de progreso.
Porque mientras el traje elegante del despojo siga disfrazando la miseria, la tierra seguirá siendo un territorio de disputa, y la dignidad de los pobres, un delito en los ojos del poder.
En las últimas horas las noticias dan cuenta que, un bien inmueble perteneciente a la SAE estaba en manos de una política: La alcaldesa de Lloró Chocó, este bien inmueble y sus terrenos sería del fallecido Mario Alberto Castaño el mismo de -las marionetas-
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