Imagen: https://www.presidencia.gov.co En esta fotografía: senador Temítocles Ortega, presidente Gustavo Petro, alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; ministra del transporte, María Fernanda Rojas; presidente de la ANI, Oscar Torres; alcalde de Timbío, Alejandro Muñoz, y el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez. 
La adjudicación del corredor vial entre El Estanquillo y Popayán abre un capítulo relevante en la historia de la infraestructura del suroccidente colombiano. La resolución adoptada por la Agencia Nacional de Infraestructura este 5 de marzo de 2026 introduce un cambio en una geografía política marcada durante décadas por el rezago territorial.
La concesión se adjudicó mediante la licitación pública BJBE APP IPB001 de 2024 a la estructura plural ERG Vía Ciudad Blanca, integrada por ERG Compañía de Infraestructuras y Desarrollo S.A.S. con el noventa por ciento de participación y MIA Grupo Empresarial S.A.S. con el diez por ciento. La oferta económica alcanza 6,56 billones de pesos en valor presente, dentro de un proyecto cuya inversión global se aproxima a 8,8 billones de pesos.
El contrato contempla la financiación, los estudios y diseños definitivos, la gestión ambiental, la gestión predial, la gestión social, la construcción, la rehabilitación, la operación y el mantenimiento del corredor durante 25 años. La intervención cubrirá 101 kilómetros entre El Estanquillo y Popayán, con 62,4 kilómetros de nueva doble calzada, 26,6 kilómetros de segunda calzada y 11 kilómetros de mejoramiento de vía existente, además de cerca de 90 kilómetros de rehabilitación.
El diseño técnico incluye 14 túneles con una longitud total de 18 kilómetros, 115 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales, cinco intersecciones estratégicas y 36 kilómetros de vías terciarias destinadas a conectar veredas y zonas rurales con el corredor principal.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, calificó el proyecto como una obra emblemática dentro de la visión de infraestructura del gobierno. Durante la audiencia pública explicó que la intervención busca transformar la conectividad del suroccidente colombiano y destacó que su estructuración incorporó procesos de consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes del Cauca, de los cuales surgieron acuerdos sociales y programas de compensación validados por las propias comunidades.
El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ubicó la obra dentro de una estrategia de conectividad regional orientada a integrar el suroccidente colombiano con la frontera sur y con los mercados de América del Sur. El mandatario explicó que la financiación se sustenta en vigencias futuras aprobadas por el Estado y que la estructura de ingresos del contrato contempla un tres por ciento proveniente de peajes y un noventa y siete por ciento financiado con recursos públicos.
La intervención beneficiará a cerca de un millón de habitantes del suroccidente colombiano y contempla la generación aproximada de 180.000 empleos durante su ejecución.
Estas cifras describen una obra de ingeniería mayor. La dimensión histórica del proyecto se entiende mejor cuando se observa el lugar que ha ocupado el Cauca dentro de la organización territorial del país.
Durante el siglo XIX el territorio caucano fue uno de los pilares del Estado Soberano del Cauca, una de las entidades políticas que integraron los Estados Unidos de Colombia. Desde entonces la región ha mantenido una aspiración persistente: construir una conexión eficiente entre el interior andino y el litoral Pacífico.
El Cauca es un departamento costero. Su territorio se extiende hasta el océano Pacífico y posee una de las franjas marítimas más ricas del país en biodiversidad y recursos naturales. Sin embargo, durante más de un siglo la conectividad entre el interior del departamento y su litoral permaneció fragmentada y precaria.
Esa desconexión territorial produjo consecuencias profundas. Las economías legales encontraron enormes dificultades para integrarse a los mercados nacionales e internacionales. Las economías ilegales ocuparon espacios que el Estado nunca logró consolidar plenamente.
En la costa caucana existe una salida al mar. Esa salida funciona hoy bajo control territorial de organizaciones armadas ilegales que utilizan las rutas marítimas para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El contraste con la economía legal resulta evidente: mientras las redes criminales mantienen corredores eficientes hacia el Pacífico, las comunidades y los productores legales del departamento continúan enfrentando enormes barreras de conectividad.
La adjudicación del corredor El Estanquillo–Popayán introduce una oportunidad para modificar ese equilibrio territorial. Una infraestructura de esta magnitud puede facilitar la movilidad de la producción agrícola, fortalecer la presencia institucional y acercar regiones que durante décadas han permanecido aisladas.
El proyecto también plantea una discusión sobre la distribución histórica de la inversión pública en infraestructura. Durante años las dobles calzadas del país se concentraron alrededor de los grandes centros urbanos y en corredores de alto valor inmobiliario. El suroccidente colombiano recibió una proporción menor de esos recursos.
El nuevo corredor vial modifica parcialmente esa tendencia. La obra abre una conexión estratégica entre el centro del país y la frontera sur. El proyecto deberá continuar hacia Nariño e Ipiales para consolidar un eje de integración con Ecuador y con los mercados de América Latina.
La infraestructura constituye una condición básica para el desarrollo territorial. El Cauca necesita corredores logísticos que conecten sus zonas productivas, reduzcan los costos de transporte y acerquen a sus comunidades rurales a los centros económicos del país.
La adjudicación del contrato inicia un proceso que ahora exige continuidad institucional, seguimiento ciudadano y una gestión pública rigurosa. El cronograma contempla dos años de preconstrucción y cuatro años y medio de construcción, seguidos de una fase de operación y mantenimiento dentro del período concesionado.
En este contexto también se pronunció el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán. El mandatario calificó la decisión como un hecho histórico para el departamento y señaló que la adjudicación del proyecto salda una deuda que las comunidades caucanas han esperado durante décadas.
Guzmán destacó que la inversión de 8,8 billones de pesos representa la mayor intervención del Gobierno Nacional en el suroccidente del país y expresó su reconocimiento al presidente Gustavo Petro, a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas y a la Agencia Nacional de Infraestructura por impulsar el proyecto. El gobernador afirmó que la obra conectará territorios, generará oportunidades económicas y contribuirá a mejorar las condiciones de vida de miles de familias.
La resolución leída en Bogotá marca el inicio de una nueva etapa para la conectividad del suroccidente colombiano. La verdadera dimensión de esta decisión se medirá en los próximos años, cuando el corredor empiece a transformar la geografía económica del Cauca y a integrar una región que durante más de un siglo ha buscado una conexión efectiva con el mar y con el resto del país.
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