El rito burocrático del fracaso estatal

Consejos de seguridad

Hay una lógica perversa y naturalizada en la respuesta institucional a la violencia que nos toca padecer.

Las autoridades esperan los cadáveres para convocar la reunión. Sencillamente, si hoy no se ha reportado el asesinato de nadie, el comité no se reúne. Esa secuencia macabra revela el fondo del problema: el Estado colombiano y sus gobernantes aprendieron a administrar la tragedia, no a impedirla; convirtieron su inoperancia en un paisaje cotidiano y el dolor en un trámite de oficina.

La Constitución Política es taxativa. Las fuerzas militares y de policía existen para proteger la vida, la honra, los bienes, creencias y libertades de todas las personas. Ese mandato es eminentemente preventivo.

La carta magna no ordena «investigar después del entierro», ordena proteger. Sin embargo, en nuestro medio, la obligación se cumple al revés: primero ocurren los hechos y luego se despliega el acto burocrático que aparenta autoridad.

Un consejo de seguridad reactivo es la evidencia documentada de la incompetencia pública. Es la clave informativa con la que el Gobierno le confiesa a las comunidades que nada se tenía previsto, que lo sorprendieron otra vez, que no existía inteligencia operativa y que la coordinación interinstitucional era apenas una frase de cajón sin contenido real.

Estos encuentros (consejos de seguridad), convocados como consecuencia directa de la imprevisión y la dejadez, debieran prohibirse, es decir, cuando no se realicen como respuesta a la planeación estratégica.

Porque como han sido concebidos, no son herramientas de orden público; son disculpas institucionales que operan como cortinas de humo para tapar la falta de diligencia, conocimiento y responsabilidad legal de los funcionarios legítimos.

La situación que padece el Cauca, por ejemplo, no se trata de una ausencia de información. Las señales siempre están ahí: las alertas tempranas reposan en los escritorios, las denuncias ciudadanas saturan los canales y los patrones de violencia se repiten con una regularidad que debería avergonzar a cualquier analista de seguridad. La violencia en el Cauca nunca es un rayo en cielo despejado; es la tormenta permanente, consecuencia previsible de una cadena de omisiones deliberadas y de una negligencia sistémica que produce los mismos efectos destructivos que la complicidad.

El Gobierno Nacional no actúa sobre el futuro (planeación estratégica); actúa atrapado en su propia inercia, corriendo detrás de los hechos de sangre consumados (cuando corre).

Como resultado de esta irresponsabilidad, las comunidades locales se han visto obligadas a convivir con el ecosistema criminal. Por eso es que digo que los caucanos no son protagonistas de esta dinámica; son víctimas infelices y confinadas que llevan décadas esperando que el Estado aparezca antes del golpe. Mientras esa presencia no llegue con oportunidad, el territorio seguirá acumulando muertos cotidianos, conflictos eternos, servicios públicos precarios y el reclutamiento forzado de menores para los ejércitos ilegales.

Y no llega porque perdió el control territorial; en consecuencia, a nosotros nos toca vivir en una región aparentemente rica en dólares debido al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el secuestro; una riqueza criminal engañosa porque circula exclusivamente entre actores armados y paladines de cuello blanco que operan fuera del Cauca. A nosotros nos dejan la miseria y la degradación de la calidad de vida. Por eso, necesitamos que el Estado llegue.

Lo que sí llega siempre es el ritual: se mantiene puntual y predecible; tras el hecho de sangre, los representantes autorizados del Estado convocan la reunión solemne, el consejo de seguridad; redactan palabras de condena y firman compromisos vagos sin mecanismos reales de rendición de cuentas. Ese lavatorio de manos garantiza que la próxima tragedia ya tenga la vía libre para ejecutarse.

Entonces, el incumplimiento de la Constitución dejó de ser una discusión jurídica abstracta para convertirse en una realidad que se paga con vidas.

El deber de proteger a los ciudadanos se garantiza únicamente con presencia sostenida en el territorio, con inteligencia aplicada y con decisiones oportunas tomadas antes de la crisis. Cuando eso no ocurre, el Estado llega tarde y cuando ya no puede cumplir lo esencial.

Todo lo demás, lo que llena los comunicados oficiales que emergen de esos consejos de seguridad tardíos, es pura paja.

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