Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado, CNE y otras.
La Registraduría Nacional avaló el comité promotor de la consulta popular para una eventual Asamblea Constituyente.
El dato es incómodo para quienes han vivido décadas blindados por un orden institucional diseñado para no tocarse.
Por eso reaccionan con pánico, sarcasmo y amenazas veladas.
Saben que, si el pueblo pregunta, puede también decidir.
Y hay una pregunta que los desvela más que todas: la reforma profunda a la Justicia.
Porque la Justicia en Colombia dejó hace rato de ser un poder independiente.
Hoy es un aparato politizado, cooptado y funcional a las élites económicas, políticas y judiciales que gobiernan sin haber sido elegidas.
Las altas cortes no son árbitros neutrales: son parte interesada del régimen que dicen vigilar.
Defienden privilegios que también son los suyos, y lo hacen desde la comodidad de la toga, esa que se invoca como símbolo de honor mientras se usa como escudo de impunidad y corrupción.
No hablamos de errores aislados ni de fallas técnicas. Hablamos de un sistema judicial que garantiza impunidad hacia arriba y castigo hacia abajo.
De un sistema judicial del yo te elijo, tu elijes a mis familiares, todo en familia.
De un sistema judicial con puerta giratoria, los mismos con las mismas.
De magistrados que bloquean reformas votadas por millones, reinterpretan la Constitución según conveniencia de cúpula y convierten la tutela, el reparto y las competencias en herramientas de poder interno.
De cortes que se erigen como poder supremo sin control, sin rendición de cuentas y sin consecuencias.
¿Dónde están las garantías cuando la Justicia actúa con celeridad selectiva?
¿Dónde la independencia cuando los fallos coinciden sospechosamente con los intereses de los mismos sectores que siempre han mandado?
¿Dónde el Estado de Derecho cuando las togas se comportan como actores políticos, pero sin el riesgo del voto ni el juicio ciudadano?
Por eso, una Constituyente sin reforma a la Justicia sería un fracaso.
La pregunta no puede ser tímida ni técnica.
Debe ser directa, incómoda y radicalmente democrática:
¿Quiere el pueblo colombiano desmontar un sistema judicial capturado por élites y reconstruir una Justicia que responda a la ciudadanía y no a los privilegios?
Las altas cortes no temen a la Constituyente por amor a la Constitución. La temen porque por primera vez podrían ser miradas, evaluadas y reformadas desde abajo, por quienes han sufrido su lentitud, su arrogancia y su silencio cómplice. Temen perder el monopolio de la interpretación, el blindaje corporativo y la impunidad elegante que se esconde tras el lenguaje jurídico.
Sin Justicia no hay democracia, pero con esta justicia tampoco.
Sin una reforma estructural del poder judicial, Colombia seguirá atrapada en una democracia formal con resultados oligárquicos.
El aval de la Registraduría abrió una puerta.
Ahora, el desafío es no permitir que la consulta evite el corazón del problema. Si la Constituyente no se atreve a tocar a las altas cortes, no será refundación: será simulacro.
Y el pueblo ya está cansado de simulaciones.
Así las cosas, la reforma a la justicia debe ser sin lugar a dudas una pregunta obligatoria en una posible Asamblea Constituyente.
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