El poder y sus herederos: lo que Colombia decide el 21 de junio

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No estamos eligiendo solo a un gobernante. Estamos decidiendo quiénes somos y qué queremos seguir siendo.

EFQC

Colombia ha entrado en la recta final. El 31 de mayo, los colombianos enviaron al balotaje a dos figuras que encarnan las antípodas de un país profundamente fracturado: Abelardo de la Espriella, abogado excéntrico, empresario y candidato de Defensores de la Patria, con el 43,8 % de los votos; e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,9 %. El 21 de junio no es solo una fecha en el calendario electoral. Es el momento en que la sociedad colombiana se mira al espejo y responde, con su voto, una pregunta que trasciende los nombres en la tarjeta: ¿qué hará con el poder quien llegue a gobernarnos?

Pero hay una pregunta anterior, más urgente y más incómoda: ¿es el poder, en sí mismo, el instrumento adecuado para transformar una sociedad? Michel Foucault nos enseñó que el poder no reside solo en quien ocupa el palacio, sino en el conjunto de mecanismos a través de los cuales los sujetos se constituyen a sí mismos, legitiman sus deseos y normalizan su sometimiento. Lo que está en juego el 21 de junio no es solo quién firma los decretos. Es la pregunta más honda de todas: ¿quiénes somos nosotros, y cómo llegamos a ser lo que actualmente somos?

La respuesta a esa pregunta requiere mirar hacia abajo, no hacia arriba. La profundización de la inequidad en las últimas décadas ha hecho que millones de colombianos vivan en condiciones más precarias que las de sus padres. La informalidad laboral, el deterioro del poder adquisitivo, la imposibilidad del ahorro, las barreras al acceso a salud y educación de calidad, la vivienda como quimera: estas no son anomalías del sistema, son su funcionamiento regular. No son pocos quienes sostienen dos o tres empleos para apenas subsistir, mientras la fatiga crónica se ha convertido en el estado emocional de la mayoría y la salud mental, en un lujo. La meritocracia pierde creyentes con cada día que pasa. El fracaso ya no se puede seguir explicando como una falla individual cuando el sistema está diseñado para que pocos ganen y muchos aguanten.

Es en este paisaje de agotamiento social donde irrumpe la figura de De la Espriella, a quien sus seguidores llaman “el Tigre”. Su movimiento no surgió de una trayectoria política convencional, sino del espectáculo, el dinero propio y un relato de redención patriótica construido detrás de un cristal antibalas. Su programa, bautizado pomposamente como “El milagro de los nunca”, toma como referentes a Nayib Bukele y a Javier Milei. Propone diez megacárceles, intensificación militar contra grupos armados, abolición de la paz total, reducción del Estado y recorte de regulaciones. Proclama que “la paz no se negocia, se impone” y en su primer discurso el 31 de mayo anunció que defenderá “la democracia por la razón o por la fuerza”. Obsérvese bien esa última expresión: es la lógica autoritaria disfrazada de republicanismo.

Conviene nombrar lo que se ve. El fenómeno De la Espriella comparte rasgos estructurales con los fascismos históricos que sería irresponsable ignorar: organización social jerarquizada, exclusión de la disidencia, discurso patriótico y militarizado, apelación emocional a las clases populares a las que simultáneamente instrumentaliza, y una retórica de salvación nacional que suprime la complejidad política en favor del caudillo providencial. No es ideología de derecha en el sentido clásico —no ofrece una reflexión liberal o conservadora coherente—, sino algo más peligroso: un populismo de orden que promete proteger a “los buenos” mediante la violencia contra “los malos”, categorías que él mismo define y que pueden ampliarse según convenga. La denuncia al capitalismo global y a las élites convive, sin contradicción aparente, con un programa económico que favorece la concentración de riqueza. Esa tensión no es un error de campaña: es la gramática del fascismo popular.

La democracia, en este escenario, no corre peligro solo si De la Espriella gana. Corre peligro también en el otro camino. Si Cepeda triunfa con el respaldo del proyecto petrista, heredará no solo los logros inconclusos del gobierno actual sino también sus contradicciones: la tensión entre el cambio prometido y las resistencias estructurales del sistema económico, que no acepta ser reformado sin reaccionar. La historia latinoamericana es generosa en ejemplos de gobiernos progresistas que, ante la presión de los poderes económicos y la erosión del apoyo popular, o claudicaron o se radicalizaron. Ninguno de los dos caminos conduce a la transformación. Si Cepeda abandona los intereses mayoritarios para sobrevivir en el sistema, perderá el afecto popular que lo llevó al poder. Si los defiende con convicción, los poderes establecidos apuntarán contra él con todo lo que tienen.

En el lazo actual entre el sistema económico y el sistema político, es el primero el que manda. La democracia electoral puede cambiar quién ocupa la silla, pero raramente altera las condiciones materiales que determinan desde quién puede candidatizarse hasta quién puede financiar una campaña y quién puede sobrevivir cuatro años en el poder sin ser devorado. Eso no es un argumento para la abstención —la abstención es siempre una victoria del statu quo— sino para la lucidez: votar con los ojos abiertos sobre lo que un voto puede y no puede hacer.

El 21 de junio, Colombia elige más que un presidente. Elige el relato con el que va a explicarse a sí misma durante los próximos cuatro años. Un relato de mano dura, patria y orden que requiere enemigos para sostenerse, o un relato de transformación lenta, imperfecta y amenazada que requiere ciudadanos activos para no colapsar. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Pero una de ellas, la primera, cierra puertas que tardan décadas en volver a abrirse.

Lo que no puede hacerse el 21 de junio es votar sin hacerse la pregunta que debemos habernos hecho antes: ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Esa pregunta no la responde el candidato. La responden los que votan, y también los que deciden no hacerlo.

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