
Crónica sobre el poder silencioso que no necesita votos, no hace campaña y permanece en el Congreso mientras todos pasan…
El 20 de julio, mientras Colombia estrenaba Congreso, las cámaras buscaban los saludos calculados, las bancadas nuevas, los discursos de ocasión, los apretones de mano y las sonrisas de victoria. Ayer, mientras se instalaban Cámara y Senado, como siempre ocurre en el Capitolio, el poder se dejó fotografiar de frente.
Pero no todo el poder está donde apuntan las cámaras. A veces no está en el atril, ni en la curul, ni en la mesa principal. A veces camina por los pasillos con una discreción casi perfecta, firma documentos, conoce los resortes internos de la corporación y sobrevive a todos los gobiernos, a todas las mayorías, a todas las oposiciones y a todos los discursos de renovación.
Al entreverarse con los 286 congresistas, uno puede chocar con el funcionario que tiene la remuneración más alta del Estado colombiano. No es el presidente, ni los ministros, ni los propios congresistas. Es un hombre de bajo perfil, sin tarima, sin plaza pública y sin discurso de campaña, que desde una oficina legislativa acumula privilegios que lo convierten en el monarca invisible de la nómina estatal.
Aunque ha sido reelegido quince veces, no gasta fortunas en campaña, no recorre plazas, no pide avales, no entrega volantes ni promete carreteras, seguridad, salud, empleo o redención nacional. No necesita pancartas ni plaza pública. No necesita besar niños, asistir a bazares, cargar liderazgos regionales ni sobrevivir a debates televisados. No tiene que pelear una curul ni poner la cara por una reforma impopular. Nada de esos pequeños problemas mundanos parece rozarlo.
La paradoja es insólita: el hombre que sirve administrativamente al Senado podría ganar más que los propios senadores; el funcionario que opera en los engranajes internos de la corporación podría costarle al Estado más que el presidente de la República; el técnico de la burocracia legislativa supera, según los reportes conocidos, a quienes cargan con la representación política de todo un país.
Los presidentes llegan convencidos de que van a cambiar la historia en cuatro años. Los ministros de que van a transformar su sector mientras los soporten. Los congresistas están convencidos de que solo ellos van a cambiar el país, aunque algunos apenas cambian de camioneta. En cambio, nuestro personaje vive otro calendario. No mide el tiempo en gobiernos ni por períodos: lleva más de cuarenta años en el Congreso, reelección tras reelección. Pertenece a la estirpe silenciosa de los que permanecen.

Es más, el presidente, que se gana unos 55 millones de pesos mensuales, debe atravesar una campaña nacional, exponerse al juicio de millones de votantes, cargar con la polarización y asumir la responsabilidad histórica de cada decisión. El congresista, para devengar entre 48 y 50 millones mensuales, debe resistir la crítica por eso, gastar recursos, recorrer territorios, buscar votos, pedir apoyos, hacer alianzas, aguantar traiciones, ganar enemigos y tolerar la vigilancia pública. El ministro, que apenas recibe entre 24 y 28 millones mensuales, asume el cargo con fecha de vencimiento emocional: puede caer por una crisis, por una reforma, por una mala frase, por un escándalo o por el simple desgaste del gobierno.
Publicaciones nacionales, con base en investigaciones del periodista Alberto Donadío y análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, indican que la remuneración mensual de este tímido personaje supera los 123 millones de pesos, si se suman salario, gastos de representación, primas técnicas, de gestión, bonificaciones, beneficios por antigüedad, quinquenios y regímenes antiguos que ya no cobijan a los trabajadores más recientes.
Este caso una curiosidad mayor sobre la arquitectura del poder. Muestra que la República tiene dos escenarios: uno iluminado, donde aparecen los elegidos, los responsables directos; y otro silencioso, donde se consolidan los permanentes, los que verdaderamente “mandan” a los mandatarios.
El hombre simplemente permanece. Y en un país donde permanecer ya es una profesión, él parece haber hecho doctorado. El intríngulis de esta historia no es tanto ese desorbitante sueldo, es más su fórmula de supervivencia.
Y entonces, cuando uno cree que ya entendió la lógica del poder, aparece la ironía final: el funcionario que más le cuesta al Estado colombiano no es el presidente, ni los ministros, ni los congresistas a los que sirve. No es tampoco el secretario, es el subsecretario.
Saúl Cruz Bonilla, subsecretario general del Senado, lleva más de veinte años en el cargo. Más de cuarenta años como empleado del Congreso. Un hombre discreto, eterno en su cargo, que desde la sombra de la burocracia se convirtió en el verdadero monarca de la nómina estatal: devenga más de 123 millones de pesos mensualmente.
Una obra maestra de la supervivencia burocrática.
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