La estrategia de Uribe para eliminar la posibilidad de un proporcionado juzgamiento en el orden nacional o internacional por sus actuaciones como mandatario, consecuente con la urgencia de desviar la atención sobre todo lo que hizo de su gobierno, presentado por algunos como el más corrupto de la historia de Colombia, y mantener vigente su obsesión de retornar al poder, al cual no puede acceder constitucionalmente, está planteada.
Ha venido demostrando que tiene capacidad para instigar la continuidad de la guerra interna combatiendo cualquier perspectiva de paz del actual gobierno, pues si logra torpedear un acuerdo nacional de cese de la violencia histórica, aprovechará la nueva frustración de la nación colombiana para señalar que a las FARC, su principal comodín para mantenerse vigente, hay que seguir enfrentándolas en hostilidades sin fin, a pesar de perpetuar sus consecuencias: muchos muertos más, mayores índices de pobreza, marginalidad y exclusión, desprotección a las minorías indígenas y afrodescendientes y precaria participación ciudadana en los asuntos públicos, precisamente, los que ya ha venido padeciendo Colombia por su estado de guerra. A Uribe no le conviene que se superen estas circunstancias porque ha venido haciendo creer que sólo él las puede manejar, como único ungido: una guerra a muerte, claro, equilibrada con un asistencialismo desenfrenado a quienes puedan subsistir en las tribunas, el resto de la nación que sigue desarmada.
¿Por qué pensar en esto si Uribe está por fuera cualquier posibilidad constitucional? Su maniobra es azuzar de forma soterrada un hipotético pero arriesgado alzamiento, apoyado por un sector de las fuerzas militares activas y de la reserva, aprovechando la legendaria ignorancia de los sectores populares sobre los entresijos del mundo político y que por su adiestramiento mendicante todavía pueden ser seducidos fácilmente. Con este usufructo intentará darle algún sesgo de legalidad a su proyecto de poder, nutriendo su concepción perseverante y subliminal del Estado de Opinión, que según Uribe, es una forma superior del Estado de Derecho, para demandar directamente las decisiones del pueblo, de las mayorías, presentándose ante el mundo como modelo de demócrata, pero que no atenderá la Constitución ni las leyes, porque han sido redactadas por unos pocos en representación de todos, sino a las decisiones de esas mayorías populares, previamente domesticadas con la obstinada campaña que viene desarrollando. “La invocación a un Estado de opinión no es más que una herramienta dirigida a posibilitar proyectos personalistas en beneficio de las minorías, avalados por la inconciencia de todos”, dijo en un ensayo el relator temático de la Universidad de los Andes, Armando Guio Español, y yo le creo.
