El peligro de hacerle creer a alguien que el poder que tuvo nunca terminó.
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En Colombia y en el mundo entero se utiliza el prefijo “ex” para referirse a quienes ya no ejercen un cargo público.
Se dice expresidente, exgobernador, exalcalde, exministro.
No es un detalle menor ni una simple formalidad lingüística.
Es una manera de reconocer que en democracia el poder tiene límites y duración.
Pero en Colombia ocurre un fenómeno tan normalizado como peligroso: muchos medios de comunicación hegemónicos y buena parte de la extrema derecha continúan llamando “presidente” al expresidente Álvaro Uribe Vélez, aun después de haber dejado el cargo hace años.
Y aunque algunos quieran presentar eso como una costumbre o un gesto de respeto, el lenguaje nunca es inocente.
El lenguaje también construye poder, alimenta relatos y moldea percepciones colectivas.
Porque cuando a un expresidente se le sigue tratando como si aún gobernara, el mensaje político que se transmite es profundamente peligroso: que el poder le pertenece más allá de los límites constitucionales, más allá de las urnas y más allá de la voluntad popular.
Durante años, sectores políticos, económicos y mediáticos han contribuido a sostener la idea de que Uribe sigue siendo el verdadero centro del país, una especie de autoridad permanente alrededor de la cual deben girar las instituciones, la justicia, el Congreso e incluso los gobiernos elegidos democráticamente.
Y ese culto prolongado al liderazgo termina produciendo algo todavía más grave: convencer al propio líder de que nunca dejó el poder.
Cuando una persona acostumbrada al control absoluto escucha todos los días que sigue siendo “el presidente”, que el país aún le pertenece moralmente y que cualquier cambio político representa una amenaza contra “su obra”, termina asumiendo que perder influencia no es parte natural de la democracia, sino un robo, una traición o una persecución.
Ahí nace una de las deformaciones más peligrosas para cualquier sociedad democrática: la incapacidad de aceptar la alternancia.
Porque la democracia exige comprender que el poder es transitorio.
Nadie es dueño de un país.
Nadie tiene derechos hereditarios sobre el Estado.
Ningún liderazgo puede convertirse en una figura eterna ante la cual deban arrodillarse las instituciones.
El problema no es únicamente cómo llaman a Uribe.
El verdadero problema es el proyecto cultural y político que existe detrás de ese tratamiento: hacer creer que Colombia no puede existir sin él, que cualquier gobierno distinto es ilegítimo y que toda decisión que no responda a sus intereses constituye una agresión personal.
Y eso es profundamente antidemocrático.
Las democracias sanas no construyen propietarios del país.
Construyen ciudadanía, instituciones y límites al poder.
Porque cuando una sociedad comienza a actuar como si un líder nunca hubiera dejado el trono, deja de comportarse como una democracia y empieza a parecerse peligrosamente a una monarquía disfrazada de república.
Acabamos de ser testigos, a través de distintos medios de comunicación, de la airada reacción del expresidente Uribe Vélez frente a un mural ubicado a kilómetros de su residencia.
Porque, en honor a la verdad, es importante aclarar que aquella obra no estaba en su casa, ni frente a su casa, ni atentaba contra su propiedad.
Era un mural lejano físicamente, pero cercano a una memoria histórica que algunos sectores quisieran borrar.
Sin embargo, la reacción fue desproporcionada.
Y ahí vuelve a aparecer el problema de fondo: cuando durante años se le hace creer a una figura política que sigue siendo “el presidente”, termina asumiendo que posee autoridad moral sobre todo el espacio público, incluso sobre las expresiones artísticas, la memoria colectiva y las voces que cuestionan una época dolorosa del país.
El mural no era solamente pintura sobre una pared.
Era también un recordatorio de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de Colombia, una memoria incómoda para quienes preferirían el silencio antes que la reflexión.
Pero en democracia la memoria no se destruye a punta de indignación ni de poder simbólico.
La memoria existe precisamente para evitar que los pueblos repitan sus tragedias.
Y resulta profundamente preocupante que una expresión artística termine generando una reacción propia de quien siente que todavía puede decidir qué se recuerda y qué debe desaparecer del relato nacional.
Porque ese es justamente el riesgo de idolatrar el poder: algunos terminan creyendo que no solo gobernaron el país, sino que también son dueños de su memoria.
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