CRÓNICA DE UNA INVESTIGACIÓN (I)
El oscuro expediente de la CEO:
cuando la oscuridad cuesta dinero y vidas
Desde Proclama del Pacífico hemos iniciado un recorrido exhaustivo y documentado por los 38 municipios del departamento del Cauca donde la Compañía Energética de Occidente (CEO) distribuye y comercializa energía eléctrica. Esta operación se realiza en virtud del Contrato de Gestión celebrado con Centrales Eléctricas del Cauca (Cedelca), un acuerdo que abarca los componentes administrativo, operativo, técnico y comercial, y que utiliza la infraestructura pública propiedad de Cedelca. Sin embargo, lo que debía ser una gestión moderna para garantizar un servicio esencial, hoy arroja un saldo rojo de incumplimientos.
En esta primera entrega, nos enfocaremos en los hallazgos provenientes de dos municipios, El Tambo y Sucre, y en la contundente fiscalización realizada por el representante a la Cámara Jorge Bastidas Rosero. Los documentos recopilados constituyen el inicio de un acervo probatorio que busca determinar si existen causales para la terminación anticipada de un contrato vigente hasta el 2035, pero que hoy parece insostenible.
El Tambo: «No más reuniones, queremos luz»
El primer expediente llega desde El Tambo. Allí, el alcalde José David Montenegro Prado ha tomado una decisión radical: no convocar más reuniones con la CEO. La razón es el hastío ante el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en mesas de trabajo, como la del pasado 6 de agosto de 2024.
La situación en El Tambo trasciende la molestia; es una crisis humanitaria. Los reportes documentan cortes de energía que se han prolongado hasta por cinco meses en ciertos sectores. El drama tiene rostro propio: habitantes como Eiver Alonso Medina, en la vereda Betania, ven peligrar su vida porque dependen de equipos de diálisis que no funcionan sin electricidad.
La infraestructura, que la CEO debe administrar y mantener, se cae a pedazos. En veredas como Río Sucio y Juntas (Huisitó), postes de madera podridos amenazan con caer sobre escuelas y caminos veredales. A pesar de las visitas técnicas y las promesas de reubicación, la respuesta operativa es nula, dejando a la población bajo un riesgo inminente.
La Alcaldía cumple un papel de “buzón oficial”: recibe quejas, las remite a la empresa y pide solución. Sin embargo, en su respuesta al derecho de petición dirigido por Proclama del Pacífico, el propio alcalde reconoce un límite: no tiene competencia directa para intervenir la infraestructura ni el modelo tarifario de la concesionaria. Ese rol lo tiene la SSPD, pero los perjuicios sí se quedan en el territorio.
Sucre: La incertidumbre como norma
Al sur del departamento, la Secretaría de Gobierno de Sucre, encabezada por Jairo Mauricio Chilito, ha levantado su voz ante la falta de transparencia técnica. En este municipio no solo se va la luz; se va la información.
Entre las gestiones se destacan solicitudes de información técnica detallada sobre las causas de las frecuentes interrupciones, exigencia de cronogramas oficiales de suspensiones programadas, con fechas, horarios y sectores, requerimientos para que la empresa precise hasta cuándo piensa mantener las interrupciones, y llamados para que toda suspensión sea notificada con anticipación razonable, por canales claros y verificables.
La administración de Sucre va más allá del trámite: reconoce que ya tiene documentadas afectaciones a actividades comunitarias y administrativas, comercio (pérdida de productos que requieren refrigeración), sector educativo, y economía doméstica, sobre todo en zonas rurales.
El municipio está consolidando un informe de impactos económicos y sociales, que servirá como insumo para futuras gestiones ante la CEO y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
La Alcaldía deja clara su posición: está abierta a que se revisen los cumplimientos contractuales de la empresa y dispuesta a respaldar los procesos que se inicien.
Jorge Bastidas: La lupa sobre la facturación
Mientras los alcaldes lidian con la falta de servicio, el representante a la Cámara Jorge Bastidas Rosero ha puesto el dedo en la llaga financiera y legal. Su gestión de control político ha escalado hasta la Superintendencia de Servicios Públicos con denuncias graves que cuestionan la legalidad de los cobros de la empresa.
Bastidas ha logrado la apertura de investigaciones formales por tres hallazgos que golpean el bolsillo de los caucanos:
Cobros indebidos de reconexión: La CEO estaría cobrando tarifas de reconexión sin detallar costos de mano de obra y transporte, violando la Resolución CREG 225 de 1997.
El negocio de la «reconexión remota»: Se denuncia el cobro de aproximadamente $38.632 por la reconexión de medidores inteligentes (AMI). Lo inaudito es que este procedimiento se realiza remotamente desde un centro de control, sin despliegue de operarios. La regulación prohíbe este cobro, pero la empresa intenta justificarlo cargando costos de «software» al usuario.
La sombra de la UTEN: Se investiga la legitimidad de la «Unión de Trabajadores de la Industria Energética (UTEN)» como representante de las comunidades en las llamadas Zonas Especiales, figura que operaría sin la debida elección popular ni el aval de los alcaldes, contraviniendo el Decreto 111 de 2012.
Bastidas es claro en su postura política: si se comprueba el incumplimiento sistemático de la regulación, la concesión debe revisarse a fondo; no avala la continuidad de un modelo que “asfixia al departamento”; y está dispuesto a apoyar terminación, intervención o reversión, siempre que haya fallos sancionatorios que lo respalden.
Conclusión preliminar
Este primer informe revela un patrón inquietante: alcaldes ignorados, infraestructura deteriorada, pacientes en riesgo y una facturación bajo sospecha de ilegalidad. La investigación continúa y seguiremos recorriendo el mapa del Cauca para documentar, municipio por municipio, la realidad de un servicio que, lejos de generar desarrollo, está apagando las oportunidades del departamento.
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