El norte del Cauca y la Jurisdicción Especial para la Paz
Hablar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es hablar de una de las consecuencias del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Su función, administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos por todos los actores armados en el marco del conflicto colombiano. Su fundamento, cuatro pilares: verdad, justicia, reparación y no repetición.
El norte del Cauca se convierte en noticia. La JEP se desplaza a la región para investigar lo ocurrido en el marco del conflicto armado entre 1993 y 2016, en los municipios de Santander de Quilichao, Buenos Aires, Suárez, Caloto, Corinto, Miranda, Jambaló, Caldono y Toribío. El resultado, conocer los victimarios responsables de actos violentos como asesinatos, desapariciones, atentados y desplazamiento forzado.
¿Qué pasó en el norte del Cauca en esos años?
El 16 de diciembre de 1991 en la Hacienda El Nilo, ubicada en El Palo, un grupo de paramilitares, junto a algunos miembros de la Policía Nacional, asesinaron a 21 indígenas Nasa, quienes la habían recuperado porque hacía parte de sus territorios ancestrales. A partir del 18 de diciembre miles de indígenas la mantienen ocupada. El 29 de julio de 1998, Ernesto Samper Pizano efectuó un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Caloto. El acceso desigual de la tierra es una de las causas fundamentales del conflicto armado, lo que le da un carácter agrario, que sigue siendo centro del debate y que el norte del Cauca lo padece.
Entre el 10 y el 13 de abril de 2001 los paramilitares, al mando de José Everth Veloza García, alias HH, asesinaron en la comunidad del Naya a más de 100 personas, en su mayoría indígenas Nasa, situación que provocó el desplazamiento habitantes de la región. La cuenca del Naya es importante por su posición geográfica y la riqueza de recursos que posee. La masacre del Naya sirve para fortalecer la idea de que la guerra en Colombia inició con las luchas por la tierra y acabó en una lucha por las bonanzas. El enriquecimiento ilegal de una región tiende tanto a aumentar las tensiones sociales, como a atraer los aparatos armados. Explica de igual manera cómo las acciones armadas en Colombia han tendido a expandirse hacia regiones donde van surgiendo las riquezas: desde las agropecuarias, pasando por las mineras y terminado en las bonanzas de la coca y la heroína.
El 10 de noviembre de 2001 los paramilitares del Bloque Calima asesinaron a 13 indígenas en Gualanday, zona rural de Corinto. En 2006, en el marco de la Ley 975, el paramilitar Armando Lugo, alias El Cabezón, confesó que un informante avisó que guerrilleros se trasladaban por la vía de Corinto y se ordenó la masacre. Las víctimas no tenían vínculo con la guerrilla, la mayoría era parte de la guardia indígena y a la Junta de Acción Comunal de Las Cruces.
El 8 de julio de 2011 estallaron, simultáneamente, una chiva y un carro bomba en Toribío y Corinto. En el primer municipio murieron cinco personas, un centenar de heridos, y 460 casas destruidas y, el segundo, 20 personas heridas. Los responsables, el Sexto Frente de las Farc.
Entre 1993 y 2016 han sido asesinados sistemáticamente líderes sociales y políticos. A esta desdicha se suma el problema de no tener cifras consolidadas. Éstas dependen de la entidad que lleve el registro y de su metodología. Lo importante es que la JEP podría aclarar cuáles fueron los móviles, autores y estrategias de los asesinatos durante ese periodo de tiempo.
Por último, un asunto presente en todos los años de conflicto armado en el norte del Cauca tiene que ver con los cultivos de marihuana y la comercialización de la cocaína. Explica lo anterior la lógica del rentismo. El crecimiento del aparato militar de guerrillas y paramilitares desencadenó un círculo vicioso: un aparato más grande demanda más recursos para la guerra y a la vez puede usarse para obtener más recursos para la guerra. Esta lógica perversa cada vez fue mayor y llevó dos tipos de distorsión: a cambiar la guerra política por la guerra económica, y que las ideologías fueron desplazadas por el afán de lucro. La JEP podría esclarecer cómo funciona el negocio en su totalidad.
La violencia extendida durante estos años y su creciente degradación han generado impactos y daños catastróficos para las comunidades. Las huellas son complejas, de diverso orden y tamaño. Es frecuente que los daños causados por las guerras se midan por el número de muertos y la destrucción material que provocan. Pero la perspectiva de las víctimas muestra otros efectos incuantificables e incluso invisibles. Estos daños han trastornado profundamente los proyectos de vida de miles de personas; y han mutilado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han agrietado el desarrollo democrático.
El desplazamiento de la JEP al norte del Cauca es un hecho histórico importante para todas las víctimas de este conflicto armado, largo y degradado, quienes durante muchos años han sido desconocidas detrás de los discursos legitimadores de la guerra. Las víctimas no son un efecto secundario de la guerra, son el núcleo ordenador de ésta.
**************************************
Otras publicaciones de este autor: http://www.proclamadelpacifico.com/tema/noticias-proclama-del-cauca/opinion/guido-german-hurtado-vera/
