La noche del domingo 5 de abril, varios hombres armados entraron a un establecimiento comercial en la vereda Obando, zona rural de Guachené, y dispararon contra quienes estaban adentro. Olver Carabalí, de 70 años, y Fanor Carabalí, de 57, murieron en el lugar. James Uriel Vivas Tróchez, de 66 años, alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial y murió minutos después por la gravedad de sus heridas. Un joven quedó herido. Los atacantes huyeron con algunos objetos robados. Esta madrugada del 21 de abril, Guachené vuelve a registrar otra masacre que deja tres personas sin vida en la vereda La Cabaña.
Por Unidad Investigativa Proclama del Pacífico / En 2025, Guachené registró 49 homicidios. La cifra la reportó la Defensoría del Pueblo y ya era, por sí sola, una señal de alarma. En lo corrido de 2026, los hechos violentos no se detuvieron. El 17 de febrero, en zona rural del mismo municipio, fue asesinada Carmen del Socorro Cabrera, adulta mayor que vivía sola. La comunidad de la vereda 5 y 6 la encontró sin vida en su residencia cuando notaron su ausencia y fueron a verificar. Días antes de la masacre del 5 de abril, un menor de edad también había sido asesinado en el municipio.
Los homicidios vienen acompañados de un patrón que la Defensoría del Pueblo documentó: amenazas sistemáticas, restricciones a la movilidad, confinamiento de comunidades enteras, desplazamiento forzado de familias que salieron del territorio para conservar la vida, y amenazas directas contra líderes sociales. La pandilla Los 5 y 6 opera con suficiente control territorial como para anunciar públicamente que volverá a atacar la vereda Obando. Esa amenaza circuló en redes sociales y la comunidad la tomó en serio porque ya tiene muertos que la anteceden.
El confinamiento tiene una dimensión que va más allá del miedo cotidiano. Las familias afrodescendientes de Obando no pueden realizar sus rituales funerarios con normalidad. El duelo, que en la cultura afrocolombiana es un acto colectivo y central para la cohesión comunitaria, quedó suspendido por el riesgo de nuevos ataques. La violencia también interrumpe los mecanismos culturales con los que una comunidad procesa la pérdida y se sostiene.
Más de ochenta estudiantes dejaron de asistir a la escuela. Ochenta niños y jóvenes fuera del sistema educativo en un municipio que ya arrastra condiciones de precariedad estructural. Cada semana que pasa consolida una deserción que difícilmente se revierte con una sola intervención institucional.
El 6 de abril, un día después de la masacre, habitantes de Obando instalaron un plantón en el peaje de Villa Rica. La exigencia era concreta: presencia real del Estado, no comunicados de rechazo. El Concejo Municipal de Guachené emitió un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas y un llamado a las autoridades. El alcalde Wilinton Mina Vidal acompañó a la comunidad y exigió públicamente una presencia sostenida de la fuerza pública y una intervención integral con inversión social.
El plantón derivó en una mesa de diálogo con compromisos formales. Esa mesa tuvo seguimiento posterior en Bogotá, con participación del Ministerio de Defensa Nacional. La Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, acompañó el proceso y registró los acuerdos. Los temas centrales que se abordaron fueron justicia restaurativa, construcción de paz y acciones sociales de alto impacto.
El gobierno llega al territorio
El 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, una comitiva del Gobierno Nacional llegó a Guachené. Participaron el Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, alcaldes del norte del departamento y organizaciones comunitarias. El delegado de la Presidencia de la República, Lucio Muñoz, identificó con precisión el nudo central del problema: prevenir la renovación generacional en el conflicto. Su diagnóstico señala que el fenómeno no se resuelve solo con fuerza pública sino con una política pública de largo aliento que actúe simultáneamente en lo urbano y lo rural, con educación, bienestar familiar, cajas de compensación y sector privado.
La Secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán Gallardo, lo dijo con una franqueza poco habitual en el lenguaje institucional: las comunidades están cansadas de que los gobiernos les mientan. Perafán reconoció que la fuerza pública sola no alcanza, que la inversión social es necesaria, que los jóvenes necesitan redes de socialización distintas a las que ofrece la violencia. Mencionó infraestructura deportiva, mejoramiento de vías, espacios de encuentro. Señaló que Puerto Tejada tiene experiencias de recuperación de jóvenes que pueden servir como insumo para lo que se diseñe en Guachené.
La Mesa de Trabajo Interinstitucional quedó instalada con el compromiso de convertirse en un espacio permanente. La agenda de corto, mediano y largo plazo está en construcción.
Lo que el Estado todavía no nombra
Las reuniones reconocen la magnitud del problema. Los funcionarios hablan de renovación generacional del conflicto, de jóvenes que necesitan alternativas, de inversión social. Ese diagnóstico apunta en la dirección correcta, pero se detiene antes de llegar al núcleo.
La violencia que destruye a Guachené no responde con claridad a los patrones del conflicto armado organizado que Colombia conoce. Los 5 y 6 no son una estructura con proyecto político ni con economía ilegal de gran escala que justifique su poderío. Son jóvenes para quienes el arma de largo alcance se convirtió en el único instrumento disponible para sentir poder, para ocupar un lugar en el mundo, para provocar en los demás una reacción que ninguna otra actividad en el territorio genera. La muerte del vecino, del compañero, del conocido de siempre, produce en ese universo emocional una sensación de dominio que la institucionalidad no ha sabido competir con nada concreto.
Mientras ese diagnóstico no se haga explícito, las intervenciones seguirán siendo parciales. La fuerza pública captura o elimina individuos pero no modifica las condiciones emocionales y sociales que producen los siguientes. La inversión social opera en tiempos que la urgencia actual no admite como respuesta única. Lo que falta es una intervención psicosocial sostenida, con profesionales en salud mental con presencia real en el territorio, con conocimiento de la cultura afrocolombiana y con capacidad de trabajar en condiciones de riesgo. Y junto a esa intervención, una inversión económica focalizada en esos grupos juveniles concretos, no en la juventud en abstracto, que ofrezca actividades con la misma carga emocional que hoy solo encuentran en la violencia. Deporte de alto rendimiento, artes, oficios técnicos con proyección real, emprendimientos con acompañamiento sostenido. Escenarios que puedan competir con la guerra, pero solo si llegan con recursos suficientes y con gestores que conozcan el territorio.
Obando espera
La vereda Obando tiene muertos sin duelo, niños sin escuela y familias que no salen de sus casas. Tiene una lideresa, Dalia Patricia Viafara Lucumí, que habló ante el Gobierno Nacional con valor y con miedo al mismo tiempo. Tiene una comunidad que bloqueó una carretera porque era lo único que le quedaba para ser escuchada.
Las reuniones ocurrieron. Los compromisos quedaron escritos. La Mesa Interinstitucional existe.
Lo que Obando todavía espera es que todo eso se traduzca en algo que se sienta en la vereda: un joven con opciones reales, un funeral que pueda hacerse sin miedo, un niño que vuelva a la escuela.
Mientras eso no ocurra, la comunidad seguirá secuestrada por la violencia en su propio territorio.
La Cabaña, 21 de abril
Mientras esta crónica se publicaba, Guachené sumó tres muertos más. En la madrugada de este 21 de abril, un nuevo ataque armado en la vereda La Cabaña dejó tres personas sin vida. La secuencia es ya conocida: días antes, la comunidad había bloqueado la vía Panamericana para exigir respuestas. Vinieron las reuniones. Se anunciaron acciones. La violencia no esperó los resultados.
Enero, febrero, marzo, abril. Veredas distintas, víctimas distintas, el mismo municipio. La Cabaña se suma a Obando en una geografía del dolor que se extiende por todo el territorio de Guachené sin que ninguna de las mesas instaladas, ninguno de los compromisos firmados ni ninguna de las comitivas llegadas desde Bogotá haya podido detenerla.
La pregunta que Obando dejó abierta al final de esta crónica tiene ahora una respuesta provisional: mientras el Estado termina de construir su agenda de corto, mediano y largo plazo, en La Cabaña hay tres familias que esta madrugada empezaron a contar sus muertos.
