EL FUERO MILITAR
Por Leopoldo de Quevedo y Monroy
Colombiano
Acabo de leer la entrevista que hizo Yamid Amat al presidente de la Comisión mixta de seis miembros nombrada para estudiar y redactar una propuesta intermedia a la que existe, – que ha sido muy cuestionada –. Que no vaya en contra de lo prescrito por el Derecho Internacional Humanitario cuando entren en combate los grupos armados que luchan contra las políticas del Estado y los militares que defienden el régimen.
Está sucediendo últimamente que todo lo que ocurre en materia penal – y algo en la administrativa -, se empiezan a filtrar hacia el exterior, las razones o los movimientos internos de las causas que se cuecen en el seno de los Despachos y debates.
Eso puede ser saludable si es para airear lo confuso o para enterar a la opinión pública. O, para darle lugar a la transparencia a los grandes problemas que angustian a la sociedad.
Cuánto tranquilizaría al país que los permisos mineros, que los contratos o concesiones que se adjudican se dieran a conocer por anticipado. Que no se concedieran a “uniones temporales” hechas o a “consorcios” surgidos de unos cuantos “amigos” en dos o tres días en una notaría, sin experiencia, sin recursos técnicos, sin respaldo financiero, con interventores que reciben obras a medias.
Obvio que los Ministerios o las nuevas “Agencias” que han aparecido ahora han nacido hiperactivas y dan licencias y otorgan contratos en un minuto. Y luego en invierno o en los periódicos y noticieros empiezan a brotar los derrumbes en las carreteras o los desfalcos en entidades.
¿A qué hora se desbancó un talud ya recibido o antes de entregarlo y los contratistas se quedan impasibles? ¿Para dónde se fueron los anticipos y por qué las adiciones para poder continuar la obra? ¿Acaso no se hicieron los pliegos de la licitación calculando los imprevistos y conociendo las características del terreno? ¿Cuál es la idoneidad y hasta dónde llega la responsabilidad civil y penal de los interventores? No conocemos hasta ahora algo al respecto.
Está bien que el resultado de las discusiones de asuntos graves que interesan a la sociedad sean públicos para que haya transparencia y se blinde el erario de cualquier asalto y la fe en las instituciones.
Se pregunta uno si lo que dijo el Presidente Manuel Cepeda es sacar a la luz una discusión no muy convincente y que se pretende airearla para ver si cuaja. ¿No sería mejor que antes de divulgar esto que se tiene pensado hacer, se consultara primero con organismos internacionales? Que no vaya a pasar luego que se envíen las conclusiones en este estado al Congreso, éste las apruebe y luego la Corte Penal Internacional u otras instancias expresen sus reparos. Está en juego, nada menos, que la reforma de la Constitución política. No cabe la precipitación.
Buen momento para hacer un alto y repensar si la Comisión está algo desequilibrada en su conformación y quiere terciar más a un lado interesado que a darle solución a un diferendo a todas luces incómodo, como es que quede abierto un boquete a la impunidad.
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