El domingo 28 de septiembre, Día Internacional del Derecho a saber o del Acceso a la Información
En el año 2002, durante un encuentro internacional de organizaciones no gubernamentales que promueven el acceso a la información pública, realizado en Sofía, capital de Bulgaria[1], se creó la red de defensores del acceso a la información, postulándose el 28 de septiembre como el día internacional del derecho a saber, con el propósito de reconocer la importancia de este elemento esencial de la vida democrática, y estimular acciones para combatir y superar los obstáculos que violan el derecho a saber o el acceso a la información pública y coadyuvar en la disminución de la corrupción.
Teniendo en cuenta que la transparencia es ya patrimonio universal y que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo de las comunidades, en nuestro país, la alianza Más Información Más Derechos[2], formuló una propuesta para un proyecto de Ley Estatutaria de Acceso a la Información que se adaptara a la Constitución del 91 y a los estándares internacionales, que luego del proceso legislativo se convirtió en la Ley 1712 de 2014, o de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que todas las entidades del Estado deben hacer máxima publicidad y poner a disposición información pública para los ciudadanos, que sea útil en cuanto a contenido, oportunidad, veracidad, lenguaje y medios de acceso.
Esta Ley fue sancionada por el presidente de la República Juan Manuel Santos el 6 de marzo de 2014. Establece el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental por lo cual las entidades no solamente deben responder a las solicitudes expresas de información de los ciudadanos, sino también divulgarla proactivamente y responder a los requerimientos de forma rutinaria, proactiva, actualizada, accesible y comprensible.
Con esta norma los órganos de control, los partidos políticos, los movimientos significativos de ciudadanos, los contratistas del Estado y las prestadoras de servicios públicos, y todo particular que gestione recursos públicos, como las cámaras de comercio o las EPS, también estarán obligados a brindar información.
Según la Constitución y la Ley 1712 de 2014 todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública por lo que la solicitud de un ciudadano debe ser tomada en cuenta y debe responderse. La solicitud puede realizarse mediante escrito físico, correo electrónico, llamada telefónica o visita a las oficinas.
Ahora las entidades no pueden rechazar solicitudes de información por discrecionalidad, deben presentar la carga de prueba con los argumentos para reservarla, y sólo pueden negar la información si al revelarla se violan otros derechos, si está explícito en una ley que esa información es reservada (no en una norma de un rango inferior) o si el daño al hacerla pública es mayor que el que causa manteniéndose en secreto. Todo esto lo deben informar por escrito para justificar la negación.
Si las razones no son válidas y no se está de acuerdo con la negativa, puede imponerse una tutela por ser un derecho fundamental.
Actualmente, en Colombia, muchos ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos desconocen los alcances, y en muchos casos, la existencia del derecho de acceso a la información pública, por eso, este domingo 28 de septiembre debería aprovecharse para pedirles a todas las personas que se conviertan en promotores de este derecho fundamental, que lo divulguen y lo utilicen. El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, posibilita el control de la gestión pública y la toma de mejores decisiones mientras se previene la corrupción.
El derecho de acceso a la información es de todos, no tiene costo, además, es una herramienta fundamental para el control social de las actividades del Estado, para que no haya secretos sobre el interés público.
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[1] Asistieron, entre otros: Kosovo, Reino Unido, Rumania, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Armenia, Perú, India, Estados Unidos, Serbia y Montenegro, África del sur, República Checa, Letonia, Rusia, México.
[2] Conformada por Transparencia por Colombia, Dejusticia, la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa), el Proyecto Antonio Nariño (PAN) y Corporación Ocasa.
