El Cauca en estado de emergencia
El Cauca en estado de emergencia
No podemos esperar más
El departamento del Cauca arde. No es una metáfora, es el grito ahogado de sus habitantes civiles, atrapados en fuego cruzado, que claman por una intervención urgente del Estado, pero que llegue libre de discursos estériles y estrategias inconclusas.
Los ataques del 26 de marzo fueron otra radiografía de nuestro infierno cotidiano. Los municipios de Cajibío, Toribío, Caldono, Corinto, Miranda, Santander de Quilichao, Piendamó, Suárez y Patía, de nuevo fueron escenario de ataques armados, detonaciones con drones, motocicletas bomba, hostigamientos simultáneos, enfrentamientos urbanos, y lo peor: la reiterada utilización de la población civil como escudo o blanco. Hay niños heridos, estudiantes sin clases, comercios cerrados, soldados muertos, civiles mutilados y una región entera sumida en el terror cotidiano.
Todo esto ocurre en medio de una conmemoración que no debe tener cabida en el calendario de una democracia: el aniversario de la muerte de alias “Tirofijo”, celebrado con sangre por las disidencias de las Farc. Más de cuarenta personas resultaron heridas solo en Piendamó. En Suárez, otra niña fue reclutada a la fuerza. En Patía, un soldado fue asesinado por una motocicleta bomba. Y la lista sigue.
No estamos ante una serie de hechos aislados, sino frente a una estrategia sistemática de terror, control territorial y sometimiento de la población civil. La economía ilegal, sustentada en el narcotráfico y el reclutamiento forzado, ha ocupado el espacio que el Estado abandonó. Y en este escenario, los ciudadanos que no portamos armas, que no hacemos parte de ninguna estructura armada, quedamos atrapados entre la criminalidad que impone su ley y la inacción oficial que permite su avance.
El pueblo caucano está exhausto de exigir lo mínimo: seguridad, presencia institucional efectiva, y respeto por la vida. Ya no basta con anunciar estrategias diseñadas en inútiles consejos de seguridad. Es hora de resultados concretos. Las familias desplazadas, los niños sin escuela, los agricultores que no pueden salir a sus veredas, los soldados que caen en servicio, todos claman justicia y acción. Pero también verdad: necesitamos que los actores armados digan hasta cuándo seguirá este sometimiento, para saber a qué atenernos, qué proteger, y cuál es el costo real de vivir en el Cauca.
Esta no es una guerra lejana. Esta es la tragedia que se vive todos los días en los caminos de tierra, en los parques escolares, en los mercados municipales. Y no hay plan de paz que justifique la entrega total de una región al miedo.
Si el Estado no puede proteger al Cauca, que al menos tenga la decencia de reconocerlo. Y si puede, que lo demuestre con hechos, porque el Cauca no es un «territorio en conflicto», es un laboratorio de la impunidad.
Mientras el Cauca sigue sepultando a sus muertos y curando las heridas de una guerra que no eligió, llega otro anuncio: la I Cumbre de Seguridad Regional del Pacífico, convocada por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para este viernes 28 de marzo. Allí estarán los ministros de Defensa y del Interior, los altos mandos militares y los gobernadores de la región.
Ojalá que esta cumbre sea el punto de partida de una estrategia real, eficaz y sostenida para devolverle la tranquilidad a un suroccidente que ya no puede seguir viviendo entre escombros y promesas.
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