Imagínese que usted tiene una deuda en el banco, un crédito de vivienda, un préstamo del carro o una tarjeta de crédito. Hoy amaneció pagando más por esa deuda. No porque usted haya pedido más dinero. Sino porque el Banco de la República, que es el banco de todos los bancos en Colombia, decidió subir la tasa de interés al 11,25%.
¿Qué significa eso en la vida real?
Que el dinero se volvió más caro. Que si usted quería pedir un crédito para montar un negocio, comprar una nevera o pagar un semestre universitario, hoy le cobran más por ese préstamo. Que si ya tiene una deuda a tasa variable, su cuota mensual subió sin que usted lo decidiera.
¿Quién gana con eso? Los bancos. Porque prestan dinero más caro y cobran más intereses. ¿Quién pierde? Usted. El tendero. El campesino. El empleado. El pequeño empresario. Todos los que necesitan crédito para vivir y producir.
Esa es la realidad del ciudadano de a pie desde esta mañana. Ahora viene la pregunta que los economistas evitan porque los incomoda: ¿es la economía una ciencia exacta e inmutable, o es un instrumento social que quienes tienen el poder de aplicarla moldean según sus intereses? La respuesta a esa pregunta explica por qué el Gobierno Nacional y el Banco de la República, bajo el mismo sistema político y frente a los mismos datos, llegan a conclusiones diametralmente opuestas. No es un desacuerdo técnico entre expertos. Es un conflicto de intereses disfrazado de debate metodológico, y ocurre en el peor momento posible: a dos meses de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.
El gobierno de Petro fue claro: esa decisión no es técnica, es política. Que la Junta del Banco tiene mayoría de personas nombradas por gobiernos anteriores, que responden a los intereses del sector financiero, y que subir las tasas justo antes de las elecciones tiene un objetivo preciso: enfriar la economía, generar malestar ciudadano y traducirlo en votos contra el proyecto de cambio. El Banco respondió que es independiente y que su decisión obedece a criterios técnicos. Pero independiente de quién, es la pregunta que Colombia debe hacerse hoy con toda seriedad.
Porque la coincidencia con el debate electoral no es un detalle menor ni una casualidad que deba descartarse con ligereza. Cuando una decisión técnica produce efectos contractivos sobre la economía exactamente en el momento en que el gobierno busca consolidar resultados antes del 31 de mayo, la sospecha de intencionalidad política adquiere una legitimidad que la sola invocación de la autonomía institucional no alcanza a despejar.
Cada punto que sube la tasa de interés tiene consecuencias concretas e inmediatas: encarece el crédito, reduce el consumo, frena la inversión y destruye empleo. Esos efectos llegan directamente al hogar endeudado, a la pequeña empresa que necesita financiarse y al trabajador cuya fuente de empleo se contrae cuando el crédito se vuelve impagable.
El presidente Petro ha sostenido además que la inflación en Colombia responde principalmente al precio de los alimentos y no a un exceso de circulante en manos del pueblo.
Si ese diagnóstico es correcto, la política de tasas altas pierde toda eficacia para atacar la causa real del aumento de precios y se convierte en un castigo generalizado a la economía productiva sin beneficio para la mayoría.
La pregunta obligada es entonces quién se beneficia de esa política. La respuesta la ofrece el ministro de Hacienda con una precisión que merece atención pública: las decisiones del Emisor se supeditan a las encuestas de opinión de 25 entidades financieras que buscan rentabilidad en la deuda pública. Cuando el precio del dinero lo fijan quienes se lucran con su escasez, la política monetaria deja de ser un instrumento de estabilización y se convierte en un mecanismo de transferencia de riqueza, desde los hogares endeudados hacia los balances bancarios, desde la economía productiva hacia la economía rentista.
La autonomía del Banco de la República es un pilar constitucional que Proclama del Pacífico defiende, claro. Pero esa autonomía tiene un límite que sus defensores omiten con demasiada frecuencia: no puede ser sinónimo de autismo social ni de independencia selectiva que protege al capital financiero mientras castiga a la economía real.
Una institución verdaderamente independiente lo es de todos los poderes, incluidos los financieros. Mientras la Junta Directiva consulte a entidades con intereses directos en sus decisiones para determinar el rumbo de la política monetaria, esa independencia seguirá siendo una ficción técnica con consecuencias políticas muy reales sobre la vida del ciudadano que esta mañana amaneció pagando más por su deuda sin haberlo pedido.
Colombia tiene una historia documentada de captura institucional por parte de élites económicas que utilizan los instrumentos del Estado para proteger sus rentabilidades. Elevar las tasas en un contexto donde la inflación la mueven los alimentos y no el exceso de circulante, generar un enfriamiento económico que se traduzca en malestar social, y hacer coincidir esos efectos con la recta final de una campaña electoral, configura un escenario que va mucho más allá de la coincidencia técnica.
Colombia no puede permitir que su banco central se convierta en el último refugio de una oposición que busca por el hambre y el colapso fiscal lo que no ha podido ganar en las urnas.
El debate público que propone el Ministerio de Hacienda es urgente y necesario.
La política monetaria no puede seguir siendo un asunto decidido en espacios cerrados por quienes se benefician directamente de sus resultados.
Los colombianos que el 31 de mayo definirán el rumbo del país tienen derecho a saber que las tasas de interés que pagan hoy no responden únicamente a criterios técnicos. Responden también a una disputa de poder cuyo desenlace trasciende la economía y alcanza el corazón mismo de la democracia colombiana.
El Banco de la República eligió partido. Y Colombia se dio cuenta y lo padece.
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