El apagón sistemático que asfixia al Cauca
La Compañía Energética de Occidente (CEO) inició este miércoles 15 de abril de 2026 una nueva jornada de afectación al sector urbano de Santander de Quilichao. La deficiencia en el servicio paraliza la banca, la salud, la educación, el comercio y la industria, bajo la mirada cómplice de las autoridades de control.
Por Alfonso Luna Geller / A las 8:55 de la mañana de hoy, la Compañía Energética de Occidente (CEO) suspendió el fluido eléctrico en Santander de Quilichao, confirmando la precariedad de una operación que castiga diariamente a las poblaciones del Cauca.
Este nuevo apagón es la reiteración de un servicio deficiente que clausura instantáneamente la dinámica comercial y productiva de la región. El perjuicio causado por la CEO es hoy comparable, en términos de daño económico y social, a los bloqueos de la vía Panamericana o a las acciones de grupos armados ilegales que azotan el departamento. La diferencia es que aquí no hay reacción institucional.
La empresa continúa operando sin consecuencias visibles, pese a que las comunidades han acudido a protestas, paros y denuncias reiteradas. La sensación en el territorio es que existe una tolerancia que termina favoreciendo la continuidad del problema.
Y el asunto grave es la condena a los caucanos a soportar nueve años más de mediocridad operativa pues la vigencia del contrato de gestión suscrito entre Cedelca y la CEO desde agosto de 2010 es de 25 años. ¡Hasta el 2035!
En dicho contrato, la empresa asumió la obligación de ampliar, rehabilitar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica. Sin embargo, la evidencia demuestra que la compañía ha priorizado la rentabilidad económica, la gestión administrativa interna y el negocio de compraventa de energía sobre la inversión real en la distribución.
La aparente inmunidad de facto con que se ensaña la CEO se explica porque esta empresa pertenece a Promigas (49%) y Gases de Occidente 51%, que también es Promigas, integrante del Grupo Aval, el conglomerado económico de la familia Sarmiento Angulo. Este peso corporativo parece blindar a la operadora frente a las autoridades competentes, que permiten la continuidad de los daños sin observaciones de fondo. Mientras las comunidades exigen la terminación unilateral del contrato por incumplimiento, la burocracia en Bogotá valida informes técnicos de papel que no guardan relación con la realidad cotidiana que padecen los usuarios.
Es más, la empresa utiliza la situación de orden público y el narcotráfico como excusa sistemática para justificar su ineficiencia y falta de inversión. Si bien el conflicto afecta a los sectores productivos, la CEO instrumentaliza esta crisis para encubrir la falta de mantenimiento y modernización de la infraestructura de distribución.
El resultado es una situación sostenida de afectación colectiva. Municipios enteros quedan expuestos a pérdidas económicas, interrupciones en servicios esenciales y deterioro en la calidad de vida. No es razonable que esta condición se prolongue por nueve años más sin una revisión de fondo del contrato y sin decisiones que protejan a los usuarios.
La exigencia es clara: intervención efectiva, revisión contractual y cumplimiento de las obligaciones asumidas. La realidad del territorio no puede seguir siendo ignorada.
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