Por: Unidad Investigativa Proclama del Pacífico
En la tarde de este lunes, 15 de diciembre, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se jugó su carta más importante ante la justicia. Lo hizo para enfrentar imputaciones por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con una advertencia explícita: no permitir que la historia de una privación injusta de la libertad, ocurrida hace 17 años, vuelva a repetirse. Pidió, con vehemencia, defenderse en libertad.
El exministro Velasco compareció ante a la magistrada Aura Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para defenderse de una imputación por parte de la Fiscalía General de la Nación: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que, de probarse, lo vincularían al direccionamiento de contratos por más de 612.000 millones de pesos buscando réditos políticos. Sin embargo, para la defensa, esta acusación es un castillo de naipes construido sobre el testimonio de un «delincuente confeso», el señor Olmedo López.
Olmedo López: El «Testigo Estrella» bajo fuego
El eje central de la defensa de Velasco fue la demolición de la credibilidad de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal testigo de cargo. Velasco fue tajante: «No me acusan de robarle al Estado, conducta de la que sí es responsable el testigo estrella de la Fiscalía».
Según el exministro, la Fiscalía ha olvidado el principio de objetividad, «enamorándose» de la versión de López y de Sneyder Pinilla, quienes, según él, «llegaron a robar» y ahora apuntan hacia arriba en el organigrama para negociar beneficios judiciales y quedarse con parte del botín.
La defensa de Velasco no solo cuestiona la credibilidad del testigo, sino que pone en duda la estructura misma de la imputación. A su juicio, la Fiscalía no ha logrado acreditar los elementos mínimos exigidos por la ley para configurar el delito de concierto para delinquir: acuerdo criminal, estructura organizada, jerarquía, permanencia y finalidad ilícita concreta.
“No se nos dijo cuándo, cómo, con quién ni de qué forma cometí esos delitos”, afirmó Velasco ante la magistrada del caso, subrayando que esa omisión no es un detalle técnico, sino una vulneración directa al derecho de defensa.
Velasco reveló un dato demoledor sobre la cronología de los hechos. Recordó cómo un periodista (Yohir Akerman) tuvo que rectificar una columna basada en las mentiras de López sobre un supuesto desayuno criminal, pues ese día Velasco estaba en un evento público en Cali con la Procuradora General y 30 periodistas. «Es un acto premeditado para tratar de montar toda una narrativa», aseguró.
¿Un cónclave o una reunión institucional?
Uno de los puntos más controversiales del expediente es la reunión del 27 de noviembre de 2023, descrita por la Fiscalía como un “cónclave” destinado a impartir órdenes ilegales para el direccionamiento contractual. Para la defensa, en cambio, se trató de una reunión institucional rutinaria, convocada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), como tantas otras realizadas durante el funcionamiento ordinario del gobierno.
Velasco fue enfático: ese comité político existía desde septiembre de 2022, era citado formalmente por la jefatura de despacho presidencial y tenía como propósito coordinar la agenda gubernamental. “Recibí más de 50 citaciones a ese comité”, sostuvo, y cuestionó que, de los nueve asistentes, solo se haya tenido en cuenta la versión de Olmedo López.
La pregunta que dejó flotando en la audiencia fue demoledora desde el punto de vista jurídico: ¿por qué la Fiscalía no interrogó a los otros ocho asistentes, (incluyendo al ministro Lizcano) que niegan cualquier ilegalidad.
Contratos que no existieron y delitos que no se consumaron
Otro eje central del debate gira en torno a contratos por cerca de 90.000 millones de pesos que, según la Fiscalía, habrían sido parte del entramado ilegal. La defensa sostiene que esos procesos nunca superaron la fase preliminar, que no hubo etapa precontractual ni adjudicación, lo que, en términos jurídicos, descarta la materialización del delito.
En palabras de Velasco, se está intentando criminalizar el ejercicio normal de la función pública: reuniones entre ministros, gestiones ante Hacienda, citas solicitadas por congresistas y alcaldes, y coordinación institucional, actividades que —recordó— son no solo legales, sino necesarias en cualquier democracia.
Laura Sarabia, la Presidencia y una línea que no cruzó
El momento políticamente más delicado de la audiencia llegó cuando Velasco señaló directamente a la Presidencia de la República. Relató que, durante un encargo temporal en la UNGRD en abril de 2023, Laura Sarabia, por instrucción del presidente Gustavo Petro, le solicitó vincular a Olmedo López a un cargo directivo en la entidad.
Velasco afirmó que se negó a hacerlo tras una reunión con López y que no adelantó ninguna acción para su nombramiento. Según su versión, fue la Presidencia la que finalmente llevó a López a la UNGRD. A partir de ahí —sostuvo— se profundizaron las distancias personales y políticas con quien hoy es el principal acusador.
Esta afirmación introduce una dimensión política de alto riesgo: si la Fiscalía profundiza en esa línea, el caso podría trascender el plano individual y tocar el corazón mismo del Ejecutivo.
La fragilidad de las pruebas
La abogada defensora, Rosalina Suárez, y el propio Velasco, argumentaron que la Fiscalía no ha logrado probar los elementos esenciales del delito.
- Sobre el Concierto para Delinquir: No hay prueba de acuerdo criminal, jerarquía o permanencia. Los videos presentados solo muestran a un ministro cumpliendo sus funciones en el Congreso y la Casa de Nariño.
- Sobre el Cohecho: No se identifican destinatarios claros, ni circunstancias de modo, tiempo y lugar de los supuestos sobornos.
- Sobre los Contratos: La defensa sostiene que los contratos de 90.000 millones investigados nunca llegaron a fase precontractual, por lo que el delito no se materializó.
La memoria de una cárcel injusta
Velasco cerró su intervención apelando a un episodio que marcó su vida pública: su detención injusta en el marco de la parapolítica, hace 17 años. Cuatro meses privado de la libertad, una posterior absolución y la condena de los falsos testigos que lo incriminaron.
“Cuando supe que iban a detenerme, me entregué voluntariamente”, recordó. Hoy, dijo, vuelve a dar la cara, no para evadir la justicia, sino para defender su nombre en libertad, amparado en la presunción de inocencia.
“No me acusan de robar un solo peso. El que robó es el testigo estrella”, afirmó con dureza, insistiendo en que su única preocupación es entregarle a su hija el buen nombre que recibió de sus padres.
Una decisión que marcará el rumbo político
Ahora, la pelota está en el campo del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento o permite que Velasco y el exministro Bonilla enfrenten el proceso en libertad.
Lo que está en juego también es la credibilidad de las instituciones encargadas de investigar la corrupción y el delicado equilibrio entre justicia, política y verdad.
La última palabra aún no está dicha. Y, como tantas veces en Colombia, llegará cuando el daño —o la absolución— ya haya dejado huella.
