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La discusión comenzó con un pronunciamiento de la FLIP publicado el 2 de septiembre de 2026. La Fundación rechazó unas directrices que, según la información conocida hasta ese momento, habría impartido la Presidencia de la República para regular la relación del Gobierno con los medios de comunicación. Entre los lineamientos mencionados aparecían la posibilidad de no conceder ruedas de prensa ni entrevistas a medios que no fueran considerados “amigos”, limitar algunas intervenciones de ministros a declaraciones sin preguntas y concentrar información gubernamental en la vocería presidencial.
La FLIP sostuvo que esas medidas podían afectar la capacidad de periodistas y medios para interpelar al poder, exigir explicaciones y contrastar las versiones oficiales. Al mismo tiempo, reconoció que el Gobierno tiene autonomía para organizar su estrategia de comunicaciones, coordinar mensajes y determinar quiénes ejercen sus vocerías. Su reparo se concentró en que esa organización no se convierta en una barrera para acceder a fuentes oficiales o formular preguntas.
Un día después, el 3 de septiembre, fue expedida la Directiva Presidencial 01 de 2026, denominada “Directrices para la Coordinación y Divulgación de la Comunicación Institucional del Gobierno nacional”. El documento estableció que decisiones, anuncios, políticas públicas, programas, resultados, cifras y actuaciones administrativas serían divulgados principalmente mediante canales institucionales oficiales. También dispuso que ministros y otros altos funcionarios coordinaran previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia antes de conceder entrevistas, dar declaraciones o participar en medios.
La palabra “amigos” no quedó en la directiva
La publicación del documento introdujo una diferencia frente a la primera alerta. La FLIP precisó el 4 de septiembre que la Directiva Presidencial 01 no utiliza etiquetas para clasificar a periodistas o medios como “amigos”. Ese punto, por tanto, no aparece en el texto oficial expedido por la Presidencia.
La Fundación mantuvo, sin embargo, su preocupación por el requisito de consulta y coordinación previa con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa. Según su análisis, esa condición puede funcionar en la práctica como un filtro que demore, condicione o niegue el acceso a funcionarios si no se establecen límites claros y criterios objetivos. La FLIP pidió que esa coordinación no se convierta en una autorización previa para hablar con la prensa.
La Directiva, por su parte, señala que las entidades deben fortalecer sus canales de atención a periodistas y establecer mecanismos ágiles para suministrar información pública, responder solicitudes y facilitar el acceso a las fuentes institucionales. Entre sus principios incluye transparencia, veracidad, oportunidad, accesibilidad, respeto por la libertad de prensa y garantía del derecho de acceso a la información pública.
Periodistas sin respuesta
La preocupación planteada por la FLIP no se limita al contenido de una directiva. La organización afirmó haber documentado casos en los que periodistas acudieron a canales y voceros oficiales sin obtener respuesta. Según su pronunciamiento del 2 de septiembre, esas dificultades afectaron coberturas relacionadas con la evolución del conflicto armado y las consecuencias del terremoto ocurrido recientemente en Colombia.
La cobertura de la emergencia sí había dado lugar a otras advertencias. El 13 de agosto, la FLIP informó que periodistas en Cali reportaron obstáculos mientras documentaban las consecuencias del terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con esos reportes recopilados por la Fundación, algunos uniformados les bajaron las cámaras y hubo denuncias de empujones e impedimentos para desarrollar el trabajo periodístico.
El problema planteado por los periodistas es concreto. Un comunicado oficial permite conocer la versión institucional, pero el ejercicio periodístico requiere también preguntar, pedir precisiones, confrontar datos y buscar otras fuentes. La discusión, entonces, no gira únicamente alrededor de cuánto informa un gobierno, sino también de las condiciones bajo las cuales la prensa puede buscar esa información.
El antecedente de la campaña presidencial
La FLIP relacionó su preocupación con situaciones conocidas durante la campaña presidencial de 2026, particularmente entre la primera y la segunda vuelta. Entre las denuncias recopiladas mencionó la de la periodista Camila Zuluaga respecto del entonces candidato Abelardo de la Espriella.
Según el relato recogido por la Fundación, De la Espriella no concedió entrevistas a determinados periodistas, habría instruido a su equipo de prensa para no atender algunas solicitudes y limitó su participación en ruedas de prensa en las que conociera previamente las preguntas. La FLIP atribuyó esas afirmaciones a la denuncia de Zuluaga y señaló que la decisión, según la periodista, estaba relacionada con el tratamiento periodístico que el candidato anticipaba recibir.
Ese antecedente adquiere otra dimensión una vez terminada la campaña. Una candidatura administra su propia estrategia política y de comunicaciones; desde la Presidencia, en cambio, el relacionamiento involucra funcionarios, información y canales estatales. Por esa razón, la FLIP sostiene que el acceso a las fuentes públicas debe responder a criterios objetivos y no a la afinidad entre medios, periodistas y Gobierno.
La Corte y el derecho a preguntar
El debate también tiene un componente constitucional. La Sentencia SU-018 de 2026, expedida por la Corte Constitucional el 5 de febrero, estudió el acceso de periodistas a información pública relacionada con inteligencia, contrainteligencia, seguridad y defensa nacional.
La Corte reiteró que quienes ejercen el periodismo cuentan con una protección reforzada cuando solicitan información pública en desarrollo de su actividad. También recordó que toda información en poder de sujetos obligados se presume pública y que las restricciones deben estar establecidas legalmente, responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y ser compatibles con una sociedad democrática.
La sentencia se refiere a un caso específico y no resuelve directamente la controversia sobre la Directiva Presidencial 01. Sí establece, sin embargo, parámetros constitucionales relevantes para analizar cualquier limitación al acceso de periodistas a información estatal. La Corte también destacó la función de la prensa en el control ciudadano sobre el poder público.
El punto que queda abierto
La discusión, después de publicarse el documento definitivo, ya no puede reducirse a la afirmación de que el Gobierno ordenó atender únicamente a medios “amigos”, porque esa expresión no aparece en la Directiva Presidencial 01. La cuestión pasa ahora por determinar cómo funcionará en la práctica la coordinación previa establecida para las entrevistas, declaraciones y participaciones de altos funcionarios.
La FLIP pidió a la Presidencia precisar públicamente el alcance de esa coordinación y garantizar que no opere como mecanismo de autorización o restricción. También reclamó igualdad de acceso para medios y periodistas, independientemente de su línea editorial o del tono de su cobertura.
Será la aplicación de la directiva la que permita establecer si el esquema ordena la comunicación institucional sin afectar el trabajo periodístico o si, como advierte la Fundación, termina creando obstáculos para acceder directamente a funcionarios y obtener respuestas. En ese terreno se jugará una parte del debate entre la organización de las comunicaciones gubernamentales y el derecho de la prensa a preguntar.
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