Nadie puede afirmar que las Fuerzas Armadas legales de Colombia reciban cátedra consciente y terminante para amoldar a quienes las integran en la férrea defensa de un determinado régimen político o determinada clase social.
Sé, porque soy militar (r), que al contrario, hay profuso magisterio sobre ideologías políticas y derechos humanos, ilustración que bien puede erigir a cualquier militar o policía en teórico eficaz en estas materias y en consecuencia, en el ser más respetuoso de lo básico en la convivencia social: la armonía dentro de comunidades con diferencias ideológicas, inclusive extremas en algunos sectores; la concordia entre sabidurías y culturas a veces extrañas para unos y contrapuestas para otros; la comprensión de los anhelos sociales para luchar por una política diferente a la que excluye; y obviamente, el respeto por el que tiene el valor y el liderazgo para rechazar a quien considera incapaz de dirigir la sociedad de la que hace parte o por quien intenta abolir un statu quo discriminatorio. Todo esto podría favorecer un militar o un policía que verdaderamente quisiera ganarse la confianza, el respeto, el apoyo y la solidaridad de quienes andan desarmados físicamente, que debieran ser todos los civiles. Pero no ocurre sino en teoría.
Fácilmente se olvida que las armas no son dotación para reprimir discursos o manifestaciones, ni siquiera protestas cívicas justificadas. Son amparadas exclusivamente para todo lo contrario, para garantizar la paz, para legitimar la controversia, para la defensa de la sociedad, sin exclusiones, de la agresión externa y de la violencia interna de los irracionales que no respetan la propiedad ni la vida. Ese conocimiento precisamente sería el sustento para rechazar a los que creen que con las armas se disciplina y uniforma la sociedad a favor de quien tiene el mando supremo.
Un político armado o un soldado político, es el ser más peligroso que puede rondar en sociedad, un atentado latente para la democracia. En la historia de las armas está demostrado que cuando hay diferencias conceptuales, entre hombres, grupos o Estados, se impone quien mate más enemigos o logre su aniquilamiento, sometiendo a los sobrevivientes. Por eso, ciertos políticos se inventan sus métodos para imponer criterios por la fuerza, así haya que arrasar poblaciones enteras; políticos que han sido gobernadores, senadores y hasta presidentes han usado las Fuerzas Armadas para sus necesidades de poder.
Y cuando esto ha ocurrido, ciertos sectores sociales se han creído facultados para apoyar el régimen con armas no oficiales, pero con su aval; o los otros, terroristas convencidos de que asesinando o secuestrando a líderes sociales, atracando a ciudadanos indefensos, matando militares y policías, todo se estabilizaría en favor del cambio de poder, de otra visión de gobernar; ¡qué locura! O si no, ¿qué es la parapolítica o la farcpolítica, que tanta angustia, terror y miseria han dejado en la sociedad colombiana?
Las Fuerzas Armadas colombianas sí han sido utilizadas para reprimir formas diferentes de pensar; no me refiero a la represión del enemigo armado, que debe ser enfrentado, que es obligatoria, sino a la persecución, captura, judicialización, asesinato de dirigentes cívicos y políticos desarmados, casos que suficientemente han sido documentados en muchas memorias oficiales y de algunas ONG. Esta circunstancia del soldado-político ha creado en la población civil desconfianza, prevención, angustia, cuando lo ven merodear cerca. No debiera ser así, pero, hable mal, por ejemplo, de Uribe, con un militar o policía y podrá observar la reacción. Ni para qué hacer una encuesta entre oficiales retirados para saber que tienen una disposición política definida, orientada hacia una “seguridad democrática”, que no es ilegal, pero que es transmitida sutilmente a quienes en armas los toman de modelo. Nadie puede negar que esto ha conducido a cultivar un sentimiento de descontento entre ciertos militares y policías respecto al funcionamiento de algunos gobiernos locales, regionales e incluso, el nacional.
Cuando las Fuerzas Armadas de Colombia se ganen el aprecio real, el apoyo, el respeto espontáneo de la población civil, porque su ejercicio está plenamente ajustado a la Constitución, ese día podemos dormir más tranquilos porque estarían al servicio inclusivo de la sociedad que debate, que tiene diferencias, que actúa políticamente, como debe ser, y no al exclusivo de ciertos sectores políticos que evidentemente tienen una influencia perspicaz pero fervorosa en los hombres que las integran. Esto sería despolitizar las Fuerzas Armadas para integrarlas a la vida cotidiana de la sociedad colombiana, para hacer aportes a la paz, y que su significado real deje de ser la auto-asignación de roles y objetivos de “fuerza estabilizadora”, de “vigilante del desarrollo nacional”, porque en la consecución de estos objetivos, han intervenido en asuntos políticos con inmunidad e impunidad, principalmente bajo la bandera de una “seguridad democrática”, para conservar la “democracia blindada”.
Se me ocurrió discernir sobre este tema porque están calientes todavía los cuerpos exánimes de tres defensores de derechos humanos, Adelinda Gómez Gaviria, integrante del Proceso de Mujeres Maciceñas, del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), defensora del medio ambiente frente a la minería ilegal; Miguel Angel Conda, líder indígena y the Wala (médico tradicional) del Pueblo Nasa, asesinado en la vereda Alta Mira Bateas, resguardo de Jambaló; y Sergio Ulcué Perdomo, líder desplazado de un proceso de organización campesina y vocero ante el Gobierno colombiano de Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH a 179 familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal, de Caloto, asesinado en la vereda Marañón, de este municipio, que se suman a muchos otros perpetrados en el Cauca.
Evidentemente son crímenes políticos. No puedo como periodista demostrar quiénes son los autores, pero el Estado sí debe asumir la carga de la prueba, porque en el ambiente queda un olor nauseabundo sobre quienes pueden resultar favorecidos con los crímenes. Un ejemplo: Ulcué Perdomo representaba a las comunidades de El Vergel y El Pedregal en el “Comité Interinstitucional de Verificación de hechos vulnerantes de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares y de cualquier otro actor armado interviniente en el conflicto”, y además había estado detenido unos meses sindicado de pertenecer supuestamente a las Farc, pero dejado libre por falta de sustento en las acusaciones.
La política interna cuando la asumen actores armados, incluyendo a sus inspiradores supuestamente inermes, causa mayor desgracia y dolor, es cíclica, y crea un clima de zozobra permanente y debilitamiento del sistema democrático, circunstancia que no se soluciona con simples comunicados, lamentaciones o solidaridades pasajeras, que apenas facilitan la impunidad y el olvido.
Las Fuerzas Armadas deberían merecer apoyo total de la población civil, pero no solo de quienes se tratan de apoderar de su liderazgo para politizarlas, sino de todos los colombianos, conservadores, liberales, polistas, uribistas, comunistas, verdes, católicos, protestantes, blancos, mestizos, negros, altos y bajitos, hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, líderes y ciudadanos comunes, todos unidos trabajando desde las enriquecedoras diferencias por la sana convivencia y el progreso de la patria. Pero la institución armada está obligada a hacer todo lo posible por merecerlo.
