Más de 450 personas, obligadas a huir entre el 22 y 23 de julio debido a combates entre el Ejército y las disidencias de las FARC, habían comenzado a retornar voluntariamente a sus hogares tras promesas de seguridad.
Sin embargo, según confirmó la Personería Municipal y reportes de organizaciones humanitarias, el retorno ocurrió en condiciones precarias y sin garantías reales.
Apenas dos días después de su regreso, nuevos enfrentamientos interrumpieron la frágil normalidad. Varios hogares quedaron confinados por fuego cruzado, mientras algunas veredas —incluidas La Pradera y El Descanso— reportaron presencia activa de actores armados ilegales.
La Alcaldía de Jamundí y la Gobernación del Valle reactivaron el plan de contingencia para atención a víctimas. Se estima que al menos 456 personas, agrupadas en 167 núcleos familiares, se encuentran en riesgo de un segundo desplazamiento masivo.
Los organismos de socorro han entregado alimentos, frazadas y atención psicosocial, pero las condiciones de seguridad no han mejorado.
Organismos de derechos humanos advierten que los retornos sin garantías mínimas exponen a la población civil a violaciones reiteradas del Derecho Internacional Humanitario.
Mientras el Ejército asegura haber retomado el control territorial, los hechos recientes evidencian un escenario inestable, donde la población continúa siendo víctima colateral del conflicto armado.
