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Lunes, 12 de octubre de 2026

Desinformación al servicio exclusivo del poder económico

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Desinformación al servicio exclusivo del poder económico

Desinformación al servicio exclusivo del poder económico
Alfonso J Luna Geller

Hace unos días tuve un debate con unos periodistas, con quienes analizábamos las variadas noticias que motivaron al presidente Gustavo Petro a lanzar advertencias sobre la intervención de algunos medios de comunicación, pertenecientes a las élites económicas, en lo que parece una campaña orquestada para desestabilizar la institucionalidad colombiana, que el mandatario llamó como “golpe blando”.

Alguno argumentaba que la actitud de los medios era correcta porque actuaban como contrapoder, que según Daniel Coronell, cuando los medios son voceros del poder no es periodismo sino propaganda.

Eso no tuvo mayor discusión. El debate se presentó cuando establecíamos qué era y quiénes detentaban el poder en Colombia, para ejercer eficazmente como “contrapoder”.

Verificamos que para entender lo que está pasando en Colombia, y así buscar soluciones para el futuro, es esencial tener claridad sobre numerosos estudios técnicos que han demostrado que el poder en Colombia está distribuido entre los dominios económico y político.

Del poder político creo que todo el mundo tiene suficiente ilustración. Sobre el poder económico no tanto. Éste se caracteriza por la hegemonía de un sector industrial y de grandes empresas privadas, afianzados en el sector financiero, que influyen notablemente en la conducción de la vida cotidiana de todos los ciudadanos y de los partidos políticos, por tanto, con injerencia directa también en el ejercicio del poder político.

Algunos de esos tratados han demostrado que el poder económico es más soberano que el político en Colombia, pues nos encontramos en un país «libre», que confiesa como ideales económicos la competencia perfecta en los mercados, la autonomía de los industriales, empresarios, comerciantes y consumidores, y la propiedad privada, independientemente del control directo del Estado, cuyo gobierno tiene mayores entidades que lo fiscalizan.

Entonces, cuando el “periodismo” queda atrapado por el poder económico, que asegura su poder con sus propios medios de comunicación, se convierte en propaganda, en apuntalamiento de sus intereses, convirtiéndolos en el apéndice que involuciona hacia una variante servil, que además, por su supuesta autonomía de “cuarto poder”, se cree que puede encargarse de inmovilizar o posibilitar gobiernos.

En consecuencia, el periodismo que era defensor de la democracia, crítico del poder y representante de las esferas sociales y los territorios más sufridos de la patria, además de autocrítico, se volvió arrogante y enemigo público del establecimiento. El periodista perdió la vinculación con el pueblo, con sus ansiedades y necesidades, con las aspiraciones de los oprimidos.

Como dice Reinaldo Spitaletta, en El Espectador: “Hoy, cuando muchos medios pertenecen a transnacionales, a grupos económicos, en fin, y sirven a intereses soterrados, el periodismo sufre una agresión mortal a su condición originaria”. Inclusive, analiza: “Y con tantas manipulaciones de un lado y del otro, el periodismo ha dejado de ser una alternativa para conocer todas las aristas de eso que los filósofos llaman la “verdad”. Algo así, tenebroso, parece estar pasando en Colombia”.

En conclusión, estamos frente a medios de comunicación utilizados como instrumentos para provocar crisis, no solo en el periodismo, sino para convulsionar la política. Instrumentos del poder económico, ariscos a la autocrítica propia del periodismo.

Por ejemplo, no es cierto, y denota absoluta falta de conocimiento del proceso histórico colombiano, lo que sostiene la “mujer mejor informada de Colombia”, como ridículamente acepta ser denominada Darcy Quinn en La FM, cuando afirma que los indígenas son aliados del Gobierno para realizar invasiones de tierras, porque votaron por el Pacto Histórico.

Yo también voté por Petro, y no soy un delincuente.

Emitir un concepto de este talante es desinformar, de acuerdo con los intereses políticos urgentes del conglomerado económico. Inclusive, con su colega de radio, habla de una supuesta “justicia selectiva”, sin explicar qué es lo que quieren informar. Escuchen:

Se deduce que lo importante es sembrar desconfianza, delirando con el caos y la violencia.

Es desinformación porque no es cierto que todos los problemas que padece la nación colombiana los ha creado el actual gobierno, como tampoco es válido afirmar que el gobierno está promoviendo la ilegalidad y la delincuencia, como me lo dijo anoche un amigo en el chat de WhatsApp.

Recordémosles, en consecuencia, que la disputa por el acceso a la tierra es uno de los problemas más antiguos de Colombia, agudizado desde los primeros años de la década de los 70, cuando, en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), protagonizó una reforma agraria de facto con 645 episodios de tomas de tierras (1971), según datos del libro La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia – Luchas de la Asociación Nacional Campesina, 1967-1981.

Esto promovió la radicalización de algunos sectores hacia las armas y alimentó las posteriores olas de despojo ejecutadas por alianzas entre paramilitares, ganaderos y agroindustriales. Triste historia de la Colombia en este período, que hoy lleva por Inri el fatídico número 6402.

Es más, parecen olvidar, no sé si a propósito, o por ignorancia, que en las décadas del veinte y treinta del siglo pasado, el conflicto por la tierra enfrentó a colonos y terratenientes por las disputas sobre tierras que los primeros alegaban eran públicas y los segundos defendían como privadas a partir de títulos dudosos.

Claro que el conflicto ha venido evolucionando con lógicas muy distintas, no atendidas debidamente por los gobiernos de los últimos 50 años.

En Colombia hay comunidades que han realizado invasiones por carencia de tierras, reclamando el derecho de acceso a propiedades consideradas improductivas; otras por población étnica que justifica la “liberación de la madre tierra”; y otras, relacionadas con comunidades que buscan construir vivienda propia, ante el déficit habitacional.

En todo caso, a pesar de la tragedia y la desinformación, creo que todavía es hora de buscar una salida interinstitucional, de manera coordinada y unificada.

El Gobierno Nacional debe instalar una mesa que expida los lineamientos para que la reforma rural integral sea el camino seguro hacia la conquista de la paz.

Los caucanos, como ningún otro sector colombiano, tenemos las mayores esperanzas y somos optimistas.

En el Gobierno Nacional tenemos funcionarios caucanos de la más alta competencia para intervenir y resolver problemas, y la bancada parlamentaria integrada por los senadores Paulino Riascos y Aida Quilcué, y los representantes a la Cámara Jorge Hernán Bastidas Rosero, Ermes Evelio Pete Vivas, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, César Cristian Gómez Castro, y Juan Pablo Salazar Rivera.

Vicepresidenta Francia Márquez (Eduard Hernán Mina Carabalí, asesor de despacho de la Vicepresidencia)

Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves

Director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovany Yule

Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí

Director de Asuntos de Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, Víctor Hugo Moreno Mina

El reto es enorme, el tiempo es corto para superar aquellos análisis que se hacen a partir de hipótesis equivocadas y que, obviamente, conducen a conclusiones improcedentes, y que pretenden justificar el regreso de épocas aciagas que debemos superar.

El departamento del Cauca confía en que desde esta región los hechos de gobierno desmientan las presunciones que hacen parte de informes de prensa previamente manipulados para una opinión pública que poco los cuestiona.

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