Por Emilio Beltrán.
En el suroccidente del país, la violencia no solo persiste: se reorganiza.
Durante las últimas 72 horas, el Cauca y el Valle del Cauca han sido escenario de una secuencia de hechos que, más que acumularse, parecen responder a una lógica compartida. Desde explosiones en corredores estratégicos, hostigamientos en zonas rurales, afectaciones a infraestructura, hasta ataques simultáneos en varios municipios configuran un patrón que ya no puede leerse como episódico.
El hecho más grave ocurrió en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío. La explosión —que dejó una veintena de personas fallecidas y decenas de heridos— no solo interrumpió la principal arteria del suroccidente colombiano, también expuso la vulnerabilidad de una región donde la movilidad, la economía y la seguridad convergen en un mismo punto.
Pero Cajibío no fue un hecho aislado.
En municipios del norte del Cauca, como Caloto, Miranda y Guachené, se registraron acciones armadas en un mismo lapso de tiempo. En El Tambo, la afectación a infraestructura sensible elevó el nivel de alerta. En el Valle del Cauca, se reportaron ataques con explosivos dirigidos a instalaciones de la Fuerza Pública.
La simultaneidad no es menor, tampoco lo es, la elección de los objetivos.
Una nueva fase: Presión territorial
Lo que se observa, no corresponde del todo a la lógica insurgente tradicional. Durante décadas, el conflicto en esta región se explicó como una confrontación entre estructuras armadas y el Estado. Hoy, el énfasis parece desplazarse.
Las acciones recientes sugieren una estrategia orientada a generar presión territorial: intervenir corredores logísticos, afectar la movilidad, incidir en la vida cotidiana y proyectar capacidad de control.
No se trata únicamente de presencia armada. Se trata de influencia. La pregunta inevitable: ¿dónde están los liderazgos?
En medio de esta escalada, la atención también se dirige hacia quienes tienen responsabilidades políticas e institucionales en la región.
El presidente Gustavo Petro ha sostenido una narrativa centrada en el diálogo y la desescalada, enmarcada en su política de “Paz Total”; sin embargo, los hechos recientes tensionan esa apuesta (una apuesta que ha perdido, más que ganar batallas) y que abren interrogantes sobre su eficacia operativa en territorios donde los actores armados mantienen, e incluso amplían su capacidad de acción.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha mantenido una postura crítica frente al Gobierno Nacional, insistiendo en la necesidad de medidas más contundentes en materia de seguridad. Esa tensión, lejos de resolverse, se ha trasladado al plano público, sin que se traduzca en una coordinación visible frente a la crisis.
En Cali, el alcalde Alejandro Eder enfrenta un escenario particularmente complejo. En menos de dos meses, su administración ha realizado ajustes en posiciones clave, en un proceso que algunos sectores interpretan como reorganización institucional y otros como falta de consolidación del equipo de gobierno. Todo esto ocurre en una ciudad donde la percepción de inseguridad sigue siendo alta y donde distintos reportes de prensa han evidenciado preocupación ciudadana por el aumento de hechos violentos.A ello se suma un elemento que ha generado debate: la agenda internacional del mandatario local. Mientras desde la administración se defiende como una estrategia de posicionamiento e inversión, voces críticas consideran que la prioridad debería estar concentrada en la seguridad urbana.
En contraste, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, ha mostrado una actitud más cercana al territorio, con llamados reiterados a la intervención institucional y a la atención urgente de la crisis. Sin embargo, su margen de acción se percibe limitado frente a la magnitud de los hechos, lo que evidencia una necesidad estructural de respaldo desde el nivel nacional.
Y en ese tablero, la figura de la vicepresidenta Francia Márquez —originaria del Cauca— aparece con baja visibilidad en la coyuntura regional. Su ausencia en el debate público sobre los hechos recientes no pasa desapercibida en una región que, por historia y representación, esperaría una mayor incidencia de su liderazgo.
Cali y el Valle: entre estructura y coyuntura
Sería un error reducir la situación actual a decisiones recientes. Cali y el norte del Cauca arrastran problemas estructurales en materia de seguridad, asociados a economías ilegales, fragmentación de actores armados y debilidad institucional en ciertas zonas. Sin embargo, la coyuntura actual intensifica esas condiciones.
Los ataques recientes, sumados a cifras de víctimas que superan varias decenas en un corto periodo de tiempo, han profundizado la percepción de vulnerabilidad en la región. Al mismo tiempo, análisis de distintas casas periodísticas coinciden en que la situación responde tanto a factores históricos como a dinámicas recientes que han permitido una mayor coordinación de acciones armadas.
Una región clave, una presión constante
El suroccidente colombiano no es marginal. Es un corredor estratégico que conecta el interior del país con el Pacífico, que articula economías legales y tristemente también las ilegales, pero que también concentra una diversidad social, sobre todo cultural y política, que convierte la región en un gran termómetro del país.
Que sea escenario recurrente de violencia no es casual. Que esa violencia esté cambiando de forma, tampoco. Lo que hoy ocurre en Cauca y Valle del Cauca no es únicamente una escalada. Es una reconfiguración. Una en la que los actores armados no solo confrontan, sino que buscan condicionar el territorio, incidir en la vida cotidiana y proyectar control sobre corredores estratégicos.
Frente a ese escenario, la pregunta no es solo qué está pasando. Es si el Estado —en todos sus niveles— está logrando responder a tiempo, con coordinación y con capacidad real de contención.
Porque mientras el debate político continúa, el territorio no espera.
