En medio de uno de los escenarios más complejos de seguridad en el suroccidente colombiano, la alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar está liderando una estrategia que empieza a dar resultados concretos: la resocialización de jóvenes en conflicto.
Desde Bogotá, en un diálogo internacional promovido por Inter-American Dialogue, la mandataria expuso cómo su administración enfrentó una realidad alarmante: más de 27 pandillas juveniles, alrededor de 500 jóvenes involucrados en dinámicas de violencia, hurtos y homicidios, y un deterioro progresivo de la convivencia durante las últimas tres décadas.
“La situación se había recrudecido especialmente el año pasado”, afirmó Salazar, quien decidió cambiar el enfoque tradicional de seguridad por una estrategia integral basada en el diálogo directo con los jóvenes.
El programa implementado incluye acompañamiento espiritual, atención psicosocial, formación educativa y apoyo en proyectos productivos. La apuesta no solo busca alejar a los jóvenes de la violencia, sino ofrecerles alternativas reales de vida.
Los resultados comienzan a ser visibles: una reducción del 45% en las muertes violentas en lo corrido del año. Además, cerca de 200 jóvenes ya hacen parte activa del proceso de resocialización.
Pero la estrategia no se queda en lo social. La Alcaldía también ha fortalecido la presencia institucional con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, además de avanzar en la implementación de sistemas de videovigilancia y redes de cooperación ciudadana.
Uno de los aspectos más destacados del proceso es la articulación institucional. Iglesias, sector privado, el Servicio Nacional de Aprendizaje y programas de bienestar familiar se han unido para respaldar la iniciativa. Incluso, algunos jóvenes han comenzado a presentarse voluntariamente ante la justicia, asumiendo responsabilidades por delitos cometidos, lo que fortalece la confianza en el proceso y reduce la impunidad.
Para la alcaldesa, el origen del problema no se limita a la falta de oportunidades. Señala también la fragilidad en el núcleo familiar como un factor determinante. “Muchos niños crecieron sin acompañamiento, sin disciplina, sin amor”, explicó.
El desafío ahora es doble: mantener la resocialización y fortalecer la prevención. El llamado es claro: evitar que nuevas generaciones caigan en las pandillas.
Salazar también advirtió que, de no intervenir a tiempo, estos jóvenes podrían ser captados por estructuras criminales de mayor escala, como ocurre en otras ciudades del país. Por eso, insiste en la necesidad de apoyo del Gobierno Nacional, especialmente de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para fortalecer el componente jurídico del proceso.
A pesar de las críticas iniciales, la comunidad comienza a reconocer los resultados. “Hoy ya ven que los muchachos están cambiando”, aseguró la mandataria.
Puerto Tejada se convierte así en un laboratorio social que demuestra que, incluso en contextos adversos, la resocialización sí es posible. Y más aún, que puede ser una herramienta clave para recuperar la seguridad y reconstruir el tejido social desde la base.
