Cruce entre presidente Petro y alcalde Gutiérrez por homicidios en Medellín
Un intercambio de declaraciones entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reactivó el debate sobre las cifras de homicidios en la capital antioqueña y la responsabilidad de las políticas de seguridad.
Durante una entrevista en La FM, el alcalde Gutiérrez afirmó que Medellín registra una de las tasas de homicidios más bajas en las últimas cuatro décadas. En ese contexto cuestionó la postura del Gobierno nacional frente a la seguridad y señaló que, mientras la administración central se enfoca en confrontaciones políticas, la ciudad muestra resultados en la reducción de este delito.
Las declaraciones provocaron una respuesta del presidente Petro a través de su cuenta en la red social X. El mandatario sostuvo que la disminución de homicidios en Medellín también está relacionada con la política de “paz total” impulsada por el Gobierno nacional, que busca establecer diálogos y procesos de desmovilización con estructuras armadas en sectores urbanos.
Petro agregó que el panorama de violencia en Antioquia presenta contrastes. Señaló que municipios como San Andrés de Cuerquia registran tasas de homicidio elevadas en comparación con otras regiones. Según el presidente, la presión estatal contra el narcotráfico, reflejada en el aumento de incautaciones de cocaína, ha intensificado disputas entre organizaciones criminales por el control de cultivos de coca y zonas de minería ilegal.
El intercambio entre el mandatario nacional y el alcalde de Medellín refleja diferencias en la interpretación de los factores que inciden en la reducción o incremento de la violencia en distintos territorios del país. Mientras la administración local destaca resultados de su estrategia de seguridad urbana, el Gobierno nacional vincula parte de la tendencia a los procesos de negociación y a la dinámica del conflicto entre grupos dedicados al narcotráfico.
Las cifras oficiales sobre homicidios en Medellín y Antioquia continúan siendo objeto de análisis por parte de autoridades locales, organismos de seguridad y entidades del Gobierno central.
