CRÓNICA DE UNA INVESTIGACIÓN (III)
La hora de la verdad:
La CEO se enfrenta al espejo de sus propios incumplimientos
La investigación sobre la prestación del servicio de energía en el Cauca ha dejado de ser una suma de quejas aisladas para convertirse en un expediente de Estado. Si en las entregas anteriores (El Tambo y Buenos Aires) documentamos el drama humano y la rebelión de los alcaldes, esta tercera parte revela el panorama macroscópico: el momento en que la Compañía Energética de Occidente (CEO) tuvo que rendir cuentas ante el Ministerio de Minas, la Superintendencia de Servicios Públicos (SSPD), la Procuraduría y la Asamblea Departamental.
Lo que encontramos al analizar las actas de la Mesa Técnica del 21 de octubre de 2025 y la respuesta oficial de la Asamblea del Cauca, es un choque frontal entre dos realidades: la «eficiencia» que la CEO presenta en diapositivas y la calamidad que certifican los entes de control.
El contrato en la mira
La respuesta a nuestro derecho de petición por parte de la diputada Gabriela Muñoz confirma que la crisis energética ha escalado al máximo nivel político del departamento. La Asamblea no solo valida las quejas ciudadanas, sino que ha puesto sobre la mesa lo que antes parecía intocable: la revisión del contrato.
Según el informe de la diputada, en la sesión de control político de julio de 2024, incluso el delegado de la Superintendencia manifestó la voluntad política para «promover la revisión de las condiciones del contrato de concesión». Esto es un hito: la institucionalidad reconoce que el modelo actual tiene fallas estructurales que no se resuelven con pañitos de agua tibia.
El diagnóstico del desastre
El pasado 21 de octubre de 2025, en el Hotel Dann Monasterio de Popayán, se vieron las caras el Gobierno Nacional, los entes de control, los alcaldes y la CEO. Las actas de esa reunión son una radiografía de la ineficiencia. Mientras la CEO intentó defender su gestión alegando una inversión de $850 mil millones en 15 años y culpando al orden público de todos los males, los organismos de control desmontaron esa narrativa con datos técnicos:
La Superintendencia (SSPD) reveló el caos administrativo: En su visita de inspección de agosto, la SSPD halló que la CEO viola el debido proceso de los usuarios, no informa sobre recursos de apelación, presenta tiempos de espera excesivos en líneas telefónicas y, lo más grave, persisten los errores de facturación y la duplicidad de cobros. El 85.6% de las reclamaciones son por facturación, desmintiendo que el problema sea solo de «percepción».
La Procuraduría y la oscuridad real: El Ministerio Público fue contundente; en municipios como Puracé y Sotará hay cortes de hasta 12 horas continuas; en Argelia la comunidad denuncia interrupciones deliberadas; y en Patía los habitantes reportan disponer de solo dos horas diarias de servicio. Esto no es «intermitencia», es ausencia de servicio.
UPME y la brecha de cobertura: La Unidad de Planeación Minero Energética expuso la vergüenza de las cifras. Municipios como Buenos Aires, cuyo alcalde tuvo que entutelar a la empresa (como vimos en la Crónica II), tienen una cobertura real de apenas el 66.72%. Es decir, un tercio del municipio vive en el siglo XIX mientras la CEO reporta modernización.
La excusa del orden público: ¿Verdad o cortina de humo? La defensa de la CEO se centra en la «manipulación de terceros» y la violencia. Presentaron reportes de 16 hurtos de vehículos y múltiples incidentes de seguridad en 2025. Si bien nadie niega la compleja situación de orden público en el Cauca, la investigación plantea una duda razonable: ¿El orden público es culpable de que la CEO facture mal? ¿La violencia impide que la empresa conteste el teléfono a tiempo o que garantice el debido proceso en un reclamo? Parece, más bien, que la conflictividad se ha convertido en la excusa perfecta para justificar la inoperancia administrativa y comercial.
El expediente está completo
Con esta tercera entrega, el círculo se cierra. Tenemos la evidencia de los usuarios sufriendo (Crónica I), los alcaldes demandando (Crónica II) y ahora, los entes de control certificando las fallas sistémicas (Crónica III).
La «Mesa Técnica» dejó compromisos firmados, pero la historia del Cauca está pavimentada de actas incumplidas. La diferencia es que ahora existe un acervo probatorio consolidado.
La acción definitiva: no haremos más diagnósticos
Vamos avanzando en esta serie para concluir con el anuncio de la acción ciudadana. Con todas las pruebas recaudadas en este recorrido por los 38 municipios, Proclama del Pacífico procederá a radicar la petición formal ante la Superintendencia de Servicios Públicos y las autoridades judiciales, solicitando la intervención de fondo y la revisión estructural del contrato de gestión con la CEO.
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