CRISIS HUMANITARIA, CIVILIZATORIA Y DE ORDEN PÚBLICO EN EL CATATUMBO / La crisis humanitaria y de orden público que explotó en el Catatumbo está íntimamente asociada al sempiterno centralismo bogotano que genera una presencia diferenciada del Estado en territorios periféricos y fronterizos alejados de los más importantes centros urbanos de poder: Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.
Adicional a esa histórica circunstancia en la que viene operando el Estado colombiano se suman decisiones políticas como aquellas que confluyeron en la apuesta del uribismo de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo final” y por supuesto en el sostenido proceso de lumpenización del ELN y las disidencias convertidas en estructuras narco armadas y sicariales que operan gracias a las finas relaciones con agentes de poder legal que se lucran de los negocios de la guerra y la producción de cocaína. Dichos agentes están en Bogotá y suelen fungir como “salvadores” y portadores de las soluciones a los problemas estructurales evidenciados en la zona del Catatumbo.
Aunque los “territorios nacionales” ya no existen como realidad político-administrativa desde la Constitución del 91, el abandono y el desprecio siguen siendo principios rectores en la operación estatal en aquellos 9 departamentos y extendido a otros como el Cauca, la zona del Catatumbo y en general en las jurisdicciones de Santander y Norte de Santander. El manejo infantil y estúpido que Iván Duque le dio a la crisis fronteriza con Venezuela es un antecedente irrefutable y un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de explicar la realidad que hoy cubren de manera tendenciosa y amarillista los medios hegemónicos en su afán de responsabilizar al actual gobierno de esa crisis en el Catatumbo; “agravada”, según esos mismos estafetas del Establecimiento por el viaje a Haití del presidente Petro.
Así las cosas, los hechos violentos protagonizados por esas estructuras mafiosas y armadas en el Catatumbo es la constatación del fracaso del Estado como forma de dominación y estructura legítima de poder. Tiene razón el presidente Petro al decir que esa crisis humanitaria y de seguridad es la representación del fracaso de la Nación. Se trata de “soberanías en vilo y en disputa” como lo planteó María Teresa Uribe.
Igualmente, la lamentable situación en el referido territorio obedece a que el uribismo en sus 20 años al frente del Estado jamás se interesó en consolidar una visión de Estado más allá de la relación moral amigo-enemigo que naturalizó Uribe Vélez y que sirvió de guía moral a Santos y Duque que le dieron continuidad en sus gobiernos. De allí que los elenos y otras estructuras criminales igualmente lumpenizadas vienen debilitando la legitimidad social del Estado (local, regional y nacional) a partir de la conquista, el respeto y la sumisión de comunidades rurales y semiurbanas que jamás tuvieron al Estado como una forma decente de poder y orden.
Quizás por tratarse de una respuesta coyuntural la declaratoria de la Conmoción Interior no pueda arrebatarle por completo la forzosa legitimidad ganada por los ilegales, pero si podría dejar las bases ético-políticas para que esa parte de la sociedad colombiana entienda que los problemas de orden público que hoy padecen están atados a unos procesos civilizatorios que devienen truncos y debilitados. Cada ciudadano y ciudadana de esa turbulenta zona está en la obligación de reflexionar, más allá de las amenazas de sus victimarios, incluyendo al propio Estado, qué responsabilidades deberán asumir como colectivo en lo que hoy es una incontrastable crisis civilizatoria.
La imagen que ilustra este artículo fue tomada de: https://www.unidadvictimas.gov.co/desplazamiento-forzado-el-delito-que-mas-declaran-las-victimas-del-conflicto-armado/
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