La llegada de al menos 600 colombianos deportados desde Ecuador ha encendido alertas en Cali, ciudad a la que han sido remitidos decenas de repatriados sin antecedentes judiciales vigentes en Colombia.
Redacción Cali.
La mayoría de ellos recuperó su libertad tras ser valorados por Migración y la Fiscalía, pero una fracción menor podría ingresar al sistema penitenciario local.
Las autoridades activaron un protocolo de atención y seguridad, ante el riesgo de que parte de esta población termine alojada en la cárcel de Villahermosa, cuya capacidad está desbordada en más del 200 %.
Según la Personería de Cali, el penal alberga actualmente 3.769 internos, pese a haber sido diseñado para 1.884.
Los deportados salieron de Ecuador luego de que ese país ordenara su expulsión inmediata por decisión judicial, bajo un contexto de reforma carcelaria que busca despresurizar el sistema penitenciario ecuatoriano.
Colombia criticó el procedimiento por la falta de coordinación bilateral, advirtiendo que se desconocieron lineamientos del derecho internacional.
El gobierno local teme que la llegada sin filtros ni planificación aumente la sobrepoblación carcelaria, comprometa los servicios públicos en salud y seguridad, y exponga a los repatriados a condiciones indignas.
La Defensoría del Pueblo ha pedido un plan de acción integral que garantice derechos y trace criterios claros para el tratamiento de estos casos.
Cali queda, así, ante un nuevo frente de presión humanitaria y administrativa.
Aunque el número de repatriados con requerimientos judiciales activos es limitado, las autoridades locales insisten en que cualquier aumento en la carga carcelaria representa una amenaza concreta para un sistema penitenciario ya colapsado.
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