Corte Suprema mantiene proceso penal contra Miguel Polo Polo
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la continuidad del proceso penal contra el representante a la Cámara Miguel Polo Polo por presunto hostigamiento y violencia contra el presidente Gustavo Petro y exintegrantes del M-19. La decisión se produjo tras negar la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista, que alegaba vulneración del derecho al debido proceso.
El alto tribunal concluyó que no se afectaron las garantías procesales y que las actuaciones de la Fiscalía y del despacho instructor se limitaron a revisar los mensajes difundidos por el investigado en sus redes sociales. Entre ellos figuran publicaciones del 14 de noviembre de 2023, en las que Polo Polo compartió un video con la quema de una bandera del M-19 acompañado del mensaje “Gloria a los soldados, plomo a los guerrilleros”, así como la imagen de una efigie en llamas con símbolos de ese movimiento y el rostro del presidente Petro.
Otros mensajes citados por la Corte corresponden a manifestaciones hechas por el congresista en actos públicos y en medios de comunicación. En uno, fechado el 9 de septiembre de 2022, cuestionó el papel histórico del M-19 y comparó su actuación con la de otras organizaciones armadas. En otra publicación señaló no encontrar diferencias entre exintegrantes de esas estructuras y el sicario conocido como “Popeye”.
La Sala Penal dispuso la práctica de pruebas y la recepción de testimonios, entre ellos los del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro. Esta actuación forma parte del proceso derivado de la denuncia presentada por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien acusó al representante de injuria y calumnia por vincularlo en redes sociales con actividades ilegales y señalarlo como supuesto financiador de grupos que participaron en movilizaciones durante 2019.
Con esta decisión, la Corte Suprema mantiene el curso del expediente y continúa la etapa previa al juicio, en la que deberán evaluarse las pruebas solicitadas y los testimonios requeridos para sustentar la acusación.
