CONSEJO DE ESTADO, VARGAS LLERAS Y GUSTAVO PETRO



El Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse y ofrecer públicas disculpas a la familia Vargas Lleras, por haber señalado que Enrique Vargas Lleras tenía que ver con el desangre económico de la Nueva EPS. Vargas Lleras hizo parte de su Junta Directiva. El alto tribunal de lo contencioso administrativo ampara así el derecho al buen nombre y a la honra de los miembros del clan de los Vargas Lleras.
El alto tribunal considera que “el señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.
En cuenta de X, el mandatario de los colombianos dijo meses atrás que “la familia Vargas Lleras debería de responder por esa inmensa pérdida de recursos públicos y clínicas y hospitales sin pago. Hoy encontramos que ocultaron en la Nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023”.
El fallo y la orden perentoria se da apenas horas después de que se levantara el paro empresarial camionero que duró cuatro días, y que fue orquestado por sectores de poder económico y político cercanos al uribismo y a familias como la de los Vargas Lleras que pertenecen al viejo establecimiento y que le hacen oposición al actual gobierno.
Se puede pensar que el sentido del fallo va más allá de la intención manifiesta de proteger los derechos del mencionado clan, conculcados por el señor presidente de la República, de acuerdo con lo señalado por el alto tribunal. ¿Realmente los Vargas Lleras necesitan de una tutela para recuperar su buen nombre? No lo creo. La orden del Consejo de Estado bien puede hacer parte de las estrategias a las que viene apelando la derecha colombiana con las que buscan minar la legitimidad y la gobernabilidad del gobierno y graduar a Petro de “dictador”. Sobre esto último, parece que los magistrados y los miembros del clan Vargas Lleras suponen que Gustavo Petro hará caso omiso al acto de habla conminatorio expresado en el ya mencionado fallo de tutela, pues conocen muy bien su carácter combativo contra la corrupción público-privada. Petro está respaldado por informes de la Contraloría General de la República que indican que efectivamente hubo malos manejos de recursos públicos en esa entidad prestadora de salud.
Lo ordenado por el Consejo de Estado de inmediato servirá a la prensa que le hace oposición a Petro para armar un caso de “choque de trenes” por la demora en retractarse, por no hacerlo o por hacerlo a medias. Habrá que esperar qué actitud asume Petro en este caso.
Lo curioso de todo es que ese mismo Consejo de Estado acaba de nominar a Luis Felipe Henao y hará parte del grupo de candidatos a remplazar a la inefable procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco, ficha del clan Char. Henao es cuestionado por haber tenido relaciones políticas con el Ñeñe Hernández, señalado por la Policía de ser narcotraficante. Henao, además, es cercano a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Santos y añejo delfín político de la ultraderecha colombiana. Es decir, políticamente los magistrados del alto tribunal son cercanos a la derecha colombiana, lo que convierte el fallo en una clara acción jurídico-política que varios sectores de poder político y mediático sabrán explotar a su favor y siempre con la intención de desprestigiar al mandatario progresista.
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Publicación original: https://ayalalaotratribuna.blogspot.com/
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[i] PhD en Regiones Sostenibles, Politólogo, Especialista en Humanidades Contemporáneas y Comunicador Social-Periodista.




