CONFLICTO DE TIERRAS EN COCONUCO
La comunidad indígena del Pueblo Coconuco, con una población aproximada de 26.000 personas, distribuida en cinco resguardos, que cuenta con senador propio, Marcos Avirama, quien le apostó a la reelección del presidente, exige el cumplimiento de los acuerdos bilaterales suscritos entre la Minga ONIC y el presidente Juan Manuel Santos.
En días pasados, acudiendo a vías de hecho, como: destrucción de praderas, pica de potreros y aplicación indebida de glifosato, cortando mangueras de riego y ordeño, cercas eléctricas, para incomodar a campesinos y pequeños propietarios, conminándolos a vender para lograr ampliar su resguardo.
Conflicto de vieja data que deviene desde cuando doña Dionisia Pérez Manrique y Camberos, Marquesa de San Miguel de la Vega, donó la hacienda de Coconuco y Poblazón a los jesuitas, y dispuso entregar una importante área de sus tierras a los indios de Poblazón y Coconuco. Las haciendas tenían más de 60 mil hectáreas entre potreros, zona de ladera y bosques tropicales.
La hacienda Coconuco, fue comprada por Don José María Mosquera y Figueroa, quien la entregó en usufructo a su hijo Tomás Cipriano de Mosquera quien la adquirió en 1828, aprovechando la organización colectivista de los indígenas para ligarlos con fuertes lazos económicos y sociales a través de una relación semifeudal.
El problema surge cuando familias como los Guañarita, Melenje y Avirama, miembros de los núcleos sociales del resguardo, quienes tenían en posesión más de 6 mil hectáreas de terreno, las vendieron a particulares en 1885; posteriormente, en 1899, con la Ley 89 de 1890, se procedió a expedir el titulo supletorio del resguardo, sustentados en el testimonio de cinco personas que declararon sobre la veracidad del negocio.
Don Ignacio Muñoz, abuelo del presidente Guillermo León Valencia y bisabuelo del Ministro Aurelio Iragorri Valencia, orientó sus ambiciones hacia las proximidades de la meseta de Popayán en Coconuco, Calaguala, Pisojé y Paletará; compró varias haciendas de terraje, y penetró áreas de reserva del bosque andino, mediante el sistema de asignación de trabajo conocido como “mita de nuevo tipo”, por medio del cual entregaban parcelas a los indígenas para que estos desmontaran el bosque, sembraran papa y fueran dejando praderas de pastoreo. (San Isidro -Quintana-, Pisojé, Calaguala y Sotará luego heredadas por sus descendientes, familias: Collazos, Muñoz y Valencia.
Durante la década de 1960 para adecuar la estructura agraria a las condiciones del modelo capitalista, y contrarrestar la influencia de la revolución cubana, se promovió la Ley 135 de 1961 y la creación del Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA, autorizando la creación, saneamiento y ampliación de resguardos, de consecuencias nefastas para los interés económicos del Cauca, por orientaciones más de contenido electoral que económico.
Al perder la dirigencia caucana su poder económico y político, por su incapacidad para desarrollar la industria y el emprendimiento empresarial, aferrados a la tradición con la esperanza de mantener intacta la estructura social, el Estado Central se fortaleció así como sectores burgueses del Valle, Cundinamarca, Antioquia y la Costa Atlántica, perdiendo la dirigencia caucana, liderazgo, visibilidad e influencia en el poder central, que comenzó a obedecer más a los intereses de los nuevos sectores de poder.
Lo anterior originó que en febrero de 1971 en Toribio, más de 2.000 líderes indígenas Paeces y Guámbianos constituyeran el Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC., y enarbolando las banderas de Quintín Lame, emprendieran una cruenta lucha por la tierra, sustentada en el no pago de terraje y reconstrucción de los resguardos.
Las consecuencias del conflicto indican que mientras los demás departamentos del país progresan, el Cauca involuciona. En la década del sesenta, el sector agropecuario participaba con el 30% en la economía local, hoy no supera el 12%, y lamentablemente por carecer de un proyecto de región, coherente, incluyente y participativo, no hemos podido resolver un conflicto social, que nos volvió inoperantes y nada competitivos en el contexto económico nacional e internacional.
