Comunidades afro dejan la coca y reciben tierra
Comunidades étnicas del municipio de Tumaco iniciaron un proceso de erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca tras recibir 592 hectáreas de tierra por parte de la Agencia Nacional de Tierras. El acuerdo involucra a 13 consejos comunitarios afro ubicados en zonas rurales históricamente afectadas por economías ilegales y disputas armadas.
Los predios entregados, conocidos como El Cabrero y El Darién, se encuentran en corredores rurales que durante años carecieron de una titularidad definida. Esa condición facilitó el uso ilícito del suelo y la persistencia de la violencia. Con la adjudicación, las comunidades asumen la propiedad legal de la tierra y el compromiso de destinarla de manera exclusiva a proyectos productivos lícitos.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, explicó que las comunidades beneficiadas llevaban más de dos décadas solicitando la ampliación y titulación de sus territorios. Señaló que la presencia de cultivos de coca había impedido la intervención estatal y sostuvo que este proceso busca corregir una deuda histórica mediante el acceso legal a la tierra.
El acuerdo establece obligaciones jurídicas y sociales para garantizar el uso sostenible de los predios y la permanencia de las comunidades como propietarias legales. La estrategia cuenta con el acompañamiento de la Gobernación de Nariño, encabezada por Luis Alfonso Escobar, y hace parte de una política orientada a sustituir economías ilegales por actividades productivas.
Voceros comunitarios señalaron que la erradicación se realizará de manera voluntaria y que el objetivo es avanzar hacia la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Para las comunidades, el acceso a la tierra representa una oportunidad para fortalecer su cultura, su permanencia en el territorio y su autonomía económica.
Las hectáreas entregadas en Tumaco se suman a más de 1,8 millones de hectáreas tituladas a comunidades campesinas y étnicas durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el Gobierno nacional, esta política articula el acceso a la tierra con la sustitución de cultivos ilícitos y la reducción de la violencia asociada al narcotráfico.
