La aspiración presidencial de Abelardo de la Espriella plantea un desafío para las garantías democráticas en Colombia. Su comportamiento reciente frente a la prensa crítica desborda el ámbito de la controversia pública y se instala en el terreno del hostigamiento sistemático. La evidencia disponible señala que el candidato instrumentaliza el aparato de justicia para sofocar el disenso y blindar su imagen ante el escrutinio necesario que exige una democracia liberal.
El reciente choque con la columnista Ana Bejarano Ricaurte ilustra esta dinámica. Tras la publicación del texto “Alex y Abelardo” en los portales Cambio y Los Danieles, la campaña del aspirante respondió con el anuncio inmediato de acciones judiciales. Esta reacción confirma una intolerancia radical frente al control ciudadano. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) identificó en esta maniobra un riesgo latente para el debate público, al pretender silenciar cuestionamientos legítimos sobre la trayectoria del candidato y sus vínculos con figuras controversiales como Alex Saab.
Este episodio integra un patrón de conducta reiterado. La estrategia de De la Espriella consiste en judicializar la opinión. La FLIP ha documentado un expediente extenso de agresiones legales contra comunicadores. Casos como el del periodista Jorge Gómez Pinilla en 2018, la exposición de datos personales (doxing) de un reportero en 2019, la demanda civil contra Cecilia Orozco en 2021 y las acciones contra cinco periodistas en 2024 por investigar sus nexos con el caso David Murcia Guzmán (DMG), demuestran la existencia de una política deliberada de intimidación.
Las estadísticas de la Fiscalía General de la Nación corroboran esta tesis. Entre 2008 y 2019, De la Espriella figuró como denunciante en 109 procesos por injuria y calumnia. El archivo masivo de estas querellas, por atipicidad de la conducta o desistimiento, revela que el objetivo de estas acciones dista de la búsqueda de justicia; su propósito real es el desgaste económico y emocional de los periodistas. En el derecho internacional, esta práctica recibe el nombre de pleitos estratégicos contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un mecanismo de acoso judicial diseñado para inducir la autocensura mediante el miedo al litigio.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Constitucional de Colombia establecen un estándar claro: las figuras públicas poseen un umbral de resistencia al escrutinio superior al del ciudadano común. Quien aspira a administrar el Estado debe aceptar la fiscalización de sus actos pasados y presentes. La pretensión de inmunidad ante la crítica mediante la amenaza de tribunales contraviene los principios rectores de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La respuesta de Ana Bejarano ante el intento de rectificación reafirma la vigencia del derecho a opinar. Su negativa a ceder ante la presión legal defiende el fuero del periodismo y protege el derecho de la sociedad a estar informada. Validar el acoso judicial como herramienta electoral implica pavimentar el camino hacia la censura de Estado.
El país observa con atención estas maniobras. Un candidato que utiliza la justicia como arma de persecución desde la campaña, anticipa un ejercicio del poder hostil a las libertades civiles. La democracia requiere prensa libre y contrapesos efectivos; el silenciamiento de las voces críticas mediante el litigio temerario representa la antítesis del mandato constitucional que un presidente jura defender.
Otras publicaciones de Alfonso Luna Geller en Proclama del Pacífico:
[email protected]
