Cauca suplica libertad

Cuando el terror secuestra el futuro

El Cauca, tierra de esperanza y de lucha, vuelve a estremecerse con el secuestro. El pasado 2 de septiembre, en el casco urbano de Miranda, hombres armados arrebataron de su cotidianidad a Samuel Londoño Escobar, un joven de apenas 17 años, hijo del gerente de la Industria Licorera del Cauca y exalcalde de Miranda, Samuel Londoño Ortega.

Es el rapto de la inocencia, la burla al futuro, el secuestro de la esperanza. La comunidad, estremecida, no solo exige su regreso: exige que se respete la vida, la juventud, la ilusión.

Bien sabemos que en el Cauca no ocurren casos aislados.

El hecho de que sea el hijo de un exalcalde, no hace más que confirmar una lógica perversa que no respeta a nadie. En menos de un mes, la lista de víctimas sigue creciendo: el secuestro de Nora Ruiz en Timbío, el de un trabajador azucarero en Padilla, la denuncia de Asocaña sobre los cuatro empleados secuestrados. Cada caso es un eco del mismo terror que se ha apoderado de nuestra vida cotidiana.

El Gobierno Nacional parece estar ciego ante la magnitud de la tragedia. La violencia que se ha normalizado en el Cauca es el resultado de un abandono histórico, un conflicto importado que ha convertido nuestra tierra en un corredor para la criminalidad. Las mafias se mueven con impunidad, secuestrando a hermanos de alcaldes, como Cristian Fabián García (2019) y William Velasco (2023) en Corinto, y asesinando a líderes sociales como el alcalde de Guachené, Élmer Abonía Rodríguez, y al guarda indígena Eliécer Puyo Chocué, en Pescador, Caldono.

Como bien lo dijo el director de Fedemunicipios, Gilberto Toro, hace años ante esos hechos: “la democracia colombiana está bajo amenaza”. Y no son solo los servidores públicos quienes están en la mira. Es la comunidad entera la que vive bajo un régimen de miedo y zozobra.

Claro que la violencia en el Cauca no es nueva, pero sí cada vez más cruel. Se ensaña con los jóvenes, con los líderes, con los trabajadores del campo. Se infiltra en la vida cotidiana, en las veredas, en los barrios, en las estaciones de servicio. Y lo hace con una impunidad que hiere, que desangra, que deshumaniza.

No hay justificación posible. No hay causa que legitime el secuestro de un adolescente, el asesinato de un alcalde, el rapto de un guarda indígena. No hay ideología que pueda explicar el dolor de una madre, la zozobra de una comunidad, la parálisis de un territorio que ya no puede transitarse con alegría ni optimismo.

¿Qué ha de hacer un niño o una niña que solo sueña con crecer en paz? ¿Qué se espera de un joven que quiere transitar su tierra con alegría?

Infortunadamente las respuestas no las tiene hoy un Gobierno incapaz de garantizar la vida.

Las comunidades del Cauca no piden más discursos vacíos, piden justicia, garantías. Piden poder caminar de nuevo por sus calles con alegría y optimismo, ver a sus hijos regresar a casa con seguridad. Exigen que la libertad deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.

Este editorial es la voz de las comunidades confinadas, de los padres y madres que ruegan por la libertad de sus hijos. Es el eco de las oraciones que se elevan en Miranda, en Timbío y en cada rincón del departamento.

El Cauca no debiera ser un territorio de sacrificio; tiene que ser una tierra donde la vida merece ser liberada.

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