Cauca: el síntoma de la guerra y la enfermedad de la desigualdad. Por: Martha Lucia Agredo Cerón.
Abogada con estudios en Ciencia Política, Especialista en Alta Gerencia, y en Gobierno y Gestión Pública, y Maestrante en Alta Gerencia de los Recursos Públicos.
El Cauca es hoy un reflejo de lo que sucede en gran parte de la Colombia rural: asesinatos sistemáticos de líderes sociales y población civil en medio de confrontaciones armadas, surgimiento y reorganización de actores armados, reclutamiento de menores, minería ilegal controlada por grupos armados, cultivos ilícitos como principal motor de la economía y el narcotráfico que alimenta la violencia y sostiene los cultivos ilícitos. Estas situaciones ponen en riesgo la materialización de los derechos humanos, la realización del Estado social de derecho y repercuten gravemente en la calidad de vida de los colombianos que habitan el territorio, anteriormente dominado por las FARC y que hoy controlan el ELN, el Clan del Golfo, el denominado “Estado Mayor Central”, los frentes disidentes de las FARC: Carlos Patiño y Rafael Aguilera, y las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos.
No resulta extraño que estos fenómenos coincidan con los puntos que los Acuerdos de Paz del Teatro Colón buscaban combatir con su implementación. Por ello, quienes hemos defendido una solución negociada al conflicto armado interno también planteamos la necesidad de que el Estado ocupe el territorio que los violentos han tomado debido a su ausencia. La ecuación presencia del Estado igual a garantía de derechos es efectiva en territorios que solo conocen la presencia de actores armados, legales o ilegales.
De esto precisamente trata la política de Paz Total (Ley 418 de 2022) del presidente Gustavo Petro: diálogo para la cesación del conflicto, sometimiento de los actores armados ilegales y presencia del Estado en los territorios para materializar el Estado de derecho. La respuesta no puede ser otra, pues las confrontaciones armadas que hoy vive nuestro departamento son producto de un nuevo ciclo de violencia que responde a la reorganización de los actores armados ilegales en el territorio. Sin embargo, la violencia persiste y resiste en el tiempo y el territorio debido a condiciones sociales, económicas y culturales estructurales ligadas a la exclusión y la desigualdad rampante en el Cauca.
Más de 550,000 caucanos padecen hambre, ya que no pueden hacer tres comidas al día. El 58.3% de la población (845,999 personas) vive bajo la línea de pobreza, de las cuales el 26.9% está en estado de vulnerabilidad. Además, 134,000 caucanos (8.7% de la población) están desempleados. La raíz de este problema radica en que la riqueza creada por habitante al año en el departamento es de apenas 3,927 dólares (PIB per cápita), cifras comparables con países africanos o del sudeste asiático.
En síntesis, la violencia es el síntoma, pero la verdadera enfermedad es la desigualdad. Por ello, la Paz Total se encuentra en todas y cada una de las acciones que el gobierno nacional ha emprendido en estos dos primeros años con resultados concretos: del 2022 al 2023 han salido de la pobreza monetaria 1,400,000 personas y 1,120,000 personas han superado la pobreza extrema.
Pero es preciso advertir también que los hechos que hoy llenan de zozobra a nuestro departamento, y en especial al municipio de Argelia y el Cañón del Micay, merecen nuestro total rechazo. Nada justifica a que los violentos instrumentalicen a la población civil, y con ello, infrinjan uno de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario: mantener a la población civil al margen de las confrontaciones armadas.
En julio de 2024 tuvimos que lamentar la muerte de Dilan Camilo Erazo, un niño de 10 años que cursaba quinto de primaria y que fue víctima de un artefacto explosivo en el corregimiento de El Plateado. Hoy, condenamos con firmeza la escalada criminal que ha azotado a nuestro departamento durante los meses de febrero y marzo de 2025.
Esta grave situación comenzó con el atentado contra la estación de Policía en el municipio de Morales, seguido por el desplazamiento forzado de más de mil habitantes del Pacífico caucano, actualmente concentrados en el municipio de López de Micay. También se han registrado alteraciones al orden público en la vereda La Hacienda del municipio de Argelia y la retención ilegal de miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). A estos hechos se suma el intento de atentado con una motobomba dirigida contra la fuerza pública en la vereda Torres, en la ciudad de Popayán, así como los recientes hostigamientos a la Policía en los municipios de Toribío, Caldono, Cajibío, Silvia y Santander de Quilichao. Esta ola de violencia culminó en los últimos dos días con dos nuevos atentados con motobombas: uno en el corregimiento de Piedra Sentada, municipio de Patía, y otro en el municipio de Piendamó.
Nada justifica estos hechos, y por ello, el Presidente Gustavo Petro ha sido enfático en señalar la verdadera naturaleza de los grupos armados ilegales que cooptan el territorio y a la población civil. Sus verdaderos intereses no responden a las necesidades de las comunidades abandonadas por el Estado durante décadas; su única motivación es el narcotráfico y la minería ilegal. No se puede hacer revolución traqueteando, y por ello la Paz Total en territorios como el Cauca, se traduce en sometimiento de los actores armados ilegales y presencia del Estado en los territorios para materializar el Estado de derecho con inversión social, y garantizar la seguridad de la población civil con presencia de la fuerza pública.
Es por lo que, en materia de inversión social, el Pacto Cauca concreta una serie de inversiones estratégicas de alto impacto para lograr el cierre de brechas existentes, consolidando la paz en un territorio que ha sido históricamente afectado por el abandono estatal y la violencia. La inversión se traduce en 319 proyectos identificados en 7 ejes estratégicos: vivienda, agua potable y saneamiento básico, vías terciarias, transformación energética, educación integral, salud y reforma agraria con costo estimado en 9,7 billones de pesos, y 10 macroproyectos con un costo total estimado de $14,3 billones:
- Vía al Mar: $5,8 billones (valor que va al Pacto $13.259 millones para estudios).
- Corredor Pasto – Popayán: $28 billones (valor que va al Pacto $7,8 billones).
- Anillo Vial del Macizo: $389.566 millones (valor que va al Pacto $389 mil millones).
- Anillo Vial del Norte: $250.000 millones (valor que va al Pacto $30 mil millones).
- Proyecto Integrador del Café: $58.000 millones (valor que va al Pacto $58 mil millones).
- Proyecto Integrador de la Cadena de Coco: $47.000 millones (valor que va al Pacto $47 mil millones).
- Hidroeléctrica del Cañón Micay: $8 billones (valor que va al Pacto $40 mil millones para estudios).
- Universidad del Macizo: $700 millones (valor que va al Pacto $700 millones).
- Universidad del Guapi: $3.000 millones (valor que va al Pacto $3 mil millones).
- Política Nacional de Industrialización de la hoja de coca, Cannabis y amapola.
Este esfuerzo representa una de las mayores inversiones en la historia del Cauca, alrededor de 24 billones de pesos que requerirán de una estrategia de concurrencia de diversas fuentes, incluyendo recursos del presupuesto nacional, regalías, obras por impuestos, cooperación internacional, entidades territoriales y fondos específicos, y que, sin duda alguna, materializarán el Estado de derecho y la influencia de los actores armados ilegales en el territorio. En este contexto, el gobierno nacional seguirá insistiendo en la solución negociada al conflicto, en la concertación permanente de proyectos con las comunidades, pero también la legítima acción del Estado para combatir a quienes emplean el terror contra la población civil.
No habrá espacio vedado para la presencia y acción del Estado en los territorios. Las medidas de conmoción interior en el Catatumbo y el Pacto Cauca siguen avanzando, y la revolución en estas regiones está en la tarea permanente del Gobierno del Cambio de llevar más y mejor Estado a donde nunca ha llegado.
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Con imagen apoyo: Foto EFE – Tomada de El Espectador.
