Autoridades indígenas también serán autoridad ambiental
Autoridades indígenas también serán autoridad ambiental
- El presidente de la República, Gustavo Petro, junto con los ministros de Ambiente y de Interior (e), Susana Muhamad y Gustavo García, firmó el Decreto que establece las medidas para el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas.
- El Decreto 1275 de 2024 establece las normas de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas, así como su coordinación efectiva con otras autoridades y entidades del Estado.
- Con esta nueva normativa, las autoridades indígenas construirán, de la mano de otras entidades, mecanismos directos para garantizar la protección de los ecosistemas del país y sus territorios, teniendo en cuenta sus conocimientos ancestrales.
- De cara a la COP16, que iniciará el próximo 21 de octubre y gracias a la concertación entre la jefa de la cartera ambiental y la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas de Colombia (MPC), el Gobierno logra saldar una deuda histórica con estas comunidades.
En adelante, las comunidades indígenas tendrán en sus territorios la misma autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), advirtió el presidente Gustavo Petro tras la firma del Decreto 1275 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, evento que se realizó en la Casa de Nariño.
El mandatario destacó el alcance de la norma, pues dijo que las CAR, “en su mayoría inmensa, no ha demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción».
El Decreto establece las normas de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas, así como su coordinación efectiva con otras autoridades y entidades del Estado.
Este instrumento permitirá que las autoridades indígenas aporten su conocimiento a otras entidades para la construcción de mecanismos de aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, siempre con el fin de garantizar la protección de los ecosistemas del país.
Dentro de las competencias ambientales de las autoridades indígenas estarán la protección armónica de los ecosistemas, la formulación y desarrollo de instrumentos de regulación y gestión ambiental como, por ejemplo, planes de ordenamiento ambiental indígena.
Asimismo, las autoridades tendrán aval en materia de implementación de reglamentos para administrar y conservar la importancia especial de sus territorios, la planificación y adopción de presupuestos y la administración de los recursos que les correspondan para el ejercicio de sus competencias ambientales. Estas competencias tendrán lugar en sus territorios y para los miembros de sus pueblos indígenas.
De esta manera, de cara a la COP16 de biodiversidad, que iniciará el próximo 21 de octubre en Cali, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con los pueblos indígenas, reconociendo su vital papel en pro de la protección y conservación de la biodiversidad y avanzando con acciones concretas en la construcción de Paz con la Naturaleza.
En su intervención, el presidente Petro aseguró que el Decreto en pocos días o semanas “provocará una gran discusión, hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán, ‘uy, cómo, los indígenas tendrán autoridad ambiental, y nuestras instituciones aristocráticas, que viven robándose la plata, ¿qué’?», aseguró.
Pero aclaró el jefe de Estado que, si esa norma la tumban, volverá a presentarla “hasta que los derrotemos, porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana, cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América».
El mandatario destacó este reconocimiento a las autoridades indígenas de las que dijo “no se han arrodillado a la maquinaria de muerte» que significa la extracción de combustibles fósiles.
“Antes que la ciencia, fueron las comunidades indígenas de todos los continentes, y muy especialmente las comunidades indígenas de las Américas, por su adoración a la Madre Tierra, la que permitía el equilibrio para existir», sostuvo.
Gobierno fortalece sistema económico de comunidades indígenas del Cric
El mandato de la ATEA
Es oportuno recordar que el decreto 1275 de 2024 está en perfecta sincronización con el Decreto Ley 1094 (agosto 28 de 2024) que se expidió con el objetivo fortalecer el sistema económico propio y promover el buen vivir de los pueblos ancestrales que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
El reconocimiento de las autoridades indígenas como Autoridad Territorial Económica Ambiental (ATEA), representa la protección y financiación de las unidades productivas indígenas, facilitando la adquisición de insumos, la transformación y la comercialización de productos dentro de un modelo económico sostenible que respete el equilibrio natural.
El decreto estipula que, en un plazo de nueve meses, el Gobierno deberá expedir las reglamentaciones necesarias para implementar acciones claves de esta iniciativa, que incluyen la creación de una política integral de financiación y el desarrollo de un modelo económico adaptado a las necesidades y planes de vida de las comunidades indígenas. Además, se prevé la creación de un centro de innovación y productividad con identidad propia.
En resumidas cuentas, este decreto representa un avance para abordar los problemas sociales, económicos, ambientales y culturales que enfrentan las comunidades del CRIC, reconociendo que la Autoridad Territorial Económica y Ambiental (ATEA) como un instrumento clave para el desarrollo de estas comunidades, contará con la financiación necesaria, proveniente de recursos públicos.
En consecuencia, el Consejo Regional Indígena del Cauca, podrá “suscribir contratos, convenios marco y específicos con las diferentes entidades públicas competentes, de conformidad con el Estatuto General de contratación”, al mismo nivel que las demás entidades territoriales.
