Los temas mas relevantes fueron en su orden: El deterioro a que está siendo sometido el suelo en la jurisdicción de este municipio como consecuencia de la explotación indiscriminada, a grande escala, por parte de las ladrilleras y particulares que se dedican a extraer la arcilla con la que se elabora ladrillo y otros productos, lo que conlleva la pérdida de terrenos de vocación agrícola que posteriormente se convierten en chircales productores de moscos, además del desplazamiento de pequeños agricultores, como un ingrediente adicional al fenómeno del cultivo de la caña que pocos espacios deja para la producción agrícola.
Se solicitó a las autoridades ambientales ejercer control en la expedición de la licencia para la explotación de la arcilla y otros productos del subsuelo que permitan controlar el desastre ambiental que se viene generando.
Otros aspectos expuestos fueron: la contaminación ambiental causada por los galpones avícolas existentes en la zona, la pavesa derivada de quema de la caña que causa enfermedades respiratorias e incomodidades en los sectores poblados, la desprotección a los humedales y la contaminación por ruido. Sobre estos temas la comunidad solicitó inmediata intervención por parte de las autoridades ambientales.
En su intervención el director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, reconoció las falencias presentadas y urgió el compromiso por parte de las autoridades locales quienes en últimas son las que actúan como autoridad con funciones policivas para hacer cumplir los actos administrativos expedidos en materia de control ambiental y los planes de ordenamiento territorial que son los que definen el uso que se debe dar al suelo de sus respectivos municipios.
La dirección departamental ambiental se pondrá en comunicación con el Instituto Nacional de Minas (INGEOMINAS) que es el organismo encargado de la expedición de las licencias para la explotación del subsuelo, con el fin de concertar acciones que permitan colocar un correctivo en forma inmediata a las anomalías denunciadas.
Igualmente, se fijó un plazo de treinta días para realizar una revisión a los planes y licencias otorgadas, hacer una visita a los sitios donde se presenta la problemática y en un espacio amplio informar a la comunidad las determinaciones adoptadas. Dentro de este periodo se hará un monitoreo a los sitios donde se producen vertimientos contaminantes para aplicar los correctivos y si fuese posible, las sanciones a que haya lugar.
Finalmente, se hizo un llamado para que entre todos hagamos sinergias que permitan conservar nuestro ambiente como garantía para que la especie humana subsista.
