Con tutela, indígenas exigen adquisición y adjudicación de 144.000 hectáreas nuevas de tierras. Aplazada hasta el lunes 16, comisión facilitadora para gestionar soluciones al conflicto.

Para el próximo lunes 16 de marzo quedó aplazado el desarrollo de la mesa de seguimiento a la problemática indígena...

Redacción Alfonso José Luna Geller

13 marzo, 2015
2:18 pm

Para el próximo lunes 16 de marzo quedó aplazado el desarrollo de la mesa de seguimiento a la problemática indígena del norte del Cauca, que integran los gobernadores indígenas de la región, el gobernador Temístocles Ortega Narváez, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Todd Hawland, el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, entre otros.

Mesa de Seguimiento problemática indígena

En la reunión de Santander de Quilichao, ayer, se confirmó el ofrecimiento del Gobierno nacional, de tres mil hectáreas y dos mil millones de pesos para insumos, con destino a desarrollo productivo, lo cualm a consideración de los negociadores indígenasm “está muy lejos” de sus pretensiones.

Aunque la mesa de seguimiento fue levantada, se hizo de acuerdo entre las partes, para continuar el próximo lunes con la presencia de los ministros del Interior y de Agricultura, y otros altos funcionarios del Gobierno nacional, que vengan investidos de poder de decisión, trascendió.

Otros afectados por el conflicto

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, se reunió con las familias propietarias de los predios afectados por los enfrentamientos entre la fuerza pública y las comunidades indígenas en los sectores de Mondomo, La Agustina y Quinamayó, que reclaman ayudas para la reparación de sus viviendas averiadas y negocios privados saqueados, en desarrollo de los continuos bloqueos a la vía Panamericana. Un llamado urgente hizo el mandatario caucano para que cesen las hostilidades y se frene el vandalismo que perjudica a todos.

Cabildo indígena de Corinto interpuso acción de tutela contra el presidente de la Republica, gobernador del Cauca y alcalde de Corinto

Instalación-del-encuentro-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-con-miembros-de-la-comunidad-indígena-del-Cauca-en-el-Resguardo-de-La-María-en-el-municipio-caucano-de-Piendamó. — Foto archivo.

Mientras avanzaban estas conversaciones en Santander de Quilichao, Proclama del Cauca supo que el pasado miércoles 11 de marzo de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán admitió la demanda de acción de tutela presentada por Javier Soscué Fiscué, gobernador principal del cabildo del resguardo indígena Páez de Corinto, por intermedio del abogado Jorge Álvaro Triviño Valenzuela, contra el Presidente de la Republica y sus ministros del Interior, de Agricultura, de Defensa, de Justicia y del Derecho, Hacienda, de Relaciones Exteriores, Gobernación del Cauca y alcalde municipal de Corinto, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación, a la restitución de las tierras ancestrales o tradicionales ocupadas aun por terceros de buena fe, a una solución jurisdiccional ante juez imparcial que decida de fondo sobre los derechos de tierra y territorio del pueblo indígena reclamados, a la conformación y delimitación del territorio indígena, al debido proceso administrativo, policial y judicial, a conservar la posesión y ocupación pacífica con actos positivos sobre las tierras ancestrales recuperadas, a no ser desalojados a la fuerza y con violencia para privarlos de los derechos de recuperación de la tierra ancestral, a la verdad, la justicia y la reparación individual, social y colectiva que incluya la adquisición y adjudicación de tierras por repetición de hechos similares a las masacres del Nilo y de Gualanday, derecho a no ser desplazados forzosamente de sus tierras tradicionales y ancestrales, y derecho a la pervivencia física y cultural del pueblo indígena.

De acuerdo con la demanda interpuesta, la tutela pretende preservar derechos de una comunidad indígena compuesta por más de 10.000 personas, organizadas en 20 cabildos, situados en ocho municipios del norte del departamento del Cauca (Corinto, Miranda, Caloto, Caldono, Toribío, Jambaló, Suarez y Buenos Aires) y vinculados “a la entidad territorial transitoria de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – Cxhab Wala Kiwe – ACIN.

Ocupaciones de hecho, invasión de predios privados o recuperación de la tierra ancestral

Indígenas-en-el-Cauca-Feb-26-de-2015 — Foto: Feliciano Valencia

Como ampliamente ha informado Proclama del Cauca, las comunidades indígenas han permanecido y ocupado los predios denominados Miraflores, Quebrada Seca, García Arriba, Granaditas, El Cultivo, Caucana, García Abajo, Japio, Las Pirámides, Guayabal, El Chimán, Vistahermosa, La Mora, La Albania, Pílamo, Jaguito, Ucrania, San Judas, Las Pilas, La Elvira, La Caponera, Oriente, La Emperatriz, fincas planas que según los voceros de la comunidad indígena Paez o Nasa “fueron arrebatadas en el pasado, entre los años 1906 a 1960”, y adicionalmente, piden restitución de territorios en el sector de La Agustina, Santander de Quilichao.

Exigencias del pueblo nasa del norte del Cauca, en la tutela aludida

Indígenas - ESMAD - Policía - Cauca — Foto Archivo

Argumentando en la demanda de tutela que “de las tierras que habitamos, un 82% son de vocación de conservación forestal no explotable agrícolamente y un 18% constituyen zonas de páramos” y que “los grandes empresarios y terratenientes que se benefician del agua, no han retribuido ningún recurso que recompense la conservación de los bosques y de las aguas y posibilite formas de vida digna para las comunidades y hasta las contribuciones que por ley deben hacer se las gastan sin contar para nada con los procesos organizativos y con las comunidades que a través de la historia hemos cuidado de la naturaleza”, los indígenas exigen la adquisición y adjudicación de 144.000 hectáreas nuevas de tierras, pactando la adquisición y adjudicación de 20.000 hectáreas tierras en el presente año, como primera etapa de indemnización colectiva.

Por otra parte, en la tutela se exige que “el Gobierno nacional respete y proteja la vida e integridad física de las comunidades indígenas y tome medidas necesarias e inmediatas para evitar la muerte y lesiones de los comuneros evitando el desalojo por la fuerza y mediante órdenes administrativas de policía de los comuneros que se encuentran pacíficamente en proceso de liberación de la Madre Tierra en el Norte del Cauca de las tierras ancestrales; la no judicialización y persecución penal de los líderes indígenas a través de la Fiscalía General de la Nación por las reclamaciones sociales y culturales de tierras de la comunidad indígena, de acuerdo con los estándares señalados por la doctrina internacional en el tratamiento de los derechos de restitución de tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Pactar en forma directa las indemnizaciones por las masacres de Gualanday, San Pedro, Bajo San Francisco, Naya, Gargantilla – Tacueyó y por los asesinatos selectivos de autoridades tradicionales y de líderes comunitarios, de comuneros indígenas, de guardias indígenas, de reclutamiento de menores y por todos los demás hechos denunciados ante la Fiscalía General de la Nación”.

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