La Asociación de Municipios del Norte del Cauca se solidariza con la Administración Municipal de Santander de Quilichao en su legítima protesta en rechazo a la arbitraria suspensión del servicio de energía a las dependencias de la alcaldía que prestan su asistencia a la comunidad; decisión adoptada por la Compañía Energética de Occidente CEO que además dejó sin fluido eléctrico espacios públicos de la población como el parque principal, varios sectores y los semáforos, poniendo en riesgo a peatones y conductores que se movilizan por las diferentes calles de la localidad.
Esta medida que la compañía de energía adoptó desconociendo la escritura pública 1572 de 1962 que establece que los costos del alumbrado público y otros deben ser asumidos a cargo de las utilidades a favor del municipio por concepto de las acciones que este posee en CEDELCA, vulnera los derechos de los quilichagüeños, que no solo se ven afectados por hechos como este, sino, por las elevadas tarifas en el cobro del servicio domiciliario y en la recurrente exigencia de cambiar los medidores lo que encarece de manera exagerada los costos para los usuarios tanto de esta población, como los de otras del Norte del Cauca, que reciben el suministro por parte de esta empresa, a la cual AMUNORCA, pide que dé cumplimiento a este acuerdo que no puede ser desconocido por vía distinta a la judicial, la cual en este momento está en curso en un litigio entre la empresa CEDELCA y el municipio de Santander de Quilichao.
Antes de conocerse una decisión por parte del Consejo de Estado, juez que conoce de este caso, es deber integrar al contrato de gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos esta escritura, que constituye ley entre las partes y es de obligatorio cumplimiento, esto en aras de no agravar la situación ya difícil que enfrentan los habitantes del municipio de Santander de Quilichao que ven afectada su tranquilidad y su normal rutina con razón de que no sólo, no se pueden movilizar y hacer pleno uso de los espacios públicos, sino que ven traumatizado cualquier trámite que tengan que adelantar ante el municipio.
Esta situación además exige que se revisen las condiciones bajo las cuales particulares usufructúan bienes públicos, cuando ni siquiera se sienten en deber de cumplir compromisos mínimos que se le deben garantizar a la comunidad. Nos sumamos a la marcha convocada por la administración municipal y esperamos que los entes administrativos y de control competentes como la Súperintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría e incluso la Fiscalía General de la nación en caso de que los graves hechos denunciados, afecten dolosamente la integridad y la seguridad de los quilichagüeños.
En espera de que se resuelva de forma inmediata y oportuna esta situación.
CLEMENTE LUCUMÍ GOLÚ
Director Ejecutivo AMUNORCA
